La nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, llega este jueves al Consejo Interterritorial de Salud como principal gestora de la pandemia de COVID-19. La presión política alrededor de las medidas contra la enfermedad, lejos de amainar, ha crecido un poco más durante las horas de transición al frente del Ministerio. La canaria ha avanzado una acción “continuista” respecto a la línea seguida por su antecesor, Salvador Illa. El ruido parece asegurado.
Hace solo una semana el Gobierno descartó revisar el estado de alarma para poder ampliar el toque de queda y que comience a las 20.00. “Lo vamos a estudiar. Lo valoraremos”, dijo entonces Salvador Illa después de que casi todas las comunidades autónomas expresaran ese deseo (excepto Extremadura, Madrid y Navarra). Sin embargo, la presión para adelantar dos horas el confinamiento domiciliario nocturno ha crecido.
Este lunes, el lehendakari, Iñigo Urkullu se reunía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de transferencia de competencias. Con todo, el político vasco aprovechó la cita para reclamar a Sánchez más herramientas –entre ellas, el toque de queda a las 20.00– para limitar la expansión del SARS-CoV-2. La entrevista fue en La Moncloa y Urkullu insistió en que era preciso endurecer las restricciones, por lo que es de esperar que su consejera de Salud, Gotzone Sagardui, defienda esa postura en el Consejo.
Solo un día después, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, enchufó de nuevo el altavoz del toque de queda y pidió que se escuchara “lo que es un clamor”. El presidente de la Xunta insistió en que se flexibilizara el horario: “Puedo asegurarles que no es un capricho sino una decisión sanitaria necesaria”. Feijóo pedía al Gobierno central que “rectifique”. El Gobierno gallego ha tenido que confinar perimetralmente a su población por concellos ante el avance de la enfermedad tras la relajación que admitió en navidades. También ha accedido a clausurar temporalmente los locales de hostelería, con lo que ya se ha granjeado imagen de dureza ante el coronavirus a costa de ciertos sectores económicos. Tras tomar estas medidas, ha trasladado la presión al Ministerio de Sanidad que representará Carolina Darias, pero también sobre el recién estrenado ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.
Urkullu y Feijóo han sido las voces que esta semana han insistido en la idea de que el decreto de Estado de Alarma se cambie para poder adelantar el toque de queda. Pero en esa línea están Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha o la Comunitat Valenciana, es decir, gobiernos autonómicos presididos por el PP y el PSOE. Sin embargo, la contribución más sorpresiva a los preparativos del primer Consejo Interterritorial de Darias como titular de Sanidad ha llegado, precisamente, de una comunidad autónoma que no se postulaba a favor de apretar las limitaciones: la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP) y su vicepresidente Ignacio Aguado (Ciudadanos). Ambos han hecho sus aportaciones en estas últimas 48 horas.
El martes, Díaz Ayuso pidió medidas más duras –“difíciles” las llamó– mientras ha permitido las reuniones en el interior de bares y restaurantes. De hecho, se resistió todo lo que pudo tanto a decretar el toque de queda a las 22.00 como a poner más restricciones la actividad económica en la región. Tanto que ante las tensiones dentro de su Ejecutivo debió celebrar una sesión especial en una casa aislada en el campo –propiedad de la empresa pública Canal de Isabel II– para tomar esas decisiones.
Luego, sin apurar las posibilidades del actual decreto de alarma, la presidenta ha espetado al Gobierno central “¿A qué está esperando a tomar medidas más difíciles?”. En su mano está imitar a sus compañeros de partido, como los propios Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco, que han cerrado la hostelería. Este miércoles su vicepresidente, Ignacio Aguado, ha ilustrado el sentir con el que Madrid llega a la reunión de consejeros de Sanidad y Salud: “No queremos adoptar más medidas. Si la situación empeorara, entendemos que es el Gobierno de España el que tiene que tomar cartas en el asunto”.
Con todo, la situación es muy similar a la que se dio hace algo más de una semana, cuando el Gobierno descartó las propuestas de llevar el toque de queda a las 20.00, e incluso peor en cuanto a indicadores como la incidencia acumulada de casos de COVID-19, que roza los 900, los ingresos hospitalarios y la ocupación de las UCI en España. El coordinador del Centro de Emergencias, Fernando Simón, explicó el lunes cómo los datos pueden indicar que el pico de la tercera ola se ha alcanzado.
Además, está pendiente la revisión del plan de vacunaciones. Aparte del reguero de casos de personas que han recibido el suero sin estar encuadrados en los grupos prioritarios, la estrategia tiene encima la amenaza de los incumplimientos del suministro acordado con las farmacéuticas. La Comisión Europea está en plena disputa con Astrazeneca, ya que el laboratorio se ha desmarcado de los envíos comprometidos, antes incluso de comenzar a remitir su producto. Fernando Simón subrayó hace unos días que el sistema español está capacitado para administrar las vacunas necesarias para tener inmunizado al 70% de la población en verano, pero “está el problema de si tendremos dosis”, admitió. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que paraliza su plan de vacunaciones dos semanas por falta de sueros tras haber administrado cientos de vacunas a personas no indicadas en el protocolo.
Mientras, otras comunidades autónomas han completado su primera fase de vacunación, por lo que este consejo debe concretar cuáles serán los siguientes grupos prioritarios a los que se inmunizará.