La investigación promovida por la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, por presuntas coacciones y amenazas a taxistas y conductores de vehículos con licencia de transporte concertado (VTC) en el ámbito del aeropuerto de San Pablo, se ha saldado con un total de 27 taxistas investigados por tales hechos, según ha informado Diario de Sevilla y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
En concreto, los agentes habrían tomado declaración a 25 taxistas en calidad de investigados no detenidos, y a dos más de ellos como detenidos como tal. A todos ellos se les achacan presuntos delitos de daños, amenazas y coacciones, merced a las “muchas denuncias” recibidas por la Policía Nacional respecto tales prácticas. Una vez concluidas las diligencias de investigación, los agentes elevarán las actuaciones a la autoridad judicial.
JUICIO EN CIERNES
En paralelo, recientemente trascendía que el Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla ha fijado para el 10 de octubre el juicio contra cuatro taxistas de Sevilla que “persiguieron” y agredieron presuntamente a varios taxistas de Utrera, al entender que los mismos habían “invadido” su ámbito de trabajo después de recoger a clientes en la propia capital hispalense, una persecución que se produjo “a pesar de que conocían que los taxis de Utrera contenían pasajeros y que dicha actuación supondría vulnerar las más elementales normas de circulación”.
Continúa así, en cualquier caso, el repunte que registra la controvertida situación del taxi hispalense. Y es que después de que la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de “intrusismo” por parte de los conductores de esta y otras empresas con licencia para vehículos de transporte concertado.
Los conductores de Cabify y las demás empresas de esta actividad, de su lado, denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso en su contra, a cuenta de su actividad.
DIFERENTES VERTIENTES
Todo ello, en un escenario en el que el sector del taxi está marcado por no pocas voces y alusiones a presuntos cobros abusivos, supuestas situaciones de violencia y el monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto para hacerse con el control absoluto de la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.
Frente a estas problemáticas, el Ayuntamiento anunciaba que antes de que acabase febrero, serían aproximadamente 20 los agentes de la Policía Local destinados a su Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) o asignados a las paradas de taxi del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, para “combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos”. “Van a trabajar en uno y otro sentido”, manifestaba recientemente Juan Carlos Cabrera, concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento.
Además, Cabrera y el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, han acordado dotar al aeródromo hispalense de un espacio acotado para los vehículos con licencia de transporte concertado, así como un registro de los coches autorizados para dicha actividad y paneles informativos con las tarifas de los taxis y de la línea especial del transporte urbano con destino a San Pablo.