Este lunes 10 de junio, la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla ha sido el escenario de una nueva manifestación de los jóvenes afectados por la tramitación del bono de alquiler joven, la quinta que han protagonizado hasta la fecha. Este bono, anunciado con grandes expectativas, ha resultado ser una fuente de frustración para muchos jóvenes andaluces. A diferencia de otras comunidades autónomas, donde la tramitación ya se ha resuelto hace meses, en Andalucía miles de jóvenes siguen esperando recibir esta ayuda pública de 250 euros mensuales para el alquiler, solicitada en noviembre de 2022 y que debería haberse abonado como máximo en mayo de 2023.
Según la Consejería de Fomento, de las 17.266 solicitudes presentadas, se han aceptado 11.400. La plataforma de afectados, representada por Manuel Sanz, ha realizado un análisis detallado de las resoluciones aprobadas y ha concluido que la media de dinero concedido es de “4.854 euros por solicitante”, en lugar de los 6.000 euros inicialmente prometidos.
“El número de solicitudes admitidas podría haber sido mayor”, señala Sanz, denunciando la “contabilidad creativa” de la Junta de Andalucía. “Hacen los cálculos sobre las 11.400 solicitudes aceptadas, lo que no corresponde al total de solicitudes presentadas, que son 17.266”, insiste el afectado.
Durante la manifestación, los asistentes corearon consignas como “Juanma Moreno dame mi dinero”, “mi dinero para cuándo”, “dónde está que no se ve el Bono de Alquiler Joven” y “la Junta no paga, nadie nos calla”, expresando su indignación y desesperación ante la falta de respuestas.
Ante esta situación, medio centenar de jóvenes andaluces ya ha interpuesto la primera demanda colectiva contra la Junta de Andalucía por la falta de respuesta a sus solicitudes. La plataforma que ha presentado la demanda ha señalado que, año y medio después de abrirse el plazo para solicitar el bono, “muchos jóvenes siguen sin respuesta y más de la mitad (53,75%) no ha recibido ni un solo mes de la ayuda”.
Rosario Ortega González, una de las afectadas y madre de una niña de dos años, ha manifestado que lleva más de dos años a la espera de resolución: “Lo eché el 16 de noviembre de 2022 a las 8:30 de la mañana y llevo un año en tramitación”. Rosario, que se encuentra en una situación delicada debido al desempleo y la enfermedad de su marido, resalta la necesidad urgente de este bono para su familia.
Belén Benjumea también se ha visto afectada por lo que califica como una “falta de transparencia y respuesta” por parte de la Junta: “Llevo desde diciembre con mi expediente en intervención. Nadie me da una respuesta. Muchas personas siguen esperando una resolución y el dinero no llega”. La frustración e impotencia de Belén es palpable, especialmente al señalar que su expediente, completo y sin errores, sigue sin recibir el pago prometido. “Yo no he podido entrar en las denuncias porque tenía una resolución definitiva favorable”, ha añadido, esperando poder sumarse si se amplían las demandas colectivas, como se prevé desde la plataforma.
En ese sentido, Francisco, otro joven afectado, ha explicado la complejidad de la demanda colectiva: “la denuncia la presentamos a todo el mundo, pero hay una serie de pasos que muchos no han podido completar”. Actualmente, estima que son “unos 50” los afectados que, como él, han presentado esta demanda colectiva. Este martes, los afectados que no pudieron adherirse a la misma se reunirán con el abogado, esperando que “en torno a 200 más puedan adherirse a la misma”.
Francisco ha descrito la frustración de los afectados al no recibir información directa: “Las únicas noticias que llegamos a tener sobre el bono y nuestras solicitudes son las que publica la prensa, porque a nosotros directamente ni por transparencia siquiera nos dan algún tipo de información”. También señala las incongruencias que dicen encontrar en la gestión del bono: “Cádiz es la provincia más avanzada y Sevilla la que peor está, vivimos en la opacidad”, lamenta Francisco.
Ante las críticas, la Consejería responsable de ejecutar estos bonos financiado con fondos estatales se escuda en “la enrevesada tramitación impuesta desde Madrid”, en referencia al Gobierno central, pese a que otras comunidades ya han resuelto el proceso sin complicaciones.
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