Parece que España está preparada para pasar página en la gestión de la pandemia dos años después del estallido del virus. Los consejeros de salud y el Ministerio de Sanidad acordaron la semana pasada las bases de un cambio en la forma de vigilar la COVID-19: a corto plazo y de manera temporal, se dejarán de notificar todos los casos para centrarse solo en los graves y los que se den en entornos vulnerables. A largo, hay un compromiso para construir antes de 2023 una red centinela que a través de muestras sea capaz de ver de dar la voz de alarma si el virus cambia su tendencia.
Sin embargo, del acuerdo interterritorial quedó fuera una parte fundamental de la nueva “estrategia de transición tras la fase aguda de la pandemia”: el manejo clínico de los casos. Es decir, qué implicaciones tiene en el día a día de la gente que solo se confirmen casos muy contados. ¿Tendré que ponerlo en conocimiento del médico si tengo síntomas? ¿Y quedarme en casa? Esta previsto, confirman fuentes de Sanidad, que este sea el asunto central de la reunión de esta semana de la Comisión de Salud Pública y de la que saldrá previsiblemente una fecha de puesta en marcha que la ministra no quiso concretar en Zaragoza.
El encuentro estaba programado para el martes, pero finalmente se ha aplazado para el jueves, confirman fuentes de Sanidad. Llega en un extraño momento: tras muchas semanas de descenso, la tendencia se ha estancado y hay signos que indican que podría revertirse en consonancia con lo que ya está pasando en otros países europeos. El pasado viernes subió por primera vez la incidencia acumulada desde enero y en el mejor de los casos la caída se ha detenido en niveles de transmisión considerablemente altos: 430 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a los menos de 50 que se alcanzaron al final de la quinta ola.
Aunque los expertos sostienen que debemos esperar para confirmar que se trata de una nueva tendencia, el Gobierno observa de cerca el repunte y ya ha echado el freno con la retirada de la mascarilla en interiores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que sería “muy pronto”, pero en las últimas declaraciones alejó el horizonte y se encomendó al criterio de los técnicos: “Vamos a ver si este mes ya podemos rebajarla del todo [la incidencia] y tener un escenario homologable a otros países que con incidencias más altas han tomado la decisión”, explicó ante la prensa al término de la cumbre de líderes europeos en Versalles el pasado viernes.
La propuesta de la Ponencia de Alertas, el órgano técnico encargado del asesoramiento, está lista desde hace dos semanas y los consejeros han tenido este tiempo para estudiarla y objetar aquello que no les convencía. La estrategia, cuya entrada en vigor no se espera de manera inmediata, supone un cambio de paradigma: de centrarse en reducir la transmisión del virus para evitar un alto número de casos graves hacia dirigir las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorizar solo los casos graves.
Con este giro, Sanidad y las comunidades esperan “recuperar el funcionamiento del sistema sanitario y garantizar la adecuada asistencia sanitaria a la población”, pero en ningún caso supone declarar el fin de la epidemia en España. “Pese a los cambios en su epidemiología, la epidemia no ha terminado”, advierte el documento que se va a someter a debate y que podría revertirse si la situación vuelve a empeorar.
¿Tendré que aislarme si tengo síntomas?
Es el cambio que más afecta al día a día de la población. Los contagiados por el SARS-CoV-2 deben aislarse hasta ahora durante siete días, lo que implica, incluso en casos leves y asintomáticos, avisar a las autoridades sanitarias y tramitar bajas laborales. Varias comunidades y organizaciones de empresarios han presionado en los últimos meses para reducir estos tiempos sin que la demanda haya fructificado.
Ahora el giro es total: para la población general que no presente complicaciones, lo previsto en la nueva estrategia es que ya no sea obligatorio permanecer en casa una semana, aunque se recomienda reposo sin salir hasta que “desaparezca la fiebre o se presente mejoría de los síntomas”. El plan receta teletrabajo en estas situaciones “siempre que sea posible”, usar “de manera constante la mascarilla”, reducir interacciones sociales, evitar ver a personas vulnerables y no acudir a eventos multitudinarios durante los diez días siguientes al inicio de síntomas. Es una consecuencia lógica de la decisión de confirmar y contabilizar solo los casos graves o los que se producen en entornos vulnerables.
¿Y si cuido a personas vulnerables en casa o en una residencia?
Si nada cambia este martes, son salvedades a la norma general. La nueva estrategia vuelca los esfuerzos en controlar los contagios entre personas mayores y enfermas que siguen siendo vulnerables al virus y deja de lado el seguimiento de la población sana que se infecta. Con esta filosofía, las personas que trabajan en entornos vulnerables (centros sanitarios, sociosanitarios, penitenciarios o de día) o son cuidadores no desempeñarán su función en los cinco días siguientes al diagnóstico o al inicio de síntomas. Antes de volver y siempre que lleven un día sin sintomatología se les hará un test de antígenos. Si son negativos se podrán reincorporar; si no, se les repetirá la prueba cada 24 horas. En las residencias de mayores solo se hará test a los “trabajadores en contacto directo” con los mayores, el resto retornarán a su puesto cinco días después sin necesidad de prueba.
¿En hospitales y residencias se mantendrán los dos circuitos?
Sí. En esto no hay cambios previstos. Los residentes positivos serán aislados durante cinco días al menos y siempre que hayan finalizado los síntomas, además de estudiar todos los contactos estrechos para impedir que se extienda. Es uno de los pocos entornos donde se va a mantener el rastreo. Para el resto, desaparece. En estas situaciones, a los contactos se les prescribe prueba diagnóstica entre los tres y los cinco días.
En los hospitales se mantienen también los dos circuitos: los contagios “deberán estar aislados durante su estancia en el hospital” hasta que tengan una PCR negativa o positiva pero con cargas virales bajas. Tras su alta, no se les indicará aislamiento pero se recomienda que permanezcan en casa “si la clínica se mantiene”.
Pruebas diagnósticas limitadas: ¿para quién y en qué circunstancias?
España ya redujo en diciembre los protocolos para la realización de PCR en los centros de salud. Fue casi a la fuerza, por la avalancha de contagios que supuso la variante ómicron. Desde entonces, los antígenos se han impuesto a las PCR y estas últimas están solo reservadas a los casos hospitalarios o a los pacientes vulnerables y sus convivientes.
La nueva estrategia acota mucho más las pruebas: solo se confirmará el diagnóstico con una prueba en las personas mayores de 65, las embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos o los ámbitos vulnerables. Varias sociedades médicas han planteado en los dos últimos meses que la nueva estrategia debía tomar estos derroteros para evitar el colapso de la Atención Primaria. También se hará una PCR o antígenos a las personas que hayan estado en los últimos 14 días en una región donde circule una variante nueva que no tenga transmisión comunitaria en España y a los migrantes que llegan en situación irregular, concreta el texto, además de aquellas personas que requieran ingreso en el hospital.
A partir de ahora, los test de antígenos caseros no se contabilizarán en las estadísticas.
¿Cuándo entran en vigor los cambios?
Es la gran incógnita. Inicialmente, la estrategia recogía que los cambios no podrían ponerse en marcha hasta que el nivel de riesgo no fuera bajo en la ocupación hospitalaria y de UCI a nivel nacional, al menos la mitad de las comunidades estén en esta situación y los indicadores hubieran registrado una tendencia descendente durante dos semanas. Pero los técnicos están debatiendo cambiar estos criterios para fijarlos, más bien, en porcentajes poblacionales, según ha podido saber elDiario.es. La Ponencia de Alertas, en todo caso, debe constatar que se cumplen los indicadores y comunicarlo a la Comisión de Salud Pública antes del cambio de estrategia, con lo que es previsible que la aplicación se aplace al menos una semana.
¿Se puede revertir la estrategia?
Saltar de fase supone un “punto de inflexión” que implica también “gestionar los riesgos”, advierte la nueva estrategia, que admite que es tiempo de “evaluar qué niveles de riesgo residual son aceptables para la sociedad sopesando el impacto social de las medidas de control y la disminución observada en la gravedad”. Este es uno de los puntos de tensión que se replican a varios niveles sociales en las últimas semanas: de un lado los que asumen que ha llegado el momento de dar un paso adelante considerando el buen poso inmunitario y constatar que los hospitales no se han desbordado por completo en la sexta ola (aunque los daños han sido graves); del otro, aquellos que consideran que es prudente esperar un poco más, sobre todo por la protección de las personas vulnerables al virus, para las que infectarse, pese a estar vacunados, puede ser mortal.
La nueva estrategia se concibe como un plan “reversible” si las cosas vuelven a empeorar. “Es importante esta reversibilidad de la estrategia”, incide el documento, “ya sea por una peor evolución de los indicadores de gravedad o por la aparición de nuevas variantes”. De hecho, se indica a las comunidades autónomas que conserven el despliegue “extraordinario” para la vigilancia y control de la COVID-19 y que garanticen que “se puede reactivar” si la situación se deteriora de nuevo.
La reunión entre los consejeros de salud y el Ministerio de Sanidad en Zaragoza acordó a través de una declaración institucional varios puntos contenidos en la estrategia: los relativos a la vigilancia del virus.
Solo casos graves o de ámbitos vulnerables. La vigilancia se basará, cuando se apruebe el documento, en “la notificación de casos confirmados de personas con factores de vulnerabilidad o asociadas a ella y de casos graves”, aunque se pide estudiar las bajas laborales (llamadas técnicamente IT) y las aguas residuales como “información complementaria”. El impacto en la mortalidad se estudiará a partir del Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo).
La estrategia que se va a discutir este martes concreta que los positivos seguirán siendo de “declaración obligatoria en todos los niveles”, pero se enviarán semanalmente. Para ver la tendencia de casos leves, la información se tomará de las redes centinela que ya vigilan las enfermedades respiratorias (códigos IRA), entre ellas la COVID-19 “en las comunidades que puedan disponer de estos datos de forma automática”.
Los brotes solo se vigilarán en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión o en otros ámbitos que se consideren de interés, acordaron en Zaragoza todas las partes. Esto significa que desaparece el rastreo tal y como lo hemos conocido: no se intentará localizar a los casos estrechos, salvo si los contagios se dan en zonas de riesgo como una residencia de mayores. Esto ya había desaparecido en la práctica al decretarse la eliminación de las cuarentenas de todos los contactos.
Más esfuerzo para detectar nuevas variantes. La declaración unánime de Sanidad y los consejeros les compromete a garantizar la capacidad suficiente de medios diagnósticos para la detección de nuevas variantes, con un nivel adecuado de secuenciación. La nueva estrategia asume que ómicron puede no ser la última variante de preocupación. “Durante 2022 y los próximos años podrían surgir otras con diferentes características de transmisibilidad, escape inmunológico y gravedad”, dice el último documento que manejan los técnicos, que indica que el muestro seguirá siendo aleatorio. Sin embargo, la nueva estrategia es más ambiciosa que la anterior y marca secuenciar el 100% de las muestras si la circulación es muy baja y el 20% si es alta. En la sexta ola se estaban secuenciando de media un 5% de las PCR para identificar variantes.