El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están a punto de dar un giro en la vigilancia del coronavirus tras dos años de pandemia. El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado este jueves un plan cuyo principal cambio es que ya no se contabilizará cada caso, sino solo los graves o los que se den en personas vulnerables frente al enfoque actual de hacer un seguimiento de toda la población infectada. Esta nueva estrategia, adelantada por elDiario.es, es una especie de paso intermedio antes de saltar a una vigilancia a través de redes centinela, como las que se usan en la gripe, que se pondrá en marcha en 2023, según ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
El sistema transitorio será “capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal”, dice la declaración institucional que ha resultado de la reunión entre Sanidad y los consejeros. Además de vigilar individualmente solo los casos graves y en ámbitos vulnerables, la estrategia incluye también el seguimiento de brotes en entornos más vulnerables o en riesgo de exclusión social y obliga a mantener los sistemas de información desarrollados para el seguimiento de la COVID-19 “ante el riesgo de cambios negativos en el curso de la pandemia”.
En la transición, las comunidades que tengan redes centinela de Atención Primaria desarrolladas también aportarán la información de los casos leves detectados, se estudiarán la bajas laborales y también las aguas residuales para obtener información complementaria, ha explicado la secretaria de Estado, Silvia Calzón, en la rueda de prensa de prensa posterior al encuentro.
¿Cuándo entrará en vigor? La Ponencia de Alertas, formada por técnicos de Sanidad y de las comunidades, elevará la propuesta a la Comisión de Salud Pública la próxima semana, ha detallado la ministra. Los documentos que se han manejado hasta ahora contemplan esperar para dar el salto a que la ocupación hospitalaria y de UCI a nivel nacional estuviera en un nivel de riesgo bajo. También en al menos en la mitad de las comunidades, una condición que ya se cumpliría con las cifras actuales.
Darias ya anunció la semana que pasada que los informes diarios, tanto de vacunación como de contagios, dejarían de publicarse para pasar a ser semanales (viernes) o bisemanales (martes y viernes) en el caso de los datos del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias. Una vez se apruebe la nueva estrategia de transición, ya no se contarán.
El paso implica poner fin a la vigilancia exhaustiva, a la que los técnicos veían cada vez menos sentido teniendo en cuenta los altos niveles de inmunidad de la población que han reducido “drásticamente” la letalidad y los enfermos graves. La exigencia ha sido tan alta en estos dos años que ha dejado a los profesionales exhaustos, tanto sanitarios como de salud pública encargados del seguimiento de casos. La ministra ha justificado que es momento de empezar la transición basándose en dos cuestiones: “la enfermedad tiene unos rasgos epidemiológicos que van cambiando”, en referencia a la menor levedad, y hay una “mayor inmunidad” dada la alta cobertura vacunal de la población y la reciente avalancha de contagios en la sexta ola.
Dejar de contar todos los casos implica necesariamente manejar de manera diferente la enfermedad. Habrá que esperar para conocer qué perfiles de personas tendrán acceso a las pruebas diagnósticas y cómo se van a gestionar los aislamientos. La ministra no ha querido responder a estas preguntas. En el borrador de la estrategia de transición que adelantó este medio, PCR y antígenos quedaban limitados a mayores de 65 años, inmunodeprimidos, embarazadas o ámbitos vulnerables, además de casos graves. Sin diagnósticos, los aislamientos de positivos pasarían de ser obligatorios a recomendados, salvo si se trabaja o cuida de personas vulnerables, siempre de acuerdo al documento de la Ponencia de Alertas que será presumiblemente el que se eleve a la Comisión de Salud Pública la semana que viene.
Un nuevo sistema de vigilancia global
El cambio en el sistema de vigilancia no solo va a afectar a la COVID-19, sino que incluye modificaciones más profundas y que afectan a todos los sistemas epidemiológicos de las comunidades. Darias admite que la pandemia ha puesto en evidencia “las debilidades” de las estructuras de salud públicas y las “mejoras que había que acometer”. Cuando estalló la pandemia, faltaban recursos humanos por todas partes y eso dificultó la gestión de los datos. Hará falta, por tanto, captar personal y evitar que se marche, así como mejorar los sistemas informáticos. España tiene una deuda histórica con este sector: la ley de Salud Pública de 2011 nunca se desarrolló adecuadamente y la emergencia ha puesto las carencias sobre el espejo.
Los consejeros se han comprometido con Sanidad, a través de la firma de la declaración de Zaragoza, para constituir una Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública que integre las redes nacionales y las regionales. La vigilancia no se limitará a las enfermedades transmisibles, sino que se ampliará a “no transmisibles, violencia y lesiones, determinantes sociales de la salud e inequidades en salud” e integrará la información procedente de otros sistemas de vigilancia como “farmacovigilancia, salud animal, seguridad alimentaria o sanidad ambiental” para lograr un “enfoque integral en salud pública”.
Sanidad y las comunidad emplearán los fondos europeos para poner en marcha este “ambicioso compromiso”, en palabras de la ministra. El dinero de los Next Generation también se va a invertir en la “transformación digital de la Atención Primaria” con el fin de hacer posible la extracción de las historias clínicas. “Va a ser importante en la vigilancia de las infecciones respiratorias aguas”, ha precisado Darias.
Cómo se construirán las redes centinela
Varias comunidades ya han avanzado en la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas de forma amplia, más allá de la gripe. Es un sistema coordinado con la Unión Europea aunque no todas las comunidades lo han puesto en marcha. Dos de ellas ya lo han incorporado a la Atención Primaria y diez en los hospitales, de cara a seguir los casos graves. El sistema centinela está formado por centros voluntarios que se encargan de identificar los casos y a partir de esas muestras representativas se extrapola la situación epidemiológica a todo el territorio. Se puede decir que es una forma de hacer una buena fotografía de cómo se comporta el coronavirus, en este caso, afinando qué información es más útil recabar. Todas las comunidades están de acuerdo, según Calzón, en tener lista la implementación antes de abril de 2023.
El Ministerio de Sanidad, las comunidades y ciudades autónomas en colaboración con el ISCIII determinará el tamaño de la muestra necesario para la futura vigilancia epidemiológica de la población centinela de las IRAs, ha informado Sanidad. Y después un grupo de trabajo “elaborará una propuesta complementaria basada en el uso de SERLAB en dicha población centinela, que servirá de impulso para las comunidades que estén en proceso de incorporación a SIVIRA”.