Se acabó la negociación: la futura ley de enseñanzas artísticas enfrenta a los Centros Superiores con la Universidad

Ni siquiera había consenso respecto a si hacía falta una ley. La consecuencia lógica ha sido que, una vez redactada, tampoco haya acuerdo con las medidas que propone. El proyecto de ley de enseñanzas artísticas enfrenta ahora a los Centros Superiores de enseñanzas artísticas con la Universidad, dos mundos que se han mirado históricamente desde cierta distancia y que ahora parecen condenados a entenderse en algún nivel. Ambas partes han negociado hasta el último minuto, pero finalmente no ha habido acuerdo y cada una jugará sus bazas en forma de enmiendas durante el trámite parlamentario.

El principal motivo de discordia es que el proyecto de ley de enseñanzas artísticas, que el Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas y que está en el trámite parlamentario, iguala la formación que ofrecen los centros superiores con la que dan las facultades de Bellas Artes, equiparación hasta ahora ambigua; los universitarios salían graduados y el alumnado de los centros superiores obtenía un “título superior”, equivalente al universitario pero no con el nombre de graduado. Pero iguala, según los decanos de Bellas Artes, sin equiparar obligaciones, sin exigir a los centros superiores el mismo control, el mismo mínimo de calidad en los estudios que se pide –y controla– a las universidades. Los centros superiores niegan la acusación y afirman que realmente la equiparación ya existía: ahora solo está un poco más clara sobre el papel. Los decanos van a tratar de cambiar la norma durante el trámite parlamentario.

Además de este elemento –nuclear para las partes–, el proyecto de ley también propone crear cuatro nuevos cuerpos docentes: profesores y catedráticos de Enseñanzas Profesionales, equivalente a la Secundaria, y las mismas figuras para las Enseñanzas Superiores, las de nivel universitario. Hasta ahora los docentes pueden dar clases en ambas etapas; cuando se acabe de instaurar este sistema, cada uno tendrá su área, y además –esto será novedad– se les concederá un tiempo para la investigación –como a los profesores universitarios– que ahora no tienen.

Para los estudiantes también hay medidas. Las principales son que se mejora su representatividad en el centro y, sobre todo, se explicita que podrán acceder a las becas para los estudios (ahora también, pero de manera parcial y algunos se quedaban sin el pago de la matrícula).

En cualquier caso, la propuesta de ley del Gobierno es bastante básica, no entra en los detalles de los temas que plantea, por lo que todo ello queda pendiente del desarrollo reglamentario que se haga mediante Reales Decretos. Esa labor quedará para la siguiente legislatura.

A vueltas con las equivalencias

A partir de ahora los títulos que otorgan unos y otras tendrán, si la norma sale adelante, el mismo nombre: “Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores en la disciplina y, en su caso, especialidad correspondiente”, dice el proyecto de ley, que por si hubiera dudas, aclara: “Estos títulos se integrarán dentro del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior en el mismo nivel que el título universitario de Grado, al que serán equivalentes a todos los efectos. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión de cualquiera de los títulos de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores”. En cómo se llega hasta esta situación está la discordia, que se traslada por extensión a los ministerios que acogen a cada una de las partes: Educación propuso y defiende la norma; Universidades, la rechaza.

La Conferencia de Decanos de Facultades de Bellas Artes se opone porque, dice, equipara la categoría de los títulos que imparten unos y otros pero no iguala las obligaciones. “Los centros superiores juegan con otras reglas, con unos niveles de exigencia distintos”, lamenta Alfonso Ruiz, presidente de la Conferencia y decano de la Universidad de La Laguna. “Creemos que es un error gravísimo. Abaratando los procesos de calidad, haciendo más fácil la obtención de estos títulos, se hace un flaco favor a los títulos universitarios y también a los de educación superior”, añade, y apunta que esta norma boicotea a la LOSU porque “facilita” todo lo que la ley universitaria “pretende frenar”, en alusión al endurecimiento en los requisitos cualitativos que propone la ley de Universidades para crear centros y títulos. Es un argumento parecido al que esgrimió el Ministerio de Universidades para redactar un informe negativo mediante el que rechazaba la norma en su totalidad.

El Ministerio de Educación recibió ese informe como el que oye llover. Ni caso y que siga la tramitación. Pablo Iglesias Simón, director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (Resad) y presidente de Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (Acesea), resume la posición de este lado del conflicto: “Es positivo que haya una ley, el sector la viene demandando por lo menos desde 1990, con la LOGSE”. “La ley no nos da ahora la equivalencia –rechaza los argumentos de los decanos– la tenemos desde 1990”. Entonces se llamaban títulos superiores y se estableció que Música, Danza y Arte Dramático eran equivalentes a todos los efectos a los licenciados. Con la LOE de 2006 se adecuaron al espacio europeo de la educación superior y se incorporaron los másteres y con la LOMLOE de 2020, adquirieron la actual denominación de Grado y Máster en enseñanzas artísticas. En cualquier caso, añade Iglesias, “aunque hay gente a la que le sabe a poco la ley porque llevamos mucho esperando, quiero pensar que no es la meta sino la salida”, y cita entre los debes la escasa autonomía de los centros.

El debate

Para los decanos de Bellas Artes, la equiparación de derechos pero no deberes es inadmisible. “Juegan [los centros superiores] con otras reglas, con unos niveles de exigencia distintos. Son cosas distintas, pero dicen que es lo mismo. Creemos que es un error gravísimo. Abaratando los procesos de calidad, haciendo más fácil la obtención de estos títulos, se hace un flaco favor a los títulos universitarios y también a los de educación superior”, asegura Ruiz.

Iglesias sostiene que justo eso que denuncia Ruiz puede pasar ahora, sin ley, y que la nueva norma “precisamente establece unas mayores garantías de calidad. La ley invita más a la colaboración con las universidades. Lo mismo sucede con los másteres: se llaman 'en enseñanzas artísticas superiores', son equivalentes a los universitarios y están verificados por la ANECA [la agencia que vela por la calidad del sistema], igual que los universitarios. No entiendo qué miedo tienen”, afirma.

El proyecto de ley establece en su artículo 8 que “el Gobierno (...) fijará el contenido básico al que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de dichos títulos”. Añade después: “Corresponde a los centros de enseñanzas artísticas superiores la concreción de los planes de estudios de los títulos que aspiren a impartir. Antes de su implantación efectiva, cada uno de estos planes de estudio deberá superar un proceso de verificación que el Gobierno desarrollará por vía reglamentaria (...). Para la superación de dicho proceso, la administración educativa competente establecerá acuerdos con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (...). En todo caso, será necesario un informe favorable por parte del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas”. Otros puntos del mismo artículo hablan de justificar “la necesidad social y viabilidad académica y económica” de los estudios.

Aquí está el meollo de la cuestión. Los decanos creen que esta redacción es ambigua y abre la puerta a unos estudios de poca calidad, mientras a los universitarios les exigen más controles, profesorado doctor, etc. “Tenemos un grave problema con las universidades privadas, que están creciendo como setas por el país montando negocios”, explica el presidente Ruiz. “La educación es rentable. Pero los títulos tienen una calidad muy discutible. Imagínate ahora que una institución de educación privada grande cualquiera con muchísimos menos requisitos van a poder montar una titulación equivalente a la universitaria”, pone como ejemplo.

Otro de los argumentos de los decanos para subrayar la diferente exigencia es que la propuesta de Educación no exige al alumnado que quiera matricularse en un centro superior que supere la Evau (Selectividad), algo que sí es necesario en la Universidad. “Pero tenemos pruebas específicas de ingreso”, matiza Iglesias. “Que son infinitamente más difíciles. En la Resad el año pasado se matricularon 517 y entraron 82. La Evau no evalúa lo que nosotros necesitamos. En el Superior de Música, por ejemplo, no te enseñan a tocar el piano de cero, tienes que tener unas destrezas previas”, dice.

¿Y los doctorados?

Otro elemento que separa a ambas partes son los doctorados. La todavía propuesta de ley establece que las escuelas podrán solicitar la creación de estos títulos que, sin embargo, deberán gestionar las universidades. “El que diga que una universidad puede montar un doctorado para estas escuelas no entiende lo difícil y caro que es”, dispara el decano Ruiz. “En la ULL para montar un doctorado en mis titulaciones nos hemos tenido que unir todas las titulaciones de artes y humanidades porque si no no teníamos entre todos los doctores y catedráticos los sexenios que exige la ANECA para montar un doctorado. Imagínate que ahora tuviéramos que montar un segundo programa, si ya hemos quemado todos los cartuchos y la ley dice que yo no puedo estar en dos programas de doctorado. ¿Cómo le voy a montar así un doctorado a alguien, y encima externo?”, se pregunta.

“Ya nos gustaría impartirlos a nosotros de manera independiente”, replica Iglesias. “Los doctorados tendrán que ir en colaboración con las facultades universitarias y eso les vendrá bien: más que quitarles alumnos se los va a dar. Y no solo en Bellas Artes: también tenemos relación con las Filologías, que se han acercado al teatro, o las Humanidades”, dice.

Todas estas cuestiones trataron de abordar ambas partes la semana pasada para alcanzar un texto con el que las dos se sintieran cómodas. Llegó a haber un documento, que según los decanos estaba pactado al 80% cuando los centros superiores empezaron a cambiar más aspectos y se acabaron echando atrás. El representante de los centros asegura que las dos partes estuvieron poniendo y quitando cosas hasta que se vio que no se iba a alcanzar un punto común. “Decidimos que nosotros defenderíamos nuestras propuestas por nuestro lado y ellos por el suyo. Pero tenemos mucho en común y estoy seguro de que saldrán muchas cosas positivas de nuestra colaboración en el futuro gracias a la ley”, cierra.

Próxima y penúltima estación: las enmiendas del Congreso.