Insistir, insistir e insistir. Insistir “por justicia”, esa es la meta que la Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla se ha marcado en la concentración que ha protagonizado este viernes a las 13 horas frente a las puertas del Ayuntamiento. Bajo las consignas “Espadas, no seas tan listo y danos las consignas” o “el Patio de los Naranjos no es particular, es una plaza pública como las demás”, la decena de personas clamaba por un proceso por el que luchan desde 2018.
El pasado día 21 de mayo, en el apartado Pregunta del ciudadano del pleno municipal de Sevilla, la agrupación le preguntó al alcalde Juan Espadas (PSOE) cuándo iba a cumplirse la moción aprobada en febrero de 2018 que instaba a recabar en los registros de la propiedad la lista completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1978. En Sevilla, según los datos proporcionados por el Congreso español, la cifra asciende a más de 200 propiedades. Sin embargo, aprobada la moción por unanimidad en su momento, sigue sin haber resultados.
“Juan Espadas y su equipo de gobierno nos ha dicho que han entregado los listados correspondientes y que no es asunto suyo, pero su cometido no era instar, sino recabar estos listados”, afirma Eduardo López, portavoz de la campaña, quien pone como ejemplo de transparencia a Consistorios al estilo del de Córdoba o las comunidades autónomas de Navarra, Baleares, Canarias, Catalunya y Aragón, en las que sí se ha proporcionado esas informaciones. “Nosotros solicitamos los listados desde 1978 porque ahí hay dos décadas en donde la Iglesia ha inmatriculado”, afirma, “el alcalde tiene una nula voluntad política y es cómplice del expolio que, junto a la jerarquía Iglesia católica que opera en un estado extranjero, estamos sufriendo todos los ciudadanos de Sevilla”.
La Plataforma denuncia también la inversión de 570.700 euros que ha realizado la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para la rehabilitación y conservación del convento de San Leandro y de las capillas de San José y Madre de Dios. “Desgraciadamente, hay que recordar que Sevilla tiene seis de los barrios más pobres de España, y vamos a restaurar con dinero público los bienes inmatriculados”, comenta López. Otra de las preocupaciones del colectivo es la inexistencia de un inventariado detallado del mobiliario que se guarda en las casas, fincas, iglesias y otros títulos de la congregación católica y su posible pérdida o venta. Además, la asociación se ha reunido en varias ocasiones con el Defensor del Pueblo Andaluz para hablar acerca de la inexistencia de un Plan Director de Uso y Gestión de los monumentos Patrimonio de la Humanidad, como la catedral de Sevilla.
El concejal Daniel González Rojas (Izquierda Unida) insiste en que se trata de una cuestión de “transparencia e igualdad” conocer el registro real de estos bienes: “Al final, la Iglesia en este país tiene un poder importante, y es normal que se tarde tanto, como ocurrió con la publicación de los listados por parte del Gobierno central, por lo que es importante concienciar a la población sobre este tema, ya que se trata de un trato de igualdad ante la ley”, subraya.
El acuerdo del 23 de febrero de 2018 recoge, literalmente, estas líneas: “Que el Ayuntamiento de Sevilla recabe de los Registros de la Propiedad, la lista completa de los bienes inmatriculados en Sevilla al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978 por la Iglesia católica, teniendo en cuenta que pueden haber utilizado nombres diversos de Diócesis, Congregaciones, Obispado, Cabildo o similares”. Preguntados por este diario al Consistorio, no se ha obtenido respuesta. La próxima movilización será el 22 de junio a través de una convocatoria nacional de Recuperando, plataforma que engloba a varios colectivos por la lucha del patrimonio.
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