Los rectores admiten que el sistema universitario no garantiza el acceso a todos por igual
“El acceso a la formación universitaria no está garantizado por igual a todos los ciudadanos”. La frase, extraída de un informe elaborado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CSS), viene a suponer el reconocimiento por parte de los dirigentes de los campus de la desigualdad que existe a la hora de acceder a los centros de estudios de educación superior.
Aseguran los rectores que la Universidad española funciona como ascensor social, pero que no lo hace igual para todos. Que tiene un papel especialmente relevante para las personas que provienen de un entorno socioeconómico humilde, pero que, a la vez, son los que tienen más papeletas para nunca disfrutar de este ascensor porque no entrarán en la universidad por sus características personales.
El informe La contribución socioeconómica del sistema universitario español, publicado este miércoles por la CRUE, evalúa por primera vez de forma rigurosa, según los propios rectores, “el impacto que tienen las actividades universitarias en la economía y la sociedad españolas con un alcance global”.
A nivel económico y según este informe, la universidad española genera 8,3 euros en actividad económica por cada euro público invertido en su financiación y le devuelve a las arcas públicas 4,3 euros por euro. En términos de empleo, cada uno de los casi 6.000 millones de euros de financiación se transforma en 87 puestos de trabajo creados.
La universidad no es para todos igual
Empezando por la parte más social y menos económica, “los análisis realizados constatan la existencia de determinados factores que favorecen, u obstaculizan, el acceso a la universidad”, razona el informe. “Concretamente, el acceso a la universidad está condicionado por el estatus profesional, el tipo de ocupación y sector de actividad de los progenitores, el nivel de renta familiar, el tamaño del municipio de residencia, la situación laboral de los padres o el sexo del individuo”. Y no se refieren solo a las posibilidades económicas de la familia.
Y entre las variables más destacadas por los rectores está el nivel educativo de los progenitores, “especialmente el de la madre”, y su estatus profesional. En concreto, que la madre de un futuro estudiante tenga un graduado aumenta hasta en 17 puntos porcentuales la probabilidad de que ese hijo acceda a la universidad (13,5 puntos el padre). Si además ambos progenitores tienen ocupaciones altamente cualificadas, las probabilidades aumentan en 25 puntos.
Y, con carácter general, de esto dependerá en buena medida su vida futura: con un título universitario debajo del brazo hay más posibilidades de tener un contrato fijo (10,2% más), de tener una jornada completa (7,3%) y de tener un empleo cualificado (31,4%) y por tanto cobrar más.
“La educación superior aumenta la probabilidad de mejorar la situación social respecto a la del origen familiar, lo hace mucho más que cualquier otro tipo de nivel de enseñanza y eso sucede con especial intensidad para las personas de origen social menos favorable”, concluyen los rectores. Si consiguen terminarla.
Pero también admiten que “la evidencia encontrada en el informe indica que la educación no hace desparecer la desigualdad, y el origen social y familiar sigue teniendo una influencia considerable en el estatus social de los individuos”.
Un impacto directo de 16.000 millones al año
La CRUE también le pone cifras al impacto económico de la actividad universitaria. Según sus cuentas, los campus aportan 15.991 millones de euros anuales a la sociedad en forma de demanda por sus actividades frente a un gasto (la financiación pública que recibe) de unos 6.000 millones de euros (el resto de la financiación universitaria, hasta los 8.571 millones, la aportan los estudiantes en forma de tasas).
Además, la CRUE sostiene que con carácter general la actividad asociada al sistema universitario (SUE) tiene un impacto de 49.671 millones de euros en la producción española (en ventas, por explicarlo de modo simple) y de 17.797 millones de euros sobre la renta. Traducido en empleo, la actividad universitaria tiene un impacto de 339.192 ocupados anuales.
Dicho de otra manera: “Las universidades devuelven en impuestos 4,3 euros por cada euro invertido por las administraciones”, según el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, rector de Córdoba. Esta cifra se obtiene de dividir los 25.774 millones de euros de recaudación fiscal por las actividades de los campus y esos 5.969 millones de euros de financiación.
El conjunto de esta actividad se traduce en un impacto sobre el PIB del 2,12%. Por último, en el capítulo económico, las universidades son responsables del 12% del crecimiento medio de España en los últimos años.
El informe de la CRUE también muestra su preocupación por la caída del interés de los estudiantes por las carreras conocidas como STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). “Es alarmante”, asegura el presidente de los rectores. “El peso de la demanda de estudios de ingeniería y ciencias representa solo el 18,4% y el 5,9%, respectivamente, frente a a la media del 21,2% y del 8,1% de la UE-28. Sin suficientes ingenieros, matemáticos, físicos...”, advierte Gómez Villamandos, “nos quedaremos fuera de la Revolución 4.0 –como ya nos ocurrió en otras épocas de la historia– y seremos tecnológicamente dependientes”, cierra.
