Nueve de cada diez colegios concertados (un 87%) cobra cuotas mensuales a las familias, según el octavo estudio anual de cuotas y precios de los colegios concertados que realizan la asociación de centros privados Cicae y la federación de AMPAs de la escuela pública Ceapa. Además, tres de cada cuatro de esos centros que cobran por alumno, lo hacen de manera obligatoria (pese a que lo prohíbe la ley) o excluyen al estudiante que no las abona de ciertas actividades, según concluye la investigación realizada por la consultora Garlic B2B mediante la técnica del cliente misterioso (simular ser un potencial cliente para obtener información fidedigna).
Tanto el porcentaje de centros que cobra a las familias como el que lo hace de manera obligatoria se mantiene consistente a lo largo de los años pese a que las cuotas son ilegales cuando no son voluntarias y pese a que la Lomloe trató de poner coto a esta práctica. En 2021 el porcentaje de centros que cobraba era el mismo 87% que este curso y el año pasado subió ligeramente, hasta el 90%. La cuota media para este curso 2023-2024 es de 122,44 euros mensuales.
Catalunya, Euskadi y Madrid son las tres comunidades autónomas donde más se cobra, tanto en extensión (todos los colegios concertados visitados cobran cuota) como en cantidad mensual. Catalunya lidera esta categoría, con un una media de 214 euros mensuales por centro y un caso destacado, el del colegio St Pauls School, que alcanza un pago mensual de 1.000 euros. En Madrid y Euskadi las familias pagan 129 euros y 99,6, respectivamente.
En el otro extremo y entre las ocho comunidades autónomas analizadas, en Murcia solo uno de cada cuatro colegios cobra, con una media de 52,9 euros mensuales (aunque la muestra es “poco significativa”, según la consultora que ha realizado el estudio), mientras Andalucía (un 57% de concertados con una cuota media de 53 euros), Galicia (83% de centros cobran una media de 47 euros) y Aragón (85% de escuelas con cuota a razón de 41 euros mensuales) son las más laxas y baratas.
“El modelo de conciertos se está desvirtuando, no se concibió para sociedades mercantiles. Es competencia desleal para todo el sistema educativo, no solo para nosotros”, ha valorado Elena Cid, directora general de Cicae, en alusión a los colegios privados. “Y sobre todo para las familias, que están absolutamente desprotegidas”.
Se refiere Cid a que en el 76% de los centros que cobran cuota sí o sí o se establece que esta es obligatoria (60%) o se excluye al alumnado de las actividades que teóricamente cubren estos pagos (16%). El problema, explica Cicae, es que entre estas se incluyen las llamadas “actividades complementarias”, que tienden a colocarse en mitad de la jornada escolar y que además suelen referir a materias curriculares. De esta manera, continúa Cid, se hace complicado para las familias renunciar al pago: si lo hacen corren el riesgo de que sus hijos se queden atrás o que tengan que ir a hacerse cargo de él cuando sus compañeros realizan estas actividades. “Además, se ofrecen como un paquete que engloba muchas actividades para que sea un lote indivisible para las familias en cierta medida”.
“La exclusión del alumnado [que no paga] es más relevante en Madrid, la obligatoriedad del pago de la cuota se da básicamente en Catalunya y País Vasco y la voluntariedad está más presente en Andalucía, Aragón, Galicia y Murcia”, concluye Cid.
Artículos incumplidos
El artículo 81 de la Lomloe establece: “Corresponde a las Administraciones educativas asegurar una actuación preventiva y compensatoria garantizando las condiciones más favorables para la escolarización de todos los niños cuyas condiciones personales o sociales supongan una desigualdad inicial para acceder a las distintas etapas de la educación. La escolarización del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa se regirá por los principios de participación e inclusión y asegurará su no discriminación ni segregación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Con este fin, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para actuar de forma preventiva con el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa con objeto de favorecer su éxito escolar”.
El 88 añade: “Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. (...) Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”.
Cicae y Ceapa denuncian que la escuela concertada incumple al menos estos dos artículos. “Pese a la Lomloe, nada ha cambiado, e incluso ha empeorado”, lamenta Cid.
El informe de este año incluye un estudio más exhaustivo del coste de estudiar en un centro concertado más allá de las cuotas. Este análisis incluye, además de la aportación mensual, los gastos de comedor, de ampliación de horario, material escolar, transporte, seguro escolar, la plataforma digital el centro que la tenga, etc. En el caso de Madrid, siempre según la consultora Garlic B2B, autora del informe, en los 34 centros que se han visitado se llega a pagar hasta 510 euros mensuales, en el caso del Internacional Kolbe, el más caro, hasta los 373 del Educare Valdelasfuentes. En Catalunya va desde los mil euros mensuales del St Pauli a los 200 del Mare de Déu del Roser Les Planes. Euskadi maneja un rango menor: entre 335 euros y 125.
Por último, el estudio incluye algunas de las explicaciones que dan los colegios concertados para justificar el cobro de cuotas. “El pago de estos conceptos es para la enseñanza y el proyecto de inglés tan maravilloso, también para el alquiler de las instalaciones deportivas, seguros escolares...”, explica el John Talabot. “Primero indica que es una cuota para mantenimiento, y luego explica que como el concierto no cubre todo, tienen que pedir a las familias este complemento al funcionamiento”, argumenta el Calasanz. “Recuerda que antes era un colegio privado y que gracias a que ahora es concertado, las familias pueden disfrutar incluso de más servicios y de mejor atención por una cuota mucho menor”, justifica el Punta Galea, de las Rozas (Madrid).