El aborto, un derecho a medias: entre una ley que aún no se cumple y la amenaza de las derechas

Lo que le ocurrió a Antonia Correa no es una excepción. Su historia, la de una mujer que se vio obligada a recorrer 400 kilómetros para abortar y ha logrado que el Tribunal Constitucional declare que el Estado vulneró con ello sus derechos fundamentales, no es única. Miles de mujeres siguen siendo desplazadas fuera de su provincia para ejercer este derecho reconocido en la ley porque sus hospitales de referencia no practican interrupciones voluntarias del embarazo. Poner fin a este obstáculo es uno de los objetivos que pretende la reforma del aborto vigente desde marzo, pero aún está pendiente de cumplirse mientras la derecha amenaza con recortarla aún más.

Aunque ya la ley de plazos, aprobada en 2010, establecía que llevar los abortos a centros privados debía de ser algo “excepcional”, la reciente reforma impulsada por el Gobierno de coalición ahonda en esta intención. La norma mandata a las comunidades a organizar sus servicios sanitarios y crear registros de objetores de conciencia con el objetivo de que asuman los abortos en centros de la sanidad pública y con ello evitar situaciones como la que vivió Antonia.

Estos casos son un efecto del modelo imperante en España, donde la inmensa mayoría de abortos (casi un 85% en 2021) se llevan a cabo en clínicas privadas con las que la Administración concierta el servicio, por el que las mujeres no pagan nada. La cuestión es que en una docena de provincias en las que no hay este tipo de centros concertados tampoco los hospitales se encargan de las interrupciones, por lo que derivan a las mujeres a otras clínicas aunque con ello deban salir de su entorno habitual y alejarse de su red afectiva.

Ocurre en comunidades de todo color político. Así, según el informe estadístico del Ministerio de Sanidad de 2021, el último disponible, las provincias de Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria y Cáceres, además de Ceuta y Melilla, no notificaron ningún aborto, aunque sí hubo mujeres de estos territorios que abortaron: es decir, salieron fuera. Son al menos 4.319 mujeres solo en un año. Lo que no se sabe es a dónde tuvieron que trasladarse.

“Me sentí haciendo algo clandestino”

Fue el caso de Claudia, una mujer toledana que se vio obligada a viajar a Madrid en mayo de 2022 para abortar. Su historia empezó con un embarazo deseado y “lleno de ilusión y expectativas”. Esperaba a su primer hijo, pero en la ecografía de las 12 semanas en el Hospital Universitario de Toledo recibió la devastadora noticia de que su bebé sufría de agenesia renal bilateral. “Significa que el feto no había desarrollado ninguno de los riñones. Su esperanza de vida era de unas pocas horas si nacía”, explica. Aunque en ese momento le invadió “un dolor y tristeza indescriptibles” decidió someterse a un aborto.

La ley permite hacerlo sin límite temporal si el feto sufre una anomalía incompatible con la vida o una enfermedad “extremadamente grave e incurable”, algo que debe autorizar un comité clínico. Comenzó entonces un “largo y doloroso proceso” para Claudia, que se vio sola y sin información ante los pasos que debía seguir.

“Todos los médicos que me atendían aclaraban que no seguían ningún procedimiento y que ellos no podían ayudarme en el proceso”, lamenta. Finalmente supo que debía presentarse en servicios sociales del hospital y conseguir la documentación “para pedir cita en un centro de aborto en Madrid, ya que en Castilla-La Mancha ninguna clínica los realiza pasadas las 12 semanas”, explica.

Finalmente, interrumpió su embarazo a las 15 semanas. “Durante todo el proceso me sentí criminalizada, clandestina, como si hubiera hecho algo malo. Dejé de ser Claudia para convertirme en un número más, pero estaba abortando por la salud del bebé y la mía”, recuerda. Cuando llegó a Madrid su mente “no paraba de pensar en cualquier cosa que podría salir mal y lo lejos que estaba de mi casa”. Y más de un año después sigue sin comprender cómo pudieron negarse en su hospital. “Sabían que el bebé no podría sobrevivir sin riñones. El sistema de salud debe hacerse responsable de la situación y poner a disposición de las mujeres los recursos necesarios en los hospitales”, cree.

En manos de las comunidades está desplegar las acciones necesarias para llevarlo a cabo, aunque de momento, tanto en el caso de gobiernos del PSOE como del Partido Popular, con o sin apoyo de Vox, en general los pasos dados a la luz de la nueva ley no acaban de fructificar en medidas concretas. Eso teniendo en cuenta que varias comunidades están inmersas en plena formación de gobiernos o acaban de hacerlo tras las elecciones municipales y autonómicas. Ya en mayo, antes de los comicios, el Ministerio de Igualdad les envió una carta para “garantizar que se lleven a cabo urgentemente” las medidas contenidas en la ley.

Avance desigual y a la espera de Sanidad

Algunas de las autonomías consultadas reconocen estar avanzando para crear el registro de objetores mientras otras lo fían todo a que el primer paso lo dé el Ministerio de Sanidad. En Castilla-La Mancha, el Servicio regional de Salud se remite a las palabras del consejero de Sanidad del pasado 24 de mayo, que aunque afirmó estar preparando el registro, recalcó que debe ser el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine los requisitos que debe contener.

La norma estipula que Sanidad debe acordar un protocolo específico “que incluya las condiciones mínimas” de los registros, algo que a veinte días de las próximas elecciones generales está pendiente. Preguntado en una reciente entrevista en este medio, el ministro aseguró que “se está trabajando” en el mismo a través de las comisiones de Salud Pública y justificó la tardanza en “la carga de trabajo de gran volumen” que ha afrontado el ministerio con la vacunación, el seguimiento del COVID o los programas de salud mental y bucodental. “Se ha ido priorizando”, afirmó.

Fuentes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía afirman que se han creado grupos de trabajo “para avanzar en la ampliación de la oferta” fundamentalmente en provincias en las que las mujeres deben desplazarse a otra para abortar. En Aragón, la Consejería de Sanidad asegura que los hospitales públicos están ya asumiendo los abortos de más de 14 semanas y reconoce que el resto quedarán “de momento” en manos de las clínicas concertadas, aunque es una respuesta previa a la formación del nuevo gobierno, que están aún en negociaciones.

En manos del ministerio deja el cambio la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que a preguntas de este medio asegura que “no ha cambiado nada” porque “no se puede mandar ninguna directriz ni nada sin las instrucciones” de Consejo Interterritorial. De esta comunidad, la primera en la que la extrema derecha entró a un gobierno en España y en la que se produjo la polémica del 'latido fetal' a propuesta de Vox, es María, que tuvo que trasladarse en 2016 de León a Salamanca para interrumpir su embarazo tras ser detectada en el feto una grave afectación incompatible con la vida. “Aunque no tenga esperanza de vida, el feto tiene latido. Te recomendamos que abortes, pero en la Seguridad Social no lo vamos a hacer aunque lo solicites”, le dijo su matrona.

En ese momento, León no contaba con clínicas acreditadas para la intervención (ahora sí), algo que le comunicaron el centro de planificación familiar. Allí también le explicaron que debía reflexionar tres días “sobre si realmente quería abortar” antes de darle la cita, una obligación con la que ha acabado la legislación actual. “Mi feto no podía vivir por su enfermedad ¿qué es lo que tengo que reflexionar? Fueron tres días muy duros, no se los desearía a nadie”, cuenta.

María finalmente se desplazó a Salamanca, pagando el viaje de ida y vuelta y la comida del día. Pero los gastos fueron lo de menos en ese momento: “Tuve que dejar a mi hija pequeña con mis familiares e irme lejos cuando es lo que menos te apetece. Cuando llegué a la clínica ni siquiera dejaron entrar por la puerta a mi marido”, afirma. Fue un viaje “frío y doloroso” en el que se sintió “como un objeto al cual hay que hacerle una intervención protocolaria” y sobre todo, sola: “Me sentí bastante infantilizada por parte de la sanidad pública, sin ninguna facilidad ni ayuda. Cuando me dijeron que tenía que irme hasta Salamanca pensé '¿por qué tengo que llevar yo toda la carga del proceso en una decisión tan dura?’. Parece que si no quieres que decidan por ti lo ven como algo negativo, algo que hay que ocultar. Te dejan de lado y te hacen sentir culpable”.

La amenaza de las derechas

Las situaciones relatadas por Claudia y Ana se repiten, aunque ahora el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que apuntala la necesidad de ponerle fin a los desplazamientos, al menos entre comunidades. Eso en un escenario marcado por el alza de la extrema derecha y los pactos entre el Partido Popular y Vox en varias autonomías que anticipan qué políticas pueden ponerse en marcha o dejar de hacerse ante un posible acuerdo tras las elecciones generales. Ambas formaciones votaron el pasado febrero en contra de la aprobación definitiva de la reforma del aborto. Vox ataca sin tapujos el derecho, lo equipara a “matar a un niño en el seno de su madre” y ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional argumentando que va contra derechos como la vida o la igualdad.

Además, los de Santiago Abascal han aprovechado la cuota de poder que les ha otorgado el 28M para aupar a cargos ultraconservadores de marcado perfil antiaborto, entre ellos la recién elegida presidenta del parlamento valenciano Llanos Masó, exintegrante de la sección antiabortista del lobby HazteOir o la presidenta de las Cortes de Aragón, la diputada de Vox Marta Fernández, que llegó a desplegar la foto de un feto desde la tarima del Parlamento para reivindicar su posición antiaborto, según La Sexta. 

En todos los casos, el eslabón necesario para nombrar a estos perfiles ha sido el PP, que les ha otorgado su apoyo. Aunque la derecha no está siendo especialmente combativa, al menos explícitamente, contra el derecho al aborto y los populares han renunciado a prometer la derogación de la ley, como hiciera Mariano Rajoy, han incluido en su programa electoral el recorte de la misma: una vez más, reclaman reintroducir en la ley la obligación de que para interrumpir voluntariamente su embarazo las jóvenes de 16 y 17 años cuenten con el consentimiento de sus progenitores y prometen “garantizar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia” de los médicos.

A pesar de que el Tribunal Constitucional ya avaló en 2014 el tipo de registros de objetores que han incluido tanto la ley de eutanasia como la del aborto, esta ha sido una de las puntas de lanza que los populares han usado para oponerse a la nueva norma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, llegó a respaldar la negativa del hospital público Clínico San Carlos a practicar el aborto a una mujer a pesar del riesgo que corría porque no se puede “obligar” a un médico a actuar contra su conciencia cuando “salvan vidas y no lo contrario” mientras que los populares defendieron en el Congreso y en el Senado que los registros venían a “estigmatizar y señalar” a los profesionales, en línea con lo que en su momento expresaron los colegios de médicos.

Tanto la restricción a las menores como la garantía de la objeción de conciencia son las dos únicas medidas que incorpora sobre este tema el programa con el que Alberto Núñez-Feijóo se presenta a las elecciones. Nada relativo a impulsar la norma o acabar con la inequidad en el acceso al aborto a la que todavía se enfrentan las mujeres. Tampoco se nombra en los pactos que ha ido suscribiendo con Vox para gobernar en algunas comunidades, que por el contrario sí han convertido en medida estrella el fomento de la natalidad y la sustitución de las concejalías de Igualdad por las de Familia.

Reportaje elaborado con información de Alba Camazón, Candela Canales y Javier Ramajo.

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