La acumulación de investigaciones por pederastia en la Iglesia tiene entre paralizada y aún más dividida a la cúpula católica española. Los obispos que siguen la línea marcada por el papa Francisco y los ultra conservadores que se remueven y piden que se investigue cualquier institución viven una suerte de cisma que se ahonda como ha reflejado la Comisión Ejecutiva de este miércoles: han sido incapaces de hacer una comunicación.
“Nos encontramos en una especie de trampa saducea: si la Iglesia, con argumentos jurídicos, pusiera alguna dificultad para participar en esta investigación sería presentado como una negativa absoluta. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si la comisión se aprueba y en qué términos”. Hasta la fecha, esta ha sido la única respuesta oficial de la Conferencia Episcopal ante las distintas solicitudes de comisión de investigación de la pederastia clerical en España. Y así será, pues este miércoles, la Comisión Ejecutiva del Episcopado se ha reunido en Madrid, sin emitir nota alguna ni hacer la más mínima referencia a la pederastia, o al informe que la Fiscalía General del Estado daba a conocer este miércoles, que cifra en 68 los presuntos casos de abusos a menores en ámbitos religiosos que investiga.
Las anteriores declaraciones vinieron de boca del portavoz de la CEE, Luis Argüello, antes de que los obispos se retiraran, la pasada semana, de ejercicios espirituales. Durante una semana, la Iglesia oficial no ha querido responder a la pregunta de si participará en algunas de estas iniciativas, a las que han sido invitados, según fuentes del Gobierno. Representantes eclesiales, no obstante, niegan haber recibido invitación alguna.
¿Qué harán los obispos españoles frente a las diferentes comisiones de investigación planteadas por los partidos políticos, y solicitadas por las víctimas? Nadie lo sabe. Este mismo miércoles se esperaba alguna comunicación oficial por parte del Episcopado. No ha habido nada tras la reunión de su Comisión Ejecutiva, uno de los principales órganos de decisión de la Conferencia Episcopal –la Comisión Permanente no se verá hasta el 8 de marzo– y la Asamblea Plenaria, que agrupa a todos los obispos y que está convocada para el 25 de abril. Pero sólo hubo silencio. La Conferencia Episcopal española, como órgano colegiado, continúa sin hablar.
Cuando, al fin, los obispos hablen, lo harán profundamente divididos: desde hace meses, no han logrado consensuar una postura común ante la escalada de informaciones sobre los abusos a menores en la Iglesia española.
“Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, vamos a salir malparados”, afirma una fuente de la Casa de la Iglesia –sede de la Conferencia Episcopal–, que explica que, a lo sumo, lo que podía haber hecho la Comisión Ejecutiva era emitir una nota, pero no tomar decisiones que competen a cada obispo en particular. Y es que, pese a lo que pueda pensarse, la Conferencia Episcopal coordina, pero no manda. Y la decisión de acudir a una comisión o abrir unos archivos diocesanos corresponde a cada obispo. Esa es la norma por la que se rige esta institución.
Cada obispo responde ante el Papa
“El presidente de la Conferencia Episcopal no manda en las diócesis. Cada obispo sólo responde ante el Papa”, recalcan los expertos. “Durante los años de mandato de Rouco Varela, pudo parecer que sí, pero la realidad es que Omella no es el cardenal, no quiere serlo, y no podría, aunque quisiera, obligar a ningún obispo a hacer nada”, rematan.
Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, vamos a salir malparados
De hecho, el arzobispo de Barcelona es uno de los pocos que sí se ha movido para investigar los casos de abusos. Desde hace años, antes incluso de ser presidente del Episcopado, recibía, y enviaba, a Roma algunos expedientes que le llegaban, desde particulares a medios de comunicación. Su postura es clara: hay que investigar los abusos. ¿Es necesaria una investigación al estilo de la llevada a cabo en Francia o Alemania? Ésa es otra historia, como él mismo señaló al término de su encuentro con el Papa a mediados de enero.
Oficialmente, la Conferencia Episcopal cree que “no es conveniente” una investigación global de los abusos en su seno, sino que hay que apoyar “caso a caso” a cada víctima. De hecho, aunque los protocolos son claros a la hora de abrir una investigación, apoyar o reparar a las víctimas, lo cierto es que cada diócesis actúa como cree. “Y, a veces, como podemos”, analiza un miembro de una de las comisiones de ayuda a las víctimas.
En la Comisión Ejecutiva que dirige la cúpula católica se refleja, además, una profunda brecha entre los obispos respecto a este y otros temas. Así, entre sus miembros, podemos encontrar prelados que netamente apoyan las reformas del papa Francisco –no se puede deslindar la postura frente a la pederastia de los apoyos, y oposiciones, entre el episcopado español a este Papa, y una de las razones por las que Bergoglio no visitará Compostela este verano–, como Omella o el cardenal Osoro; y otros que denuncian “una causa general” contra la Iglesia, como el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz.
En las últimas semanas, otro de los miembros de la Ejecutiva, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, mostraba su “vergüenza” por los abusos sexuales, y se mostraba dispuesto a colaborar “en todo lo que esté a mi alcance para erradicar este mal en los espacios eclesiales y en todos los ámbitos”. El resto de la Ejecutiva, como la gran mayoría de los obispos, “esperan a que pase el temporal. Pero no pasará, esta vez no”, añaden fuentes episcopales.
Sensación de persecución
Porque este es el otro problema con el que se encuentran los obispos aperturistas y en línea con el Papa: la sensación, instalada entre la mayoría del Episcopado, más conservador, de una “persecución” contra la Iglesia a cuenta de los abusos. “¿Por qué no se investigan los abusos de otras instituciones?”, responden desde la Conferencia Episcopal que, no obstante, en los últimos días han optado por un perfil bajo que, según algunas fuentes, respondería a un cambio de estrategia. La idea, ahora, es poner el foco en las víctimas y no tanto en la fórmula de investigación, a la espera de que los políticos se pongan de acuerdo. Y, mientras, ganar tiempo.
En esta óptica puede entenderse el último vídeo grabado por el jefe de prensa de la Conferencia Episcopal, Josetxo Vera, en el que no aparece por ninguna parte la tesis de la causa general contra la Iglesia apuntada hasta ahora por su jefe directo, el obispo Argüello quien lleva varios meses sin ofrecer una rueda de prensa desde la sede de la CEE. La última fue en noviembre de 2021 desde Santiago de Compostela. Tras esta estrategia, algunas fuentes señalan la mano del sacerdote Silverio Nieto, responsable del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal, y que parecía haber sido condenado al ostracismo tras su implicación en la ‘Operación Kitchen’ y su nunca aclarado papel en la gestión de casos de pederastia en los últimos años.
Media docena de prelados reclamaron en la última Asamblea Plenaria un “estudio interno” que permitiera tener una fotografía de la realidad histórica de los abusos en España
Sin embargo, algunos piensan que hay que ir mucho más allá. Ya en noviembre, antes de que estallara el escándalo tras la entrega al papa Francisco de un informe por parte de El País, como adelantó elDiario.es, media docena de prelados reclamaron en la última Asamblea Plenaria un “estudio interno” que permitiera, al menos, a los obispos, tener una fotografía de la realidad histórica de los abusos en España. Una iniciativa que fue rechazada, pero que, unido al escándalo mediático de las últimas semanas, provocó que destacados obispos se salieran de la línea oficial y mostraran su disposición a investigar y reparar a las víctimas.
Osoro se va a ver al Papa a Roma
El más claro en este punto ha sido el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, quien curiosamente no ha participado en la Ejecutiva al encontrarse en Roma, donde este jueves será recibido por el Papa Francisco. Osoro, quien se perdió la reciente visita Ad Limina de los obispos españoles al Papa tras dar positivo en coronavirus (en Roma, los prelados no recibieron una reprimenda pública por su negativa a investigar la pederastia, pero sí un recuerdo de lo que han hecho la práctica totalidad de las diócesis), activó hace meses el Proyecto Repara, que acoge a víctimas de abusos de Madrid, y de otras diócesis.
Además, el Arzobispado madrileño ha desmontado esta semana los bulos defendidos dentro de la misma Iglesia acerca de las denuncias de abusos. Al tiempo, destacaba que “los casos del pasado son casos del presente (…). El dolor de las víctimas no prescribe. Es necesario investigar y denunciar los posibles casos de abusos”.
Otros obispos, como el de Canarias, José Mazuelos, o el de Zamora, Fernando Varela (el primero en anunciar una investigación interna del pasado en su diócesis) también se han mostrado a favor de investigar todos los abusos. También, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. Ninguno de ellos forma parte de la Comisión Ejecutiva que, por el momento (y con ella la representación oficial de la Iglesia española), continúa muda. “No hemos querido hacer una investigación, como Francia o Portugal, y ahora ya llegamos tarde. Y tal vez lo tengamos merecido”, concluye un obispo.
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