Marea de dudas en la sanidad madrileña

Los profesionales de la Sanidad han vuelto a pasear su indignación por el plan privatizador del Gobierno de la Comunidad de Madrid, perpetrado en sede parlamentaria el pasado 27 de diciembre. Acompañándoles en el luto por la inminente muerte de uno de los pilares más sólidos del Estado del Bienestar, miles de ciudadanos que nos sabemos potenciales usuarios (en adelante, clientes) de lo que el Ejecutivo de Ignacio González se empeña en convertir en negocio para un puñado de empresas.

A día de hoy, y han pasado 12 desde la aprobación del plan privatizador, nadie sabe a ciencia cierta cuál es el ahorro concreto que el PP va a lograr con la cesión de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud hasta ahora públicos. Ni qué piensa de esto el Gobierno central, que parece tan ajeno a la cuestión como pusilánime a la hora de atajar la entrada en vigor del euro por receta, pese a contar con la condena expresa de esa medida realizada por el Tribunal Constitucional.

Si escuchamos a los organizadores de la protesta sanitaria, la cesión a empresas privadas incrementará en 118 millones de euros al año el coste actual. Según datos de AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), en cinco de los seis hospitales que se pretende entregar a empresas privadas el coste por paciente (la denominada cápita) no llega ni de lejos a los 441 euros por persona que se ha comprometido a pagar la Comunidad de Madrid a las concesionarias.

Considerando que de las arcas públicas ya sale además el canon de arrendamiento por 30 años a las constructoras que levantaron dichos hospitales, queda patente que los ciudadanos de Madrid quedaremos doblemente hipotecados en lo que a nuestra salud se refiere.

No vale la promesa del PSOE de revertir la situación si algún día logra gobernar en Madrid. Los contratos que se firmen este 2013 estarán blindados ante esa eventualidad y el coste de denunciarlos puede resultar inasumible.

El plan está aprobado. Al personal sanitario y a los ciudadanos sólo nos queda seguir protestando para impedir que se ejecute. A la oposición en la Comunidad de Madrid, en su labor de control, le corresponde forzar al Gobierno a despejar al menos las siguientes dudas:

-¿Cuál es el coste actual (cápita) en cada uno de los hospitales y centros privatizables, y a qué precio se otorga la concesión? Es decir, detalle del supuesto ahorro.

-¿Ofertarán esos hospitales privatizados las mismas prestaciones que dan actualmente o derivarán los casos más complicados (y en consecuencia, más caros) a los centros públicos?

-¿Se reserva la Comunidad establecer algún límite a los salarios de los directivos de esos hospitales?

-¿Cuál es el destino de los profesionales que se nieguen a ser transferidos a esas empresas?

-Si el negocio no marchara bien (pese a las facilidades que da tener una demanda cautiva y cero euros de inversión inicial), ¿quién se hará cargo de la deuda y del hospital?

-¿Habrá fiscalización pública de las cuentas de esos centros? ¿Podremos conocer los ciudadanos, que pagamos la cápita a esos hospitales a través de nuestros impuestos y además somos los usuarios, las cuentas detalladas de cada hospital?

-¿Dimitirá el presidente González y su consejero Lasquetty si en el primer ejercicio no se produce el ahorro prometido?

Los profesionales de la Sanidad han vuelto a pasear su indignación por el plan privatizador del Gobierno de la Comunidad de Madrid, perpetrado en sede parlamentaria el pasado 27 de diciembre. Acompañándoles en el luto por la inminente muerte de uno de los pilares más sólidos del Estado del Bienestar, miles de ciudadanos que nos sabemos potenciales usuarios (en adelante, clientes) de lo que el Ejecutivo de Ignacio González se empeña en convertir en negocio para un puñado de empresas.

A día de hoy, y han pasado 12 desde la aprobación del plan privatizador, nadie sabe a ciencia cierta cuál es el ahorro concreto que el PP va a lograr con la cesión de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud hasta ahora públicos. Ni qué piensa de esto el Gobierno central, que parece tan ajeno a la cuestión como pusilánime a la hora de atajar la entrada en vigor del euro por receta, pese a contar con la condena expresa de esa medida realizada por el Tribunal Constitucional.