Si finalmente entra en vigor el borrador de la nueva ley del aborto aprobado hace una semana por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, el 91% de las 112.390 mujeres que interrumpieron su embarazo el año pasado sin necesidad de justificar su decisión se verían inmersas en una maraña de trámites para certificar que seguir con la gestación supone un riesgo para su salud física o mental. Asociaciones de médicos y especialistas, y de defensa de los derechos de la mujer aseguran que, ante tantas complicaciones, las mujeres acudirán a métodos clandestinos.
Si tienen medios económicos, se marcharán a países como Reino Unido o Francia, donde existen leyes de indicaciones y plazos similares a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que está actualmente en vigor en España.
En Reino Unido, adonde habitualmente viajaban las españolas cuando el aborto era ilegal, someterse a una interrupción voluntaria del embarazo puede costar entre 550 y 700 euros, dependiendo de si es farmacológico –antes de las 9 semanas– o de si se usa o no sedación o anestesia general. Son datos facilitados por Marie Stopes, una organización internacional de planificación familiar con numerosos centros en Reino Unido donde ofrecen servicios para la atención a la salud sexual y reproductiva, entre ellos, interrupciones voluntarias del embarazo. Sus centros realizan un tercio del total de los abortos que se practican en el país.
Al coste de la intervención habría que sumar los casi 100 euros que vale la consulta médica previa y necesaria para efectuar todos los análisis. Según señalan desde Marie Stopes, es recomendable un día de reposo después de la intervención si se va a viajar, por lo que es necesario contar al menos con dos días de alojamiento, que, dependiendo de la ciudad, el precio puede oscilar entre los 40 y 60 euros –los más económicos– por noche en habitación doble. Todo ello sin tener en cuenta el desplazamiento desde España hasta Reino Unido.
En este país, la ley permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 24 semanas por razones de salud, sociales y económicas –en Irlanda del Norte sólo está permitido cuando hay grave riesgo para la mujer o malformaciones fetales–. Dos médicos tienen que estar de acuerdo pero, según señalan desde la Federación Internacional de Planificación Familiar, no existen trabas para estos dictámenes y en la práctica es similar a una ley de plazos. Más allá de las 24 semanas, el aborto está permitido sin límite de tiempo cuando esté en peligro la salud de la madre y en caso de graves malformaciones fetales.
En Francia es más caro
En Francia, la ley permite abortar de forma libre dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Más allá de este tiempo también es posible hacerlo si está en peligro la salud de la madre o si hay una grave malformación fetal –indicación que no permite el borrador de la ley aprobada por el PP–, y así lo certifica un comité clínico.
Al país vecino acuden de cuando en cuando mujeres españolas cuyos casos están fuera del marco jurídico actual –más allá de las 22 semanas, un comité clínico debe certificar en España que el feto tiene graves anomalías incompatibles con la vida o extremadamente graves o incurables–. Un aborto en este plazo en Francia puede llegar a costar en torno a los 6.400 euros en un hospital público, según la información facilitada por la Clínica Dator, el primer centro en España en ser acreditado para realizar estas intervenciones.
El centro médico elegido es el Hospital Paule de Viguier de Toulouse, no sólo por su cercanía con España, sino por su “solvencia y prestigio en la realización de este tipo de intervenciones”, explica Olga Sancho, portavoz de Dator. La mujer que se viera obligada a acudir a este centro debe enviar previamente un correo electrónico al comité clínico del centro presentando su caso. Toda la documentación –carta explicativa, historial de la mujer, pruebas diagnósticas...– debe estar en francés. Si se desconoce el idioma, se recomienda contratar los servicios de un traductor jurado.
El comité clínico responderá en un plazo máximo de dos días y, si es aceptado en menos de una semana, puede llevarse a cabo la intervención. Es imprescindible tener la tarjeta sanitaria europea y el DNI. La mujer debe pagar los gastos derivados de la hospitalización y del tratamiento, que cada día pueden ascender a 1.600 euros, y se calcula que son necesarios entre tres y cuatro días de estancia. Todo el proceso puede llegar a costar 6.400 euros, sin contar el alojamiento y el desplazamiento.
En 2012, 31.244 mujeres abortaron en España por riesgo de graves anomalías fetales, cuyos casos no estarían amparados por el recién aprobado anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, y que, por tanto, podrían verse obligadas a viajar a Francia. Si tienen los medios económicos para costearse la intervención y el viaje, claro.