Las asociaciones civiles aprovechan la ronda de Pedro Sánchez para ampliar sus demandas al Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comenzó la pasada semana una ronda de reuniones con representantes de la sociedad civil para “construir un programa abierto de gobierno” progresista con “organizaciones representativas de los seis ejes que articulan las transformaciones que necesita nuestro país”. Igualdad, digitalización y ciencia, transición ecológica y medioambiente, España vaciada y reto demográfico, educación y entidades del tercer sector.

Unas reuniones amables, habida cuenta de que fue el propio Partido Socialista quien eligió a los intervinientes, y de las que no se sacaron compromisos firmes, más allá de buenas intenciones, en las que muchas de las peticiones estaban recogidas ya en el programa de gobierno que el presidente en funciones expuso en el Congreso durante su investidura fallida. Pero no solo. Las organizaciones han aprovechado la estrategia socialista para ir más allá y han pedido desarrollar algunas de esas propuestas e introducir nuevos compromisos en un hipotético programa para un nuevo intento de investidura.

Desigualdad laboral y abolir la prostitución

Sánchez abrió esta ronda de contactos con colectivos sociales, acompañado por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, con una veintena de asociaciones feministas de diferentes ámbitos. Estas han mostrado unanimidad en los ejes principales, que van en consonancia con los marcados por el presidente en funciones en su discurso de la sesión de investidura. En concreto, continuar con la implantación del Pacto de Estado contra la violencia de género, para lo que han pedido recursos suficientes, y modificar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.

En la misma línea, las asociaciones han reclamado medidas contra la desigualdad laboral y la brecha salarial, potenciar la presencia de niñas en las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), fomentar la corresponsabilidad e introducir la perspectiva de género en la Estrategia contra la Despoblación. Además, han exigido que se apruebe la prometida ley integral contra la trata con fines de explotación sexual y un compromiso abolicionista en el tema de la prostitución y medidas específicas contra la gestación por sustitución.

Una vicepresidencia y eliminar la tasa Google

Ese mismo jueves, el presidente en funciones , junto a los ministros de Ciencia y Economía en funciones, Pedro Duque y Nadia Calviño, se reunió con una veintena de asociaciones, emprendedores y empresas del ámbito de la digitalización y la ciencia. Según fuentes consultas, los asistentes coincidieron en líneas generales en las principales reivindicaciones. La primera, la creación de un ente específico, en forma de Alto Comisionado, ministerio o vicepresidencia para las tareas digitales. Precisamente, el presidente en funciones se habría mostrado más partidario de una vicepresidencia con, entre otras, estas competencias.

Sánchez, eso sí, se encontró con la oposición de los asistentes a su tasa digital. “Si España lanza una tasa de manera unilateral, rompe el mercado único digital. Estábamos casi todos en contra”, explica el director general de la asociación española de economía digital Adigital, José Luis Zimmermann, que aboga por esperar a que se pronuncie la OCDE o, en todo caso, la UE.

Además, han reclamado impulsar el talento digital, en línea con la propuesta del presidente en funciones de incorporar la digitalización de forma transversal en todos los cursos de FP, así como desarrollar otros nuevos, y promover una suerte de “visado especial” para atraer talento. El directo general de la patronal del sector de la industria tecnológica digital, Ametic, Francisco Hortigüela, pidió mejorar los procesos de compra pública innovadora y “que los trámites para solicitar ayudas al i+D+i sean más sencillos para que se consuman el 100%” y España, que invierte el 1,19% del PIB, pueda acercarse al 2% de media europea. Así mismo, indicó la necesidad de fomentar las tecnologías habilitadoras, en campos como la inteligencia artificial, el big data, la ciberseguridad o la impresión 3D, entre otras; desarrollar los ecosistemas digitales; y poner en marcha políticas específicas para la digitalización de las Pymes.

Ecofiscalidad, financiación y liderazgo

Sánchez se refiere a la transición ecológica como uno de los ejes sobre los que pivotaría su programa de gobierno. “Que el medioambiente se convierta en una de las prioridades del discurso y que estuviera más presente que nunca en boca de quien pudiera ser presidente es algo que hay que saludar como corresponde, pero al mismo tiempo tenemos que decir que no tenemos tiempo y necesitamos la máxima ambición. Necesitamos acciones valientes y coherentes de gobierno”, destaca la directora ejecutiva de SEO/BirdLife y portavoz de las ONGS ecologistas que se reunieron con el presidente en funciones el pasado lunes (Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra), Asunción Ruiz.

Las organizaciones reclamaron a Sánchez y a su ministra del ramo, Teresa Ribera, liderazgo nacional y políticas de consenso entre administraciones para que las normativas medioambientales dejen de ser de las que generan más conflicto institucional. Pero también que España se ponga a la cabeza en materia europea, a las puertas de decidir una nueva política agraria común, y a nivel internacional. “Lo primero que hemos dicho es que necesitamos un gobierno ya”, recuerda Ruiz.

También han reclamado compromisos concretos, empezando por la financiación. “Le hemos recordado que los presupuestos generales del estado se han visto reducidos en un 70% desde 2009. Le hemos pedido que alcance los niveles de entonces y de lo que consideramos que tiene ser”, explica Ruiz. En la misma línea, han reclamado una ecofiscalidad “como motor que genere una inercia en positivo”. Esto es, que quien contamine pague, que no se subvencionen actividades contaminantes y que quien no contamine obtenga beneficios fiscales y bonificaciones.

“Dentro de la hoja de ruta debe haber una convocatoria de empleo público, por ejemplo, para vigilar nuestros Parques Nacionales y campos e identificar donde se está saqueando agua; para cerrar pozos ilegales, como los de Doñana, que hay en toda España; o para regenerar y restaurar espacios que lo necesitan”, enumera la portavoz de las ONGs. Además, han pedido un Plan de Salud y Medioambiente promovido por el ministerio de Sanidad para concienciar sobre la incidencia de las condiciones medioambientales en la salud y que se incluyan contenido sobre esta material en el currículum académico.

El 5G y recuperar infraestructuras

Una docena de asociaciones y colectivos de la España Vaciada se reunieron con Sánchez para abordar el problema de la despoblación y el reto demográfico. “Entendemos que es un problema territorial de primer orden, porque afecta al 50% de nuestro país, por lo que exigimos que se haga un Pacto de Estado con todos los partidos y los agentes económicos y sociales”, explica el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte quien, junto a Soria ¡YA!, representa a los colectivos de la Revuelta de la España Vaciada que reunió en Madrid a más de 100.000 personas en marzo.

Entre las medidas concretas que reclaman, que se priorice la instalación de la banda ancha 5G en el medio rural con el urbano para romper la brecha digital; recuperar el objetivo marcado en el Plan de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 de que ninguna localidad quedase a más de 30 km de distancia de una autovía; diseñar una estructura de comunicaciones mallada, en lugar de la radial que beneficia a unos territorios frente a otros; una fiscalidad diferenciada con reducciones en impuestos relacionados con actividades profesionales y empresariales para incentivar la inversión en esas zonas; normas que frenen el abandono del medio rural del sistema bancario; y la búsqueda de fórmulas que redistribuyan beneficios y cargas, para compensar, por ejemplo, que son las zonas rurales las que absorben el CO2 que producen las urbanas.

El 6% del PIB en educación

Ese mismo día, Sánchez se reunió con representantes de asociaciones y sindicatos de profesores, padres y madre y alumnos, a los que trasladó su compromiso de alcanzar el 5% del PIB en Educación. La comunidad educativa va más allá. El presidente del Sector Nacional de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó llegar al 6%. Además, este sindicato ha exigido la creación de un Estatuto docente que regule las condiciones y derechos laborales del profesorado a nivel estatal, que se recupere la estructura salarial de 14 pagas iguales y la creación de una nueva Ley de Universidad que garantice un marco de financiación estable y suficiente, una mejora en el sistema de becas y asegurar un porcentaje mínimo del PIB para Investigación y Ciencia.

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) trasladó al presidente y a la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, la necesidad de un sistema moderno, estable y que no deje a nadie atrás. Moderno, potenciando la Formación Profesional, docente y la actualización del currículum; estable, con una ley de consenso, un punto en el que han coincidido el resto de participantes en la reunión, que han puesto de manifiesto la inoperatividad de siete leyes educativas en 38 años de democracia; y que no deje a nadie atrás apostando por una política de becas, contra el abandono escolar, la segregación y a favor de la convivencia escolar.

Infancia migrante. Pobreza Infantil

Reformar la Constitución para dotar de rango de derechos fundamentales a los sociales, económicos y culturales; aprobar un programa de impulso de entidades del Tercer Sector; desarrollar el reglamento de la nueva casilla del 0,7% para fines sociales del Impuesto de Sociedades; desarrollar la Estrategia de Lucha contra la Pobreza; e impulsar la Agenda 2030. Estas son algunas de las peticiones que la Plataforma del Tercer Sector ha hecho a Pedro Sánchez y la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo en funciones, María Luisa Carcedo, en su reunión del pasado martes, en la que han participado 11 organizaciones de sectores sociales y sanitarios.

Save The Children ha coincidido con los compromisos del presidente en funciones de promover un Pacto Nacional contra la Pobreza Infantil -prometió una ley para la protección integral de la infancia y la adolescencia, que debía haberse aprobado en el último tramo de la legislatura- y fomentar la universalización de la educación de 0 a 18 años. No obstante, han exigido que se priorice el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años “a los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad” y, junto a otras ONGs, como la Fundación ANAR, ha pedido desarrollar una estrategia integral para la protección de la infancia migrante y refugiada no acompañada.

Por su parte, el Consejo General del Trabajo Social, una entidad que representa a 40.000 trabajadores, acudió a la reunión con un documento de 30 propuestas políticas con medidas que atañen a los sistemas de pensiones, educativo, sanitario y de servicios sociales.