La Comisión de Exteriores del Congreso ha aprobado este jueves el convenio de adopciones entre España y Rusia que veta a los homosexuales. El texto no ha recibido ningún voto en contra y ha sido respaldado por 28 diputados con únicamente dos abstenciones en la comparecencia del ministro José Manuel García-Margallo.
En un trámite que ha suscitado poco debate, la comisión ha dado el visto bueno para que el convenio sea ratificado por el Parlamento y pase a ser efectivo. El hecho de que el Gobierno haya aceptado las condiciones del Ejecutivo de Vladimir Putin acerca de la prohibición a parejas de hecho o solteros a la hora de adoptar a un menor sólo ha levantado un reproche verbal del diputado de UPyD Toni Cantó, quien ha cuestionado al ministro García-Margallo: “¿Permitiría usted la firma de un convenio de adopción con un tercer país que no permitiera adoptar a gitanos, negros o católicos?”. Sin embargo, Cantó luego se ha abstenido en la votación.
Este convenio ha resultado ser una negociación entre la espada y la pared, ya que se daba la circunstancia de que había unas 160 familias españolas con los trámites de adopción avanzados y que incluso habían podido conocer a sus futuros hijos en viajes preparatorios en Rusia. Desbloquear esos expedientes ha pasado por rubricar los requisitos de Putin, que no sólo se limitan al veto a los homosexuales, sino que también impone la posibilidad de que Rusia haga un seguimiento a posteriori de los menores ya en España. Putin reservó el derecho de reclamar informes sobre la educación, el estado de salud y emocional de los adoptados.
Las propias asociaciones LGTB han analizado este convenio con mirada dividida. Si la Federación Estatal FELGTB censuró abiertamente el acuerdo y tildó a España de “cómplice de políticas discriminadoras”,El Colectivo de Gays y Lesbianas (COGAM) admitió que “a lo mejor es preferible que los niños vivan con una familia tradicional española a que siga en no se sabe qué condiciones en Rusia aunque estemos diametralmente en contra del contenido discriminatorio del convenio”. COGAM pide al Ejecutivo que profundice en convenios con “estados que sí respetan los Derechos Humanos” a la hora de permitir las acogidas de menores.