La opacidad en los criterios de evaluación impide aclarar por qué ha habido tantos suspensos en las oposiciones a profesor en toda España

Empezó como un caso aislado: los opositores al cuerpo de profesores de Secundaria de Murcia alzaron la voz contra los resultados de las pruebas cuando comprobaron el inusualmente alto, según ellos, número de suspendidos en las pruebas, muchos de ellos con unos y ceros pese a contar con amplia experiencia laboral previa en el área sobre la que respondieron en los exámenes.

Parecía un problema murciano. Pero pronto se supo que no estaban solos. En Madrid, Extremadura, Andalucía o Castilla La Mancha, entre otras regiones, estaba ocurriendo lo mismo. Muchos suspensos, tantos como para que, en algunas especialidades, ni siquiera se vayan a ocupar todas las plazas convocadas porque la criba de la primera prueba ha provocado que hayan pasado menos aspirantes de los que serían necesarios para ocuparlas todas.

“Resulta un poco sorprendente”, valora, prudente, Maribel Loranca, secretaria general de Educación de UGT, “sea una situación común o circunstancial de algunas comunidades, sorprende”. Los exámenes eran distintos en cada comunidad autónoma.

La polémica ha ido creciendo en la fase de reclamaciones, que ha tenido lugar en muchas regiones entre la semana pasada y esta. Los mismos tribunales que han evaluado las pruebas han sido los encargados de gestionar estas revisiones. Y nadie conoce los criterios con los que se han evaluado los exámenes en primera instancia y con los que se han revisado después. Suben la nota o no (lo más habitual) sin explicaciones, sin enseñar las pruebas ni señalar aciertos o errores. “Oscurantismo”, lo llaman los opositores, una práctica chocante para unos profesionales, que están ejerciendo de interinos en muchos casos, acostumbrados a corregir y atender reclamaciones de otra manera, según señalan los afectados.

¿Qué ha pasado este año para que haya habido tantos suspensos, tantas quejas? Nadie lo sabe. Algunas de las fuentes consultadas lanzan teorías, pero con la boca pequeña y sin atreverse a asegurarlo: tribunales saturados, sin tiempo para corregir adecuadamente todos los exámenes o un sistema de acceso obsoleto; una falta de información sobre los criterios de corrección y evaluación que tiene a los opositores en la incertidumbre a la hora de realizar las pruebas se revelan como los posibles problemas.

La escabechina

Los datos que han ido recogiendo los opositores parecen confirmar al menos el alto número de suspendidos en según qué disciplinas y comunidades. En Murcia, en Inglés aprobaron la primera fase el 15% de 948 aspirantes. En Matemáticas han sido 40 de 450 y en Física y Química solo 51 personas han pasado a la segunda fase en una especialidad que ofrece 60 plazas: no se llenará.

En Madrid, parecido. Opositores de diferentes especialidades han contado a este diario que han participado en tribunales que han aprobado a 21 personas de 98 candidatos (Lengua), 15 de 89 (Geografía), 5 de 83 (Inglés) o 4 de 56 (Cocina y Pastelería, de FP).

Situaciones similares se han dado en Extremadura, Castilla La Mancha o Aragón, aseguran opositores de estas regiones.

La mayor frustración para los opositores, según han explicado a este diario varios de ellos, es la falta de transparencia de todo el proceso. “Salí contenta del examen, fue mejor de lo que esperaba”, cuenta una participante en Madrid en la especialidad de Geografía e Historia. “Pensaba aprobar el tema. No estaba segura respecto a los prácticos, ya que me habían parecido relativamente fáciles y, comparando mi nivel con el de compañeros que llevan más años, pensaba que quizá los suspendiese. Mi sorpresa ha sido enorme cuando salieron las notas y, ponderadas, no llegan al 1”, escribe.

“No esperaba aprobar el práctico con nota, pero no puse ninguna barbaridad, no me expreso mal, no tengo faltas de ortografía (que es el argumento que esgrimen los tribunales para justificar los ceros, unos y doses en las calificaciones). No sé en base a qué texto se ha corregido mi tema (al carecer de temario oficial) y me gustaría saber los criterios”, concluye.

Esta explicación, cambiando la especialidad y las notas, la repiten opositores en todas las comunidades autónomas que se han visto afectadas por esta polémica.

El oscurantismo

“Me gustaría saber los criterios”, escribía la opositora. Miles de aspirantes suscribirían esa afirmación. Este oscurantismo y opacidad con los criterios de corrección y evaluación ha sido señalado por todos como el gran problema con esta convocatoria. En muchas comunidades nadie sabía qué puntuaba y qué no, qué valoraba un tribunal y qué restaba.

“Los opositores conocen bastante tarde cuáles son los criterios, y eso cuando los conocen”, confirma Loranca, de UGT. “Los criterios de corrección deberían ser claros, públicos, y fijarse con mucho tiempo”, valora José María Ruiz, secretario de Función Pública de CC.OO. “Pero suelen ser muy generales [cuando los hay] y la gente no sabe a qué atenerse. Está pasando en muchas comunidades”, explica.

La situación no mejoraba a la hora de reclamar. Una afectada explica que realizó el proceso online y el sistema le devolvió un mensaje informático avisando de que la reclamación habría sido aceptada si en la publicación de notas definitivas hubiera algún cambio. Si no aparecen cambios, “tienes que realizar un acto de fe de que alguien ha revisado tu examen”, explica. Otros compañeros que las cursaron presencialmente tuvieron el mismo éxito. “Las reclamaciones se presentaban el lunes de 9 a 12 y a las 12.30 se publicaban las notas definitivas”, cierra. La conclusión la deja para cada uno, pero lamenta: “Nos quedamos con una calificación que no merecemos y sin ninguna explicación, ni criterio calificativo, por lo tanto estamos abocados a realizar los mismos errores en la próxima convocatoria”.

En Murcia, donde primero se hizo público el problema y están más organizados a nivel colectivo a través de la plataforma 7JOposicionesJustas, amenazan con llegar hasta el final con las reclamaciones. “El gran problema es la falta de motivación de las calificaciones porque los tribunales dicen que no tienen obligación de publicarlo”, corrobora José Mateos, el abogado de la plataforma.

Murcia se escuda en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región, que amparaba estas prácticas bajo el argumento de que los criterios de evaluación estaban publicados en su página web, explica Mateos. “Pero para mí es insostenible que el TSJ venga a decir que la autoridad no tiene por qué explicar los fallos de un examen porque estén publicados los criterios, cuando nadie garantiza que el tribunal los haya aplicado”, se cuestiona.

Sin embargo, alerta Mateos, también existe una sentencia del Tribunal Supremo que daría la razón a los reclamantes. Un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 31 de julio de 2014 dio la razón a un demandante en un proceso similar y argumentaba que “siendo en principio válida esta forma de medir o valorar el resultado de las pruebas en los procesos selectivos [en referencia a simplemente publicar la calificación], el hecho de que en estas solamente se haga referencia a una puntuación determinada no será bastante cuando el interesado la discuta”.

Con esta sentencia bajo el brazo, sostiene Mateos, los afectados de Murcia acudirán hasta la última instancia que la justicia les permita si no se hacen públicos los exámenes y los criterios de corrección aplicados. En Extremadura, en un caso similar, la Consejería ha pedido a los tribunales que apliquen esta transparencia y publiquen los exámenes, pero los los tribunales son soberanos y no tienen la obligación. En Madrid, un grupo de afectados intenta organizarse y evaluar sus opciones. En una reunión prevista para la tarde del martes iban a intentar alcanzar una postura común, y varios de los participantes se mostraban partidarios de reclamar también hasta el final.

Un sistema ¿obsoleto?

“Ya le dijimos al anterior secretario de Estado, Marcial Marín, que pasaría esto”, se lamenta José María Ruiz, de CC.OO. “Hay que darle un vuelco al modelo de acceso, porque la gente que se presentado ahora ya lo había hecho otras veces. ¿Qué pasa, se han vuelto todos tontos de repente, por decirlo mal y pronto?”, sostiene.

Entre sus propuestas, que las pruebas no sean eliminatorias como ahora para evitar “las cribas” y permitir a los aspirantes superar un posible error en las primeras fases. Desde UGT coinciden con la apreciación, y añaden otro problema: “Los tribunales trabajan en muy malas condiciones, no tienen el tiempo ni los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. Tendrían que haber habilitado más tribunales para que tuvieran menos exámenes que corregir cada uno”, señala Loranca. Ruiz es partidario de limitar el número de opositores por tribunal.

¿Ha habido algún tipo de consigna para cribar a los aspirantes y dejar una segunda fase más asumible para los tribunales? Desde los sindicatos no se atreven a afirmar tanto. “Quiero creer que no, pero está claro que los tribunales están saturados”, insiste Ruiz. “No tenemos información en ese sentido, pienso que no”, coincide Loranca. “No puedo afirmarlo porque no tengo pruebas, pero es sangrante el número de suspensos en relación a otros procesos”, elude mojarse el abogado Mateos.

Para cerrar, Loranca matiza. “Es verdad que este proceso ha generado muchas expectativas” tras años sin convocarse oposiciones. “Y a veces el resultado genera mucha frustración”, valora. Tanto UGT como CC.OO. están analizando los datos en busca de anomalías, pero probablemente la cosa se quedará como está al menos hasta que acabe del todo el proceso y se sepa cuántas plazas se han quedado sin asignar finalmente. En Madrid, de momento, el vicepresidente, Pedro Rollán, anunció este martes que si hace falta harán otra convocatoria para completar las plazas. También que aumentará el cupo para la próxima convocatoria en 800 plazas más.