La embestida que una lancha de la Armada realizó contra una embarcación de Greenpeace en aguas canarias en noviembre y el juicio contra activistas de la ONG por una acción de protesta contra la central nuclear de Cofrentes son dos reflejos recientes de lo que las asociaciones medioambientales analizan como un “endurecimiento” de las medidas para neutralizar su acción. Para estas organizaciones se trata de un estrategia global.
Lo cierto es que la presión contra el movimiento activo ambientalista crece por diferentes canales: el judicial, el policial y el legislativo. El resultado, según asocaciaciones como Ecologista en Acción, Greenpeace o Igualdad Animal, es que sus acciones “en defensa de la naturaleza” deben sortear obstáculos más altos.
“Cada vez tengo que gastar más tiempo en recurrir multas contra activistas”, explica Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción. Este letrado explica que la asociación recibe menos ataques legales por la vía penal pero “se han multiplicado las civiles”. Y luego abunda en que “la estrategia se ha desplazado sobre todo al ámbito administrativo donde hay muchas menos garantías legales al estar bajo la esfera de las delegaciones del Gobierno y no de los jueces”.
Como ejemplo, explica que las manifestaciones en Canarias contra las prospecciones petrolíferas se han traducido en numeros expedientes que piden “1.500 euros por cada multado”. Además, se explaya al relatar el caso de un compañero de nacionalidad uruguaya “que llevaba muchísimo tiempo en España e incluso tiene una hija de 10 años española”, el cual fue identificado en las islas “y se le ha aplicado un procedimiento de urgencia de extranjería. Ya está expulsado en Uruguay”, informa Doreste.
Poco más de dos semanas después del incidente con la Armada, 16 miembros de Greenpeace y un fotoperiodista se sentaron en el banquillo para ser juzgados por su acción de protesta en la central de Cofrentes en febrero de 2010. El reto judicial es de envergadura: les piden 357.000 euros y más de dos años de cárcel. A la ONG, curtida en recibir multas de alto voltaje, le ha parecido todo “desproporcionado” tanto por el volumen de juzgados como por el de la pena que solica el fiscal. Los otros 19 expedientes abiertos contra la organización suman, entre todos, más de 600.000 euros en multas.
Además, el buque Artic Sunrise, que navegaba en Canarias y fue retenido por el Ministerio de Fomento, necesitó el desembolso de una fianza de 50.000 euros para poder acudir a Valencia en apoyo de los juzgados.
“La dinámica es similar tanto en grandes procesos como en pequeñas causas”, insiste el abogado de Ecologistas. “La policía y la fiscalía engordan las imputaciones: atentado, desobediencia grave, daños... Y en muchas ocasiones se sale de los juzgados con sentencias por desobediencia leves”, pero claro, “el tiempo y esfuerzo que dedicamos a estos procesos no se lo dedicamos a argumentar en contra de proyectos que atentan contra el medio ambiente”.
La fianza protege a las empresas acusadas
Cuando llegan las sentencias contra esos proyectos, todavía existen más cortafuegos. Sin ir más lejos, planes con sentencias en contra que nunca han sido ejecutadas porque se establecía una fianza (caución) millonaria para proteger los derechos de promotores y empresas involucrados. Así, después de las denuncias, litigios, sentencias y recursos ganados en los tribunales, obras como la urbanización de lujo de Marina de Valdecañas (Cáceres) fue protegida por una caución de 41 millones de euros hasta que el Supremo dictó sentencia definitiva –en su contra–.
Otro caso similar es el del hotel almeriense El Algarrobico, cuya demolición se condicionó al desembolso de 35 millones por si se herían los intereses del promotor. La carretera M-501 en Madrid, una vez declarada ilegal, llevó aparejada una fianza de 497.000 euros para ejecutar la sentencia. Ninguna pudo abonarse.
Esta presión parece una versión española de lo que el periodista estadounidense Will Potter –autor del libro Los verdes somos los nuevos rojos– llamó “miedo verde”, un trasunto del “miedo rojo” que alimentó la Guerra Fría. Potter ha explicado cómo el activismo medioambiental ha sido encuadrado en el concepto “terrorismo ecologista” y perseguido con las mismas técnicas y legislación.
Potter explica a eldiario.es que la preocupación no es tanto de “la violencia de este movimiento como de los beneficios de muchas compañías afectadas por este movimiento”. Y especifica que “el ecologismo cuestiona muchos de los resortes de la economía actual: cómo producimos la comida, la ropa o el propio transporte”.
Este investigador asegura que “las corporaciones se sienten intimidadas por los activistas porque les ponen muchas veces en jaque”. Lo cierto es que la situación en EEUU tiene una dimensión mucho mayor: existe legislación específica contra cualquier actividad que atente contra las operaciones de una empresa que utilice animales. Se llama Ley del Terrorismo contra la Industria de los Animales. “Se ha llegado a crear toda una retórica amenazante”, remata Potter. “Terrorismo es terrorismo sin importar la motivación”, asegura que es el lema.
La ONG Igualdad Animal cree que se “está criminalizando al movimiento en defensa de los derechos de los animales”. “Vivimos tiempos de represión de la protesta. Una represión que viene del Gobierno, pero que también es impulsada por los lobbies de multinacionales”, cuenta a el cofundador de la IA, Javier Moreno. Según esta asociación, con el término “ecoterrorismo se engloba cualquier práctica para deslegitimarla socialmente”.
Miembros de Igualdad Animal y Equanimal están implicados en un proceso judicial en Galicia por la suelta de visones de unas granjas peleteras. Ambas organizaciones sostienen que su labor se centra en “la recopilación de imágenes, vídeos e informes que muestran cómo viven estos animales” y reiteran que conceptos como el de violencia ecologista se están utilizando para provocar animadversión contra el movimiento.
El proceso, “aún en fase de instrucción”, según cuenta un portavoz de la asociación, arrancó en junio de 2011 y tuvo una segunda fase de imputación en 2013. Los hechos que se investigan datan de 2007 y 2009. Moreno añade, además que el patrón se repite: “Se puede apreciar perfectamente en el caso del juicio a los activistas de Greenpeace, donde se solicitan penas y multas desorbitadas”.
“El medio ambiente no se defiende solo”, explica la jefa de campaña de Greenpeace, María José Caballero. Durante la presentación de la ley de Seguridad Ciudadana –conocida como ley mordaza– las ONG medioambientales ya alertaron de que el endurecimiento de penas y multas por actos de protesta parecían tener un destinatario conocido. “Siempre pagamos las multas que nos imponen”, así que si las cuantías se multiplican “nos podrían estrangular financieramente”, remata la ecologista.