La Abogacía del Estado ha entregado al Tribunal Supremo su contestación a las alegaciones que presentaron los nietos del dictador Francisco Franco contra la exhumación del cuerpo de su abuelo del Valle de los Caídos. Además de justificar la urgencia y necesidad para emplear un Real Decreto, o defender que se priorice la salida del dictador del Valle sobre otros cuerpos, el escrito del abogado del Estado (al que ha tenido acceso eldiario.es) se detiene en analizar y contestar a la familia sobre las disputas en torno al lugar de la inhumación.
Los nietos siempre han defendido enterrarlo -en caso de que el Supremo autorice su exhumación- en la cripta de la catedral de la Almudena, donde la familia tiene una tumba y a lo que la Iglesia se opone ahora después de ponerse de perfil. Sin embargo, el Gobierno decidió que el cuerpo del dictador se entierre en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), un camposanto aislado, a 16 kilómetros de Madrid y donde está también enterrada su mujer, Carmen Polo. Un informe encargado a la Delegación de Gobierno amparó esta decisión ante los problemas de seguridad que podría implicar enterrar al dictador en la catedral, ubicada en el centro de Madrid.
Los familiares de Franco encargaron un informe para contrarrestar este último del Gobierno y en el que se defendía lo contrario: que Mingorrubio es más peligroso que la Catedral de la Almudena y que el riesgo terrorista es mayor en Mingorrubio y el Valle de los Caídos, presentando la catedral de Madrid como el entorno más seguro de los tres porque ya hay mucha vigilancia.
Riesgos de atropello
Como señalaron los tres expertos elegidos por los Franco ante el juez, que son militares retirados, “en el cementerio [de Mingorrubio] no hay nada”, por lo que allí habría más riesgo de profanación y de actos vandálicos porque, “siempre sería una pareja” de agentes de la guardia civil la que tendría que frenar el ataque y “el tiempo de reacción” sería mayor. El abogado del Estado llama a los firmantes del informe “tres personas que se presentan como expertas en seguridad”.
Los expertos de parte defendían en su escrito, que adelantó El Independiente, algunos riesgos de Mingorrubio. Por ejemplo, que hay instalaciones militares cerca y pasa “armamento pesado”. También que las carreteras son “de un solo carril”, hay centros deportivos cercanos y por tanto más “riesgo de atropello” de camareros y peatones en la calle principal si aquello se convierte en un centro de peregrinaje franquista, como publicó ese medio. Además, destacaban el peligro de colapso de la zona ya que es un núcleo urbano pequeño.
La Abogacía destaca que el documento encargado por los Franco tiene errores importantes, como que “omite uno de los atentados terroristas que se produjo en La Almudena” el 7 de febrero de 2013 a manos del Comando Insurreccional Mateo Morral. También afea que se base en informaciones “obtenidas de búsquedas de internet sencillas mediante uso de buscadores habituales”. “Utiliza terminología trasnochada”, “no considera la actuación de grupos radicales o antisistema” o “no aplica el cálculo de probabilidades y desconoce la probabilidad inversa”. Por todo ello, la Abogacía del Estado considera que la “matriz de riesgos que ofrece es más un trabajo escolar que un trabajo pericial riguroso”.
Los Franco en su informe también consideran mejor el centro por “las actuales restricciones al tráfico” que limitarían el riesgo de atentado con coche bomba, aunque en esa zona no opera Madrid Central, como recuerda el abogado del Estado en su escrito de conclusiones, entregado el 2 de septiembre ante el Supremo, que considera que el hecho de que sea un centro de culto dificulta el acceso de la policía y hace difícil “un control de acceso”.
Esta semana se reunirá la Sala Tercera con toda probabilidad para poner una fecha a la sentencia sobre la exhumación de Franco, paralizada cautelarmente a petición de los Franco, que han alegado durante todo el proceso administrativo contra la medida que Pedro Sánchez anunció tras la moción de censura. Agotada esa vía, y tras buscar la complicidad de la Iglesia y el prior de Valle de los Caídos, acudieron al Supremo, que tendrá que decidir si es legal sacar del conjunto monumental público al dictador.