El Gobierno planea impedir por ley que haya más centros concertados que segreguen por sexos
El proyecto de modificación de la LOMCE que el Gobierno de ya ha presentado a la comunidad educativa apuesta por desincentivar la financiación pública que reciben los colegios que segregan por sexos. Es decir, que los fondos públicos no financien más centros que separen a alumnos y alumnas. Fuentes socialistas explican que el objetivo de esta medida consiste en recuperar el articulado de la LOE (Ley Orgánica de Educación) que, según reseñan, “lo que planteaba era no dar ese concierto a los centros de nueva creación”.
“Nuestra idea consiste en no permitir que un modelo que choca con el modelo de coeducación pueda ser generalizado y extendido, financiado con fondos públicos. La idea es conseguir que no se generalice porque creemos que atenta contra la coeducación”, inciden estas mismas fuentes, que también aclaran que la normativa aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero impedía “dar ese concierto a los centros de nueva creación. Eso sí, no se le podía retirar a los centros que ya habían recibido el concierto”.
Entre las propuestas que el Ministerio de Isabel Celaá ha distribuido a la comunidad educativa para modificar la ley de enseñanza se apuesta por “reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos” e impulsar “políticas activas por la igualdad”. Para potenciar que los nuevos centros que apuesten por este modelo educativo no reciban financiación, abogan por eliminar en el articulado de la ley vigente “la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género”, así como “reforzar la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación”.
Wert blindó su financiación
Tras la aprobación de la LOMCE sin ningún consenso político bajo el Gobierno del Partido Popular, se blindó la financiación pública a estos centros. La ley impulsada por José Ignacio Wert recogía que este modelo de enseñanza “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos” y que no se le podrá aplicar “un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas”. El equipo actual del Ministerio de Educación trata de modificar con estas propuesta la redacción de la primera medida.
El documento realizado por el departamento de Celaá, que recoge también la pérdida de peso de la religión en el horario lectivo o la creación de un “un plan de repetición individualizado” para combatir el fracaso escolar, será objeto de discusión entre la comunidad educativa. Finalmente, la propuesta definitiva tendrá que ser aprobada en el Consejo de Ministras. Los socialistas estiman que esta modificación de la Lomce podría entrar en vigor el próximo curso.
Unidos Podemos también se ha mostrado a favor de esta postura en varias ocasiones. De hecho, en febrero registraron en el Congreso una proposición de ley con la que pretendían ir más allá y prohibir que las administraciones regionales concertasen este modelo de centros educativos. Proponían que la ley de Educación recogiese de forma explícita que “en ningún caso podrán ser sostenidas con fondos públicos” – ni a través de conciertos ni a través de subvenciones – “las líneas de escolarización que practiquen la segregación educativa por razones de sexo”.
El Constitucional avaló este modelo
El PSOE batalló este asunto mientras estaba en la oposición. Tras la aprobación de la LOMCE este fue uno de los artículos que el PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional en 2014. En su argumentación plantearon que, a pesar de que la educación diferenciada esté amparada en la “libertad de enseñanza”, estos centros no se pueden concertar– y por lo tanto no deberían recibir dinero público –porque vulneran el epígrafe noveno de la Constitución. La Carta Magna establece en este articulado que los poderes públicos son los responsables de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.
Amparados en esta defensa, los socialistas defendieron en el escrito que remitieron a los magistrados que se vulneraba este derecho constitucional porque “el colectivo femenino ha venido sufriendo durante años los efectos de una relegación en el sistema educativo y esos efectos solo pueden salvarse con el régimen de coeducación”. Cuatro años después, el Constitucional dio un varapalo a este planteamiento determinando que la financiación pública a colegios que segregan por sexo es constitucional.
“Lo que ha avalado el TC es lo que aparece recogido en la ley”, responden estas fuentes socialistas. Por eso, sostienen que si la normativa cambia y no se permite, o se obstaculiza financiar a este modelo educativo, podrían evitar un nuevo revés del alto tribunal. Para ello abogan por una modificación en la normativa estatal que permita a las comunidades autónomas “poner freno a la concertación de estos centros o la extensión de estos conciertos”, ya que la competencia final es regional.
La Junta de Andalucía trató de retirar la asignación económica a estos centros en el curso 2017/18 y también se encontró con una sentencia contraria del Tribunal Supremo. En ella se reconocía el derecho de las empresas que gestionan este modelo educativo a recibir financiación pública. Asimismo, consideró que este punto la LOMCE era “plenamente conforme” con el principio de igualdad consagrado en la Carta Magna y con las normas internacionales.
