España va retrasada en reciclaje. Está lejos de la tasa del 50% marcada por la normativa europea para los residuos urbanos: la media española está en poco más del 34%. Es decir, un tercio de los 22 millones de toneladas de residuos municipales van a vertederos o se queman. “España no sale bien en la foto en cuestión de gestión de residuos”, ha admitido este lunes la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En esa foto, la media de la Unión Europea está muy por encima y llega al 47%. Este martes, el Gobierno prevé dar el visto bueno al proyecto de ley que debe acercar España a los niveles exigidos en Europa y no verse tan a la zaga de países como Alemania que alcanza una tasa del 66%, Eslovenia (59%), Austria (58%), Países Bajos (56%), Bélgica (54%), Italia (51%) o Dinamarca (51%). Finlandia, Suecia, Francia, Lituania y Letonia rebasan el 40%. España se sitúa al nivel de Hungría, Polonia o Chequia, según los recuentos de Eurostat.
Se trata de, primero, generar menos desechos y, luego, separar más para poder reutilizar y reciclar más. De paso, evitar un expediente de sanción y una posible multa ya que la Comisión Europea revisa, al menos desde febrero pasado, la situación española. El objetivo global es que la cantidad total de desechos que genere la economía española se reduzca un 15% respecto al volumen de 2010: 20 millones de toneladas menos respecto a los 137 millones de referencia.
La vicepresidenta Ribera considera que el proyecto del Ejecutivo va a “mejorar exponencialmente nuestras tasas de reutilización y reciclaje”. Prevén que ese porcentaje sea el 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035. En ese sentido, Transición Ecológica se ha decantado por un impuesto especifico sobre el depósito de desechos en los vertederos y la incineración porque “no es razonable que sea la opción más atractiva y menos costosa”.
La Alianza Residuo Cero (que aúna a organizaciones como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace o Retorna) considera que “la recogida de materia orgánica de los residuos municipales debe implantarse ya en 2022 y fijar el objetivo de recogida selectiva en el 75%”.
La basura plástica
En el núcleo de la generación de residuos están los plásticos de un solo uso. Con la idea de recortar creación de objetos y envases de plástico desechables, el Gobierno plantea un impuesto sobre objetos como vasos, tapas o cubiertos que iría a los productores: 0,45 euros por kilo de plástico.
La fecha inicialmente prevista para la prohibición de la venta de bastoncillos, cubiertos, platos, agitadores o las pajitas de plástico, el 3 de julio de 2021, ha quedado obsoleta por la tramitación. La previsión es que se ponga en marcha con la entrada en vigor de la ley –el trámite parlamentario suele demorarse unos cinco meses de media tras la entrada en las Cortes–.
También en cuanto a los plásticos de un solo uso, para 2023 los comercios no podrán ofrecer gratis los vasos para bebidas, tapas y tapones típicos de estos productos. Tampoco los recipientes o las cajas para alimentos que se consumen in situ o para llevar o tomarse en ese mismo recipiente. El texto dice que deberán cobrarse aparte. Existe una disposición para que los comercios de restauración tengan la obligación de ofrecer agua de grifo, además de embotellada, a los clientes que lo pidan. El objetivo es que en 2030 se hayan rebajado todos estos objetos un 70% respecto a los niveles de 2022 porque son un foco principal de basura.
Cada año unos ocho millones de toneladas de residuos llegan a los mares españoles, según los cálculos de Transición Ecológica. La mayoría son objetos de plástico y colillas de tabaco. Bastoncillos, pajitas, cubiertos, tapas… pero también gran cantidad de envases. Los recipientes desechados en un año equivalen al volumen necesario para llenar el estadio Santiago Bernabéu 45 veces.
Para los envases, Alianza Residuo Cero ha seguido apostando por un sistema de retorno en las tiendas (por parte de los clientes) de envases de agua, refrescos, zumos o cerveza “como ya han implantado en los últimos tres años 14 países y regiones de Europa para que no se abandonen latas y botellas masivamente”. En este sentido, Ecoembes, encargada de la recogida y reciclaje de envases domésticos, contrapone que los “sistemas colectivos”, como el que gestiona, “han demostrado durante años ser un motor para la consecución de objetivos y un elemento cohesionador a través de la colaboración público-privada”. Consideran que la ley “debe blindar la eficiencia en la gestión de estos residuos”. El proyecto prevé crear sistemas similares a Ecomebes o Ecovidrio para los textiles, los plásticos de uso agrario, los muebles y enseres.