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“No es viable jurídicamente”. Esta es la rotunda afirmación de los rectores de las universidades públicas andaluzas, que han criticado que, tres meses después de que se haya iniciado el actual curso académico 2022/23, este miércoles han comenzado las clases del Grado de Medicina en la privada Loyola Andalucía. En total, son 60 plazas autorizadas este pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con la condición de que se presente un plan “riguroso y detallado” sobre la programación docente.
En un comunicado, las 11 universidades públicas andaluzas han recordado que ya en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrado el pasado 20 de noviembre “nos posicionamos unánimemente en contra de esta medida inédita y excepcional”. “Esta decisión –continúa el escrito– daña notablemente la imagen de la enseñanza universitaria y perjudica el normal desarrollo de la docencia y la calidad del servicio de educación superior prestado al alumnado”. Por ello, consideran que “esta medida excepcional representa un comportamiento de privilegio que ninguna institución académica ha recibido hasta ahora”.
Aunque el Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la impartición del Grado de Medicina en la Loyola Andalucía para este mismo curso 2022/23, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado 24 horas después que ve “un poco prematuro” que la Loyola Andalucía haya iniciado en su campus de la localidad sevillana de Dos Hermanas las clases de su nuevo grado de Medicina. “Deberían haber esperado a que el título estuviera publicado en el Boletín Oficial del Estado”.
“Es su responsabilidad”
En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de presidir en Córdoba la celebración de la I Jornada de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (Ruepep), el consejero ha avisado que, dado que en Loyola Andalucía han comenzado ya las clases de Medicina, ahora “es su responsabilidad, es su decisión y, en ese caso, bueno, pues estaremos vigilantes” desde la Junta.
El primero en expresar sus críticas fue el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro. Ante el Claustro universitario con motivo de la presentación de su informe de gobierno de 2023, Castro reconocía que no se entiende la “premura”. “Esto no beneficia a nadie, ni siquiera a la Loyola, porque empezar un título en estas condiciones no creo que muestre la mejor imagen de la educación superior”, señalaba después del Claustro en declaraciones a Europa Press.
El rector de la Hispalense reconocía ante los claustrales que le “preocupa que no haya igualdad de oportunidades”, ya que Medicina en la Loyola “está fuera de norma” al no cumplir todos los requisitos que fija la ley. Además de la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta, es preceptivo contar con el aval del Consejo de Ministros, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Medicina en la Loyola no cuenta con los tres últimos requisitos, según Castro.
“Adolece de los requisitos mínimos”
“Como rector, como académico y como profesor, no tengo nada en contra de ninguna institución por su naturaleza pública o privada, pero debo ser defensor a ultranza de un sistema de educación superior de primer nivel que garantice a la sociedad su transformación. Hacen falta instituciones que cumplan con los requisitos, y estos proyectos privados adolecen de los requisitos mínimos”, argumentaba.
Preguntado sobre si la autorización de Medicina en la Loyola llevará a la US a exigir más plazas en la facultad de Sevilla para el próximo curso, Miguel Ángel Castro supeditaba cualquier incremento de la oferta a que se garanticen las prácticas y a la dotación de recursos económicos y humanos. No obstante, reconocía que a la sociedad “le debe de sorprender que el sistema público dé las plazas que dé pero si se tienen 14.000 euros, se pueda estudiar en la Loyola Medicina. Estas personas que van a entrar en la Loyola ninguna tiene nota de corte para entrar en Medicina en las universidades públicas andaluzas. Si la tuvieran, no entrarían en estas condiciones en la Loyola”, sentenciaba.