ONG denuncian el trato “inaceptable” del Gobierno a menores no acompañados

Ocho organizaciones de derechos humanos y de infancia han denunciado hoy el “inaceptable” trato del Gobierno a siete menores extranjeros no acompañados, a los que se les ha negado tutela y protección por considerarles erróneamente mayores de 18 años pese a que tienen documentada su minoría de edad.

Un trato con el que España está incumpliendo las medidas provisionales que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le ha instado a tomar con estos siete menores, uno de los cuales fue expulsado a su país mientras que el resto se encuentra en la calle en situación de desamparo, uno de ellos gravemente enfermo.

Así lo han denunciado Save the Children, Fundación Raíces, Noves Vies, Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en una rueda de prensa, en la que han censurado que esta actitud ha condenado a estos niños a sufrir un “daño irreparable”.

Por ello, ayer remitieron una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, para pedir que España, que además es candidata al Consejo de Derechos Humanos 2018-2020, cumpla las medidas reclamadas por la ONU, y han contactado también con los partidos para que se plasme en una petición formal de todos los grupos.

La mayoría de los menores fueron ingresados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) de Madrid y Barcelona a su llegada a España y tienen pendiente que se ejecute una orden de deportación, y ello pese a contar con documentos de identidad y pasaportes que demostraban tener menos de 18 años; a uno incluso se le denegó en reiteradas ocasiones poder pedir asilo.

Otro pudo a sus 15 años entrar en el sistema de protección de menores, hasta que recibió un diagnóstico de tuberculosis, sospecha de malaria y otras enfermedades: en ese momento, la Fiscalía le declaró mayor de edad por su negativa a hacerse una radiografía de la muñeca mientras estaba ingresado y con esa resolución su tutor legal le abandonó en la calle.

Fundación Raíces y la asociación Noves Vies decidieron elevar su situación al Comité, que en virtud del denominado Protocolo Facultativo -y que España fue uno de los primeros países en ratificar- instó al Gobierno a adoptar medidas provisionales de manera inmediata de protección mientras se estudian los procedimientos, sin éxito.

Y aunque solo se han pronunciado sobre estos siete menores, las organizaciones aseguran que tienen acreditados más de 100 casos similares, todos del África Subsahariana.

Pero además de saltarse las peticiones de la ONU, las organizaciones censuran que España incumple además la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el procedimiento de determinación de edad que estableció que en caso de tener documentada la minoría de edad no se les debe someter al mismo.

“A los fiscales de menores se les ha convertido en jueces”, ha lamentado la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, que ha criticado que un protocolo de actuación firmado por los ministerios de Justicia, Sanidad, Empleo y Asuntos Exteriores ha permitido al Ministerio Público a pedir este procedimiento de “manera sistemática”.

“Solo queremos que se proteja a estos niños exactamente igual que a cualquier menor nacional en situación de desamparo”, ha subrayado.

¿Por qué no se le da credibilidad a la documentación que aportan estos niños? Para Reyzábal, por un intento de “control del flujo migratorio” y porque según le han trasladado desde la Fiscalía, España no reconoce los registros de muchos países africanos como Argelia, Guinea “e incluso Marruecos”.

La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre, ha añadido como motivo el temor “al efecto llamada”, cuando “todos los que trabajamos en esto sabemos que lo único que existe es un efecto expulsión”.