El Gobierno deja sin blindar la financiación educativa en su reforma para derogar la Lomce

Durante sus últimos meses en la oposición, el PSOE reivindicó en las negociaciones del pacto educativo que su línea roja era la financiación educativa. Pedro Sánchez lideró esta postura y llegó a lanzar “un ultimátum al Gobierno [de Mariano Rajoy]” para que pusiesen “encima de la mesa una propuesta de inversión de la educación pública conforme a lo que pasa en otros países, que es situarla en el 5% del PIB”. Esta propuesta no llegó y los socialistas se marcharon del pacto, unas negociaciones con las que los grupos políticos del Congreso pretendían sentar las bases de una nueva ley que sustituyese a la Lomce. Actualmente, la inversión educativa de España se sitúa escasamente en el 4% del PIB.

Tras la moción de censura y ya con el PSOE en el Ejecutivo, desde la comunidad educativa critican que el equipo de Sánchez haya desaprovechado la oportunidad y no haya incluido en el anteproyecto elaborado para derogar la Lomce un blindaje de la financiación educativa que regule un aumento progresivo en la inversión de los próximos años. Preguntadas sobre esta cuestión, fuentes del Ministerio aseguran que “no se van a pronunciar” sobre este asunto.

El PSOE reivindicaba llegar al 5% del PIB en 2025 

Durante las negociaciones del pacto, la propuesta socialista relativa a la financiación era muy concreta: apostaban por “modificar el Plan de Estabilidad con un incremento de 1.500 millones de euros anuales que permita: alcanzar una inversión pública antes de 2025 el suelo de un 5% PIB en gasto educativo y el incremento hasta el 6% en el 2033”.

El diputado de Unidos Podemos Javier Sánchez, que estuvo presente en estas negociaciones, lamentaba en una tribuna abierta publicada recientemente en eldiario.es que los socialistas no cumpliesen con “sus propias exigencias” y consideraba “incomprensible que el anteproyecto con el que pretenden derogar la Lomce no incorpore una memoria económica o una disposición adicional que fije los objetivos de inversión y plazos”.

La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado –un órgano consultivo en el que hay representación de sindicatos, asociaciones de familias de estudiantes, colectivos de alumnos y miembros del Ministerio– ha incluido una propuesta parecida en el informe que han redactado analizando la normativa elaborada por el departamento de Isabel Celaá.

Por un lado, esta comisión considera que el texto debería “incluir un compromiso explícito de incremento del gasto público en educación” que sea coherente con “el coste de impartición de enseñanzas de calidad”. Para conseguirlo abogan por elaborar durante “esta legislatura una Ley de Financiación del Sistema Educativo Español” y que en ella se contemple “el compromiso de financiación de al menos, el 5,5% del PIB, al finalizar su proceso de implantación”.

Informe preceptivo

Asimismo, lamentan que no les hayan facilitado la memoria económica que tendrá que acompañar a este texto cuando llegue al Congreso. Por ahora, este informe es un borrador a falta de que el próximo 8 de enero se reúna el pleno del Consejo Escolar y se pronuncie sobre él. Aunque, hay que tener en cuenta que si finalmente ratifican esta propuesta de inversión, el documento solo es preceptivo, no es vinculante y no obliga al Ministerio a tenerlo en cuenta.

Desde el sindicato CCOO, el secretario general de la Federación de Enseñanza, Francisco García, reseña que para “reformular las políticas de atención a la diversidad, recuperar la atención a alumnos con asignaturas pendientes que el PP como consecuencia de los recortes erosionó y los desdobles en las asignaturas fundamentales como lengua y matemáticas” es necesario que “haya un compromiso de financiarlas”.

Por su parte, Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) incide en que la “apuesta por la escuela pública” necesita este compromiso. “Vemos que la reivindicación del PSOE por la que se levantó en aquella mesa de negociación no está reflejada ahora [en el articulado redactado para derogar la Lomce]”, responde Cardenal.

Financiación autonómica

“El anteproyecto de ley recupera medidas en favor de la equidad, en favor de la escuela rural, entendemos que eso necesita compromiso de financiación”, apunta Maribel Loranca, secretaria federal de Enseñanza de UGT, que incide en las dificultades que tiene el Gobierno de determinar ese compromiso porque “solo gestiona el 5% del presupuesto del sistema educativo”, el resto es responsabilidad de las comunidades autónomas.

El investigador del Proyecto Atlántida especializado en temas educativos Lucas Gortázar también incide en este asunto. “Esto no depende solo del Ministerio de Educación. Depende del Ministerio de Hacienda, de las comunidades y de la Comisión Europea. Hay muchas instituciones implicadas como para resolverlo en una ley en el Congreso que como mucho va a tener 180 apoyos”, reseña. Asimismo, considera que “la financiación tiene que ser parte de un debate mucho más amplio que lo que se está produciendo, como el que se pudo dar en la subcomisión [del pacto educativo]”.

Para que ese incremento sea equitativo en todas las regiones, desde el sindicato STEC apuestan por que el aumento se realice a través de “transferencias de los presupuestos generales del Estado a las comunidades”, incide su responsable de política educativa, Jesús Aguayo. Sobre el blindaje de la inversión, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) señala que es “un mecanismo interesante”. Aunque su portavoz, Carles López, destaca las dificultades que puede tener el Gobierno para negociar este porcentaje en el Congreso. “Vimos en el pacto que el primer punto de desacuerdo es la financiación”, añade. Aún así reivindica que sin inversión las normativas no tienen “estabilidad”.

Acuerdo con Unidos Podemos

Sobre financiación educativa, por ahora y de cara al curso próximo, siempre que haya acuerdo sobre los presupuestos del 2019, Unidos Podemos y Pedro Sánchez pactaron un incremento de 536 millones en las becas, así como una dotación de 50 millones de euros a la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias. También abogaron por impulsar el primer ciclo de enseñanza infantil en los próximos presupuestos, pero a través de ayuntamientos, que son las entidades que mantienen las competencias.