Grupos católicos desafían a la Iglesia y piden que no se entierre a Franco en la catedral de La Almudena

La decisión del cardenal Osoro de admitir la inhumación de los restos de Franco en la cripta de la catedral de La Almudena de Madrid no ha contentado a ninguno de los sectores católicos. La familia del dictador tiene allí, en el centro turístico de la ciudad y al lado del Palacio de Oriente, dos tumbas vacías y quiere que una sea para trasladar el cuerpo embalsamado del dictador cuando salga del Valle de los Caídos. La otra podría ser ocupada por su mujer, Carmen Polo, enterrada ahora en El Pardo. En la catedral de Madrid reposan ya los restos de la hija de ambos, Carmen Franco Polo, junto a su esposo, en otros dos enterramientos que tiene la familia del dictador.

La Conferencia Episcopal (órgano de gobierno de los obispos) y el cardenal Osoro, aunque temen que su templo se convierta en lugar de peregrinación franquista, han justificado en reiteradas ocasiones que no pueden hacer nada. “La Conferencia Episcopal no tiene competencias, ni un departamento de defunciones. La Iglesia no puede negarle ese derecho a un cristiano si la familia tiene un derecho adquirido”, ha dicho esta semana el portavoz de los obispos. Franco “es un bautizado, un cristiano, y tengo la obligación de acogerlo donde digan ellos”, decía también el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

Los obispos, por un lado, entienden que la Iglesia “no es competente” al tiempo que lamentan que la polémica contribuya a agrandar el estigma colaboracionista que, desde la Guerra Civil, lleva arrastrando la jerarquía católica española.

Los grupos ultracatólicos, por su parte, han tildado al cardenal Osoro de “cobarde” y “traidor” por no oponerse a la salida de la momia del dictador del Valle de los Caídos, y acusan a la jerarquía católica de no recordar que “gracias a Franco la Iglesia católica se salvó de la desaparición y el exterminio”. Se refieren a que Osoro ha tomado postura desde el inicio por no interferir en la exhumación que llevará a cabo el Gobierno en el Valle, un lugar de titularidad pública. Incluso ha mediado para que el prior del Valle, Santiago Cantera, cejara en su empeño de boicotear la medida memorialista.

Si a los ultras no les ha gustado el nuevo emplazamiento, a los cristianos progresistas, menos, y por razones opuestas. Son quienes han mostrado con mayor vehemencia su oposición al enterramiento de Franco en la cripta de la catedral madrileña. En un comunicado, Redes Cristianas denuncia que “los restos de un dictador no deben estar ni en un templo ni en una cripta”.

Este colectivo lamenta las “desacertadas declaraciones” de Osoro en las que justifica la inacción de la Iglesia, al tiempo que afirman que Franco no puede ser enterrado en un templo “no solo por violar las propias leyes vaticanas interpretando torticeramente el Derecho Canónico, sino por el grave valor simbólico de enterrar a quien causó tanto dolor y violó los derechos humanos más elementales, en connivencia con gran parte de una Iglesia y un régimen nacionalcatólico”.

Para Redes Cristianas, el cardenal de Madrid podría rechazar este enterramiento “para favorecer la reconciliación entre españoles y españolas así como para desvincular, de una vez por todas, a la Iglesia Católica del franquismo y del funesto nacionalcatolicismo anterior”.

“Un dictador como Franco no es un bautizado más, y la inhumación de sus restos en un templo católico generaría más división y escándalo que en el mismo lugar del que ahora se aprueba su exhumación”, constatan los cristianos progresistas, quienes auguran que, al estar en el centro de Madrid, la cripta “se convertirá en un lugar de visita y homenaje que, además de fomentar el odio y la división en la ciudadanía, sería ilegal por ir contra el espíritu y la norma de la ley de Memoria Histórica”.

“No nos gusta una Iglesia que sigue apostando y en connivencia con una forma de hacer política que no solo no es entendida por muchísima gente, sino que se vincula a una ideología neoconservadora y a una ultraderecha antisocial que está muy lejos del evangelio y de la orientación más progresista del Papa Francisco”, culmina la nota, que afirma, tajante, que “ni el Evangelio ni las víctimas admiten complicidades con el dictador”.

Por su parte, desde las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía han pedido al cardenal de Madrid que “no acceda a la inhumación de los restos del ex general golpista y dictador Francisco Franco en la catedral de la Almudena de Madrid”.

“Franco fue el dictador que causó millares de víctimas, que instauró en nuestra patria un régimen dictatorial fascista, contrario a toda dignidad humana y leyes internacionales”, apuntan, y sostienen que por ello “no puede ser honrado con una sepultura eclesiástica en una Iglesia católica”, a no ser que “el Sr. Arzobispo quiera continuar con la unión anticristiana y antidemocrática de la Iglesia y el estado fascista, que estuvo vigente durante la dictadura”.

Además, este colectivo asegura que la inhumación “incumpliría manifiestamente el canon 1242 del Código de Derecho Canónico”, y que Osoro “no puede ampararse en el subterfugio de que la Iglesia acoge a todas las personas”.

Finalmente, las Comunidades de Cristianos de Base han apuntado, en otro comunicado, que admitir a Franco bajo sagrado “vendría a denigrar aún más a una Iglesia que asignó en su día el título de Cruzada a la guerra y la represión que generó el golpe militar fascista. Con los numerosos casos de pedofilia y las inmatriculaciones ya hay bastante porquería en las cloacas de la Iglesia. No echemos más aún”. “¿Va a convertirse la catedral de todos los católicos madrileños en un lugar donde se celebre la victoria y la represión de unos españoles sobre otros?”, se preguntan.

Una de las mayores preocupaciones para el Arzobispado de Madrid es que la llegada de Franco a la cripta vuelva a golpear los cimientos de una institución lleva décadas intentando sacudirse el estigma de colaboracionismo con el régimen dictatorial. Una acusación que, por otra parte, está más que demostrada. Los obispos españoles -que no reconocieron la República hasta 1934-, fueron los primeros en considerar el golpe de Estado de 1936 como una “cruzada” contra el enemigo comunista y anticristiano, que había provocado miles de mártires “por Dios y por España”.

En una 'Carta Colectiva' firmada en 1937 por todos los obispos -a excepción de dos-, la Iglesia española ordenaba a los fieles ponerse del lado de los insurgentes. Nada más terminar la Guerra, llegó el matrimonio Iglesia-Franco: el Vaticano fue uno de los primeros estados en reconocer a la España franquista, apoyo que se mantuvo pese al aislamiento tras la Segunda Guerra Mundial.

Durante cuarenta años, Franco entraba y salía bajo palio de las iglesias y catedrales, consagrando el nacionalcatolicismo como religión oficial. A cambio, el régimen concedió a la Iglesia pingües beneficios fiscales, educativos y propietarios, que hoy se mantienen (y que han provocado las polémicas por las inmatriculaciones, la vigencia de los Acuerdos Iglesia-Estado, la financiación de la Iglesia o las clases de Religión). En 1953, el Vaticano y España suscribieron un Concordato que dejaba bien atada la relación entre Roma y Madrid.

Tuvieron que ser Pablo VI y el Concilio Vaticano II quienes hicieran surgir las primeras brechas en las relaciones Iglesia-Estado. Tras el Concilio, los obispos españoles, “no sin dificultades” (como aseguraba este miércoles el cardenal Fernando Sebastián), comenzaron a aplicar la apertura que supuso la asamblea conciliar. En 1965, llegó la primera ruptura, y Franco denegó el permiso a Pablo VI para convertirse en el primer Papa de la edad moderna en visitar España.

Un Pablo VI que tuvo en sus manos la carta de excomunión del dictador cuando se quiso expulsar al obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, por criticar veladamente al régimen y que, pocos meses antes de la muerte de Franco, intentó en vano frenar las últimas penas de muerte del franquismo. Pero Franco no quiso cogerle el teléfono al Papa.

En 1973, los obispos se adelantaron a los estertores del régimen, y -como explicó el cardenal Sebastián- “renunciaron a sus privilegios jurídicos, como el confesionalismo, reclamando el reconocimiento pleno de la libertad religiosa”.

A algunos obispos, como a Tarancón, la historia les recordará como artífices de la transición política. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1975, en las misas que se dieron en toda España tras la muerte del dictador, todos ellos (salvo Setién -auxiliar de San Sebastián- y Buxarrais -Málaga-), glosaron la figura del dictador hasta casi 'canonizarle' corpore in sepulto. “Ha sido un hombre de Estado, cristiano, y católico, cién por cién. Para encontrar otro de su talla, hay que remontarse a los Reyes Católicos, a Carlos I, o a Felipe II”, se llegó a decir entonces. Hoy, la catedral de la capital del España parece que acogerá el cuerpo del dictador.