Más del 80% de los abortos siguen realizándose en centros privados pese a que la ley prioriza la red pública

En marzo de 2023 entró en vigor la nueva ley del aborto que, además de eliminar el permiso paterno requerido a las jóvenes de 16 y 17 años e instaurado por el PP, garantizaba que las interrupciones del embarazo se lleven a cabo en la sanidad pública. Sin embargo, la primera recopilación de datos desde entonces –que abarca un periodo de nueve meses desde que se implantó la reforma– revela que el 81,45% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España siguió realizándose el año pasado en clínicas privadas (o concertadas, donde las mujeres no pagan). En 2022, la cifra era apenas un punto superior (82,7%). Las que se practican en la pública continúan siendo minoría.

La intención de la reforma era inaugurar un cambio de paradigma en España en lo referente a la prestación. Hay comunidades que durante los últimos años no han notificado ningún aborto en la red pública y eso ha provocado que miles de mujeres tuvieran que viajar fuera de su provincia para someterse a la intervención porque en su área no existen clínicas privadas con las que concertar el servicio y los hospitales se niegan a asumir la práctica. Concretamente, la norma establece en su artículo 19 que las intervenciones se lleven a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado.

A lo largo de 2023, España registró 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo, un 4,8% más que en 2022 (98.316) y un 8,7% más que en 2014, según el último informe del Ministerio de Sanidad, hecho público este sábado. La tasa de IVE fue de 12,22 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

“Este dato supera tanto la tasa de 11,68 registrada en 2022 como la de 10,46 en 2014, lo que indica un aumento en la incidencia de este procedimiento en los últimos años”, apunta el equipo que dirige la ministra Mónica García en una nota de prensa. Catalunya (14,92) y la Comunidad de Madrid (13,92) son las regiones con las tasas más altas, frente a Aragón (8,4), con las más baja. El aumento se produjo en todos los grupos de edad, pero especialmente entre las más jóvenes (menores de 20 años), según Sanidad.

La mayoría, antes de las ocho semanas

Tres de cada cuatro intervenciones se practicaron en las primeras ocho semanas de gestación y casi el 94% se realizaron a petición propia de las mujeres (98.850). Hubo también 3.294 abortos motivados por un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; 2.688 relacionados con graves problemas en el feto y 263 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves o incurables.

El Ministerio de Sanidad destaca, entre los datos del informe, que el 46,5% de las mujeres que se sometieron a una interrupción del embarazo no usaba ningún método anticonceptivo. Casi una de cada tres del total (30,69%) convivía con una pareja.

En relación a los centros, 230 notificaron interrupciones voluntarias del embarazo, ocho más que en 2022. En hospitales se realizaron 16.845 abortos (8.201 en públicos y 8.644 en privados); mientras que en los centros extrahospitalarios se produjo el grueso de las intervenciones (10.924 en públicos y 73.328 en privados).

Además, el 69,77% de las intervenciones se realizaron mediante el método quirúrgico, aunque el farmacológico es ya mayoritario en algunas comunidades como Cantabria (96,50%), Navarra (76%), Baleares (74%) La Rioja (68%), Galicia (59,6%) y Cataluña (55,74%).