El Gobierno discrimina a las investigadoras que cogen baja por maternidad si quieren ser profesoras o catedráticas

Los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado (Aneca) discriminan a las investigadoras que son madres y que quieren acreditarse para tener una plaza fija como profesoras de universidad o catedráticas. Las horas lectivas que se impartirían en los periodos de baja por maternidad, aunque estén cotizando por ellas, no se cuentan y tampoco se compensan. Se trata como si fuera un periodo sin actividad docente, lo que implica que las mujeres con hijos tardan más tiempo en alcanzar la suma de clases exigidas para obtener esta credencial.

Aneca es un órgano autonómo pero adscrito al Ministerio de Educación que ha desarrollado los criterios para acreditar a los cuerpos docentes sobre la base de un nuevo sistema diseñado por el Gobierno en 2015 y recogido en un real decreto cuando José Ignacio Wert era ministro de Educación.

En esa norma no se incluye ninguna medida para corregir esta desigualdad por razón de género, un fleco pendiente para un Ministerio que sí ha implantado este tipo de medidas en ayudas a la contratación de personal I+D+i como los contratos predoctorales. Otras carteras que participan del Plan Estatal de Investigación Científica 2013-2016, como Economía, también las incluyen.

Por ejemplo, si una investigadora es contratada por un número determinado de años por una universidad con una subvención del Ministerio de Economía o Educación, esa ayuda se puede prorrogar si es madre, algo que también funciona cuando un investigador tiene hijos, para el cuidado de personas con dependencia o por enfermedad grave o accidente, según explica la Unidad de Mujeres y Ciencia de Economía.

El ministro de Educación se comprometió a finales de año a empujar a Aneca a que revisara estos criterios, publicados en noviembre y muy contestados por los docentes por aumentar las exigencias para acceder a una plaza fija en más de la mitad de las 21 áreas de conocimiento (antes eran seis). Ahora se piden más cantidad de publicaciones –por ejemplo, 50 artículos en Física y Química cuando antes eran 40 para sacar la máxima puntuación– y se han introducido nuevos criterios, además de las horas lectivas, como “gestión” y “transferencia del conocimiento”.

Los sindicatos aseguran que intentaron sin éxito que se aprovechara el cambio de requisitos para introducir medidas que corrigieran la discriminación de las mujeres por el hecho de ser madres, ya que son las que mayoritariamente cogen la baja frente al 1,8% de los hombres que lo hacen. “Nos dijeron que no argumentando que las comisiones (encargadas de pronunciarse sobre la idoneidad de las candidaturas) serían sensibles a este tema, pero evitaron regularlo para que tuvieran que serlo”, explica Julio Serrano, secretario general de Universidades de Comisiones Obreras.

Un portavoz del Ministerio asegura a eldiario.es que “los criterios están en periodo de revisión por parte de la agencia, los sindicatos y la Conferencia de Rectores” y no descarta que las medidas correctoras vayan a abordarse en las negociaciones. En medio de este proceso, el que fue director de la agencia desde 2015, Miguel Ángel Galindo, presentó su dimisión por sorpresa sin aclarar públicamente los motivos de su marcha.

Hace dos meses, la presión de los sindicatos logró que Educación hiciera computable para la actividad investigadora el tiempo de excedencia del profesorado por el cuidado de hijos o familiares a finales de 2016 permitiendo que “incluyan en la solicitud de evaluación de los sexenios los años (y las aportaciones elaboradas y publicadas dichos años) que hayan permanecido en esa situación”. Tener uno o más sexenios supone una cantidad económica mensual y se recibe cuando la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora reconoce el mérito de las publicaciones.

Las mujeres solo representan un 20% del cuerpo de catedráticos de las universidades públicas españolas, según los últimos datos del Ministerio, del curso 2015-2016: hay 2.098 frente a los 7.799 hombres en estos puestos. Los números se van equilibrando hasta darse la vuelta a medida que descendemos en la jerarquía de poder. El porcentaje crece hasta el 40% si hablamos de profesoras titulares en las facultades públicas y, ya en la base, las tituladas son más que los titulados (casi un 58%).

¿Cambia o perpetúa la realidad?

Las medidas conocidas como de discriminación positiva son cada vez más habituales en las administraciones públicas y algunas empresas, aunque hay un debate en el feminismo sobre si son adecuadas o contribuyen a perpetuar que los cuidados sigan siendo asumidos mayoritariamente por las trabajadoras. 

María Pazos, autora de Desiguales por Ley y coportavoz de la Plataforma por los Permisos Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPiiNA), opina que “perpetúan porque no van a la raíz del problema”. “Esto no arregla el problema estructural y damos el espejismo de que estamos compensando. El capital de empleo de las mujeres se sigue desperdiciando y el de cuidado de los hombres se pierde”, argumenta la experta, convencida de que solo se puede atajar realmente la desigualdad con otro tipo de medidas “que no sean parches, como los permisos de maternidad y paternidad no transferibles”.