Madrid vivió la madrugada del 17 de diciembre de 1983 una de sus mayores catástrofes: un incendio en la sala Alcalá 20 que acabó con 82 víctimas mortales. Las llamas se extendieron rápidamente tras prenderse las cortinas del escenario y la sala se convirtió en una ratonera sin salida. El fiscal recogió en su escrito, que fue asumido mayoritariamente por la sentencia, que la única manguera que había era corta y no alcanzó a calmar el primer foco; tampoco los extintores, según las crónicas que se publicaron entonces.
Las imágenes de tres discotecas de Murcia envueltas en llamas la noche del sábado devolvieron a muchos de golpe a 40 años atrás. Han muerto 13 personas – ya todas identificadas– en un local, la Fonda Milagros, que debía haberse cerrado en octubre de 2022 pero siguió funcionando ante la inacción del Ayuntamiento de la localidad. No tenía licencia de actividad. La Justicia ya está investigando los fallecimientos como homicidios imprudentes. Hace cuatro décadas el Ministerio del Interior de España fue condenado por las 81 muertes, ¿siguen siendo las discotecas espacios inseguros? ¿Qué no ha cambiado en las leyes para que un hecho así –con sus similitudes y diferencias– pueda repetirse?
Los expertos consultados coinciden en que hay más preocupación por cuestiones como el ruido, los aforos y la seguridad en general. Lo que era considerado una actividad “puramente económica” ahora tiene en cuenta otros factores y así lo recogen los reglamentos que desarrollan las leyes reguladoras, explica Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela.
La tragedia de Alcalá 20 forzó al Ayuntamiento de Madrid a aprobar la primera ordenanza de prevención de incendios, y la del Madrid Arena obligó a modificar la ley de espectáculos para poner más coto a los aforos
“Las exigencias de las licencias han cambiado mucho y ahora encontramos riesgos incontrolados en muy pocos casos si se cumple la normativa”, valora Pablo Garriz, presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego (Aself), que recuerda que la tragedia de Alcalá 20 forzó al Ayuntamiento de Madrid a aprobar la primera ordenanza de prevención de incendios. Madrid Arena, donde cinco jóvenes murieron aplastadas por una avalancha humana en 2012, obligó al Gobierno municipal y regional de Madrid a modificar la ley de espectáculos para poner más coto a los aforos.
Con el paso de los años, y muchas veces a golpe de tragedia, las recomendaciones se han convertido en obligaciones. Por ejemplo, cita Garriz: las escaleras de los locales deben tener una inclinación y un tamaño de los escalones concretos para evitar que la gente se caiga en una posible evacuación; los pasillos deben tener un determinado ancho en función del aforo permitido; las salas tienen que estar compartimentadas para que haya elementos que actúen de cortafuegos y se controla la combustibilidad –la capacidad de arder– de los materiales.
Para quien hace bien las cosas las declaraciones responsables facilitan, pero para quien tiene intención de saltarse las normas son un agujero
Sin embargo, esta tendencia convive con otra: la “desregulación”. La reducción de los trámites administrativos –en nombre del neoliberalismo o de la agilidad para hacer los papeleos– ha lastrado el control público sobre la actividad de estos locales de ocio, dice Nogueira. “Si relajas por un lado sustituyendo las licencias por declaraciones responsables que permiten iniciar la actividad si el promotor asegura que conoce la normativa, se deben reforzar por otro las inspecciones, cosa que no han hecho la mayor parte de las administraciones”. El origen de esta desregulación está en la directiva europea 123/2006 relativa a los servicios del mercado interior, que fue adaptada a la legislación española en 2009 a partir de dos normas. Ambas hicieron una “interpretación extensa para desregular a mansalva”, según la catedrática de Derecho Administrativo.
“Para quien hace bien las cosas las declaraciones responsables facilitan, pero para quien tiene intención de saltarse las normas es un agujero”, asegura Garriz, con experiencia en la administración. El presidente de Aself considera que permitir a los negocios echar a andar firmando únicamente que respetan la legalidad “carga a la administración de labores de fiscalización que no puede asumir”. “Hasta que pasan los inspectores para revisar –agrega– pueden pasar meses o años”.
Lo mismo pasa cuando hay que revisar una orden de cierre para comprobar si efectivamente el establecimiento ha dejado de funcionar o, en el caso contrario, proceder a cerrar forzosamente, como ocurrió en Murcia. Según los medios locales, un inspector revisó la situación pero no ordenó el precinto del local. Sin embargo, no está claro si el funcionario municipal llegó a personarse en la Fonda Milagros para hacer la comprobación in situ.
Esto arroja un poco de luz sobre la situación inexplicable –y completamente fuera de la legalidad– que se dio en Murcia. El teniente de alcalde de Planificación Urbanística del Ayuntamiento, Antonio Navarro, aseguró en medio de la crisis que era “imposible tener constancia de si un local está abierto o no, aunque exista orden de cierre”. Una declaración rocambolesca si no fuera porque esta labor está en manos de un cuerpo de inspección cuyas plantillas están mermadas en toda España. En Madrid, por ejemplo, el grupo encargado de velar por que los pisos turísticos cumplan las normas –la práctica totalidad son ilegales– se ha reducido a la mitad.
Fonda Milagros, en cuya primera planta, que cedió por las llamas, se sospecha que estaban los fallecidos, era el resultado de la división en dos de la discoteca contigua Teatre. Ninguno de los dos locales tenían el permiso del Ayuntamiento de Murcia para estar abiertos al considerar el consistorio, del PSOE entonces, que la modificación que había supuesto la fragmentación era sustancial y requería una nueva licencia. La empresa intentó legalizar la situación pero recibió una orden de cierre hace un año.
Pocos inspectores, mano ancha para los hosteleros –al menos para iniciar actividad– y, a la vez, una administración que funciona lenta porque los informes –esta es la paradoja–han sido cada vez más numerosos con el fin de garantizar la seguridad son ingredientes de un cóctel peligroso que cuestionan la idea de que los controles ahora funcionan mejor.
Es un cúmulo de negligencias que ha terminado en tragedia. Habrá seguro un debate jurídico y el juez será quien determine quién es responsable
Representantes del sector defienden que la seguridad de los locales de ocio nocturno en España es “alta” aunque admiten que es “complicado para los clientes saber si están entrando en un espacio seguro”. Quien habla es Joaquim Boadas, secretario de la patronal nacional 'Spain Nightlife'. La organización ha impulsado una autorregulación que otorga un sello de calidad a las salas que cumplen hasta 85 requisitos que exceden las exigencias fijadas por ley para maximizar la seguridad.
Solo 26 locales en España tienen este distintivo, según datos de la patronal, que pide aclarar si el Ayuntamiento de Murcia notificó correctamente la orden de cese de actividad a los propietarios de la discoteca Teatre. “En todo caso es un cúmulo de negligencias que ha terminado en tragedia. Habrá seguro un debate jurídico y el juez será quien determine quién es responsable”, anticipa Boadas.
Los requisitos para tener una licencia
Los ayuntamientos son las instituciones competentes para gestionar y autorizar tanto las licencias como las declaraciones responsables, pero las regulaciones que rigen sus actuaciones son autonómicas, a través de las leyes regionales de espectáculos públicos, que a su vez contienen las máximas que dicta el marco nacional: la ley de procedimiento administrativo. Por otro lado están las normas de edificación y construcción que son nacionales y contienen también algunas obligaciones.
Los requisitos para obtener la licencia de actividad suelen incluir un proyecto técnico con la ubicación, el tipo de actividad o los horarios de apertura, a lo que hay que añadir otros documentos: un certificado de seguridad contra incendios, de acondicionamiento acústico o de cumplimiento de la normativa sobre el ruido, según la web de LICMAD, una entidad privada colaboradora del Ayuntamiento de Madrid autorizada para desarrollar las funciones de verificación y control urbanísticas. La venta de bebidas alcohólicas, por otra parte, necesita un permiso específico y es necesario, para abrir una discoteca, contar con la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para manipular alimentos en los locales.
Garriz pone como ejemplo de lo que no hay que hacer lo que ocurrió en el restaurante Burro Canaglia Bar&Resto de Madrid. El local cambió de propietarios y se redecoró con plantas artificiales que resultaron arder en cuestión de segundos. Esta modificación nunca se comunicó al Ayuntamiento. Tres personas fallecieron. “Sobre plano el arquitecto te hace un diseño que cumple con la ley pero luego un visionario propone una decoración con un montón de plásticos y además al local se le ocurre hacer un plato flambeado. La normativa no está para ser incómoda sino para garantizar la seguridad”, concluye el presidente de Aself.