Celaá defiende la concertada tras la polémica por la libre elección de centro y dice que el sector “puede estar tranquilo”

“Es una controversia alimentada de forma artificial”, zanjó la ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno ante la primera pregunta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Isabel Celaá ha intentado rebajar las reacciones que provocaron ayer sus palabras en un congreso de la patronal de la escuela concertada católica, en el que afirmó que la libre elección de centro —la máxima que defiende el sector— no es un derecho recogido en la Constitución.

Los asistentes mostraron más tarde su preocupación por que las palabras de la ministra supusiera un cambio en las políticas de conciertos educativos del Gobierno, por lo que Celaá se encargó de desmentirlo claramente: “El sector puede estar tranquilo y las familias no tienen nada que temer los y padres y madres tienen libertad para elegir un centro educativo dentro de la programación de enseñanza”, aseguró.

Luego fue un poco más allá para demostrar su compromiso: “El PSOE ha sido el baluarte más claro de la defensa de la escuela pública y la concertada. La LODE, que regula los conciertos, se promulgó en 1985, en la época de Felipe González. Desde entonces, la concertada acoge a uno de cada tres alumnos de la etapa educativa obligatoria.

Celaá, como ya afirmó el jueves, cree que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretación del artículo 27 de la Constitución es clara. “El artículo solo hace referencia al derecho de todos a la educación y a la libre creación de centros y la libertad de cátedra. Y pueden recogerse más de 30 sentencias del TC que dicen lo mismo”.

Educación defiende que “elegir un centro concreto” forma parte de la legislación desarrollada y que siempre está sujeta a “la disponibilidad, el espacio, la zona... Si eso fuera un derecho constitucional, las familias podrían elegir un determinado centro, recurrir a los tribunales y estos darles la razón”, lo que llevaría “al absurdo” de tener que habilitarles un espacio a todos.

A raíz de la polémica sobre qué dice la Constitución y qué no dice, surgió la cuestión de que para modificar el estatus de la escuela concertada católica habría que derogar antes, o modificar, los acuerdos que España firmó con la Santa Sede en 1979. Estos pactos establecen que “a la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar” y son de obligado cumplimiento para el Estado. Celaá, preguntada específicamente, explicó: “No hay plan alguno desde el Ministerio de Educación de cambiar los acuerdos con la Santa Sede”.

Sin embargo, se encargó de aclarar que la disquisición “meramente teórica” que lanzó el día anterior tiene que quedar clara para todos: “La elección de centro depende de las disponibilidades de la programación general educativa” y no se desprende de la Constitución.

La ministra también fue preguntada por la segregación que se da entre escuela pública y escuela privada. Numerosos informes señalan, por ejemplo uno de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie de Valencia, que mientras la red pública acoge a la inmensa mayoría de los alumnos más pobres, a la concertada acuden mayoritariamente familias acomodadas.

Celaá reconoció que esa situación se da y afirmó vagamente que el ministerio “está trabajando por ir eliminando las diferencias en la red pública y la concertada (...) reforzando los planes de cooperación interterritorial”.