La escalada de precios de los minerales impulsa un repunte de la minería en España

“Afortunadamente, la minería ha vuelto a la zona de Río Tinto”. La frase la dice uno de los guías turísticos que muestra con orgullo los restos de la historia minera de la comarca onubense: el surgimiento de agua subterránea que provocó la excavación o los túneles de las galerías por donde transitaban las vagonetas. La compañía Atalaya Mining reactivó la extracción de mineral hace tres años y los pueblos de la zona lo vieron como una bendición: “No sabemos hacer otra cosa”, remata el guía. Los yacimientos se abandonaron no por falta de mineral o sus daños ambientales, sino porque no daban beneficios.

Sin embargo, la creciente demanda mundial de materiales como el cobalto, el cobre, el litio o el wolframio ha multiplicado el interés de la industria y los proyectos mineros en España. Subió el precio y se han vuelto rentables tras décadas de no suponer una inversión atractiva.

El precio internacional del cobalto se disparó un 127% en 2017. El del cobre, un 30%. El del wolframio, un 27%. El precio del litio casi se ha doblado desde 2015. En España se han activado proyectos mineros que buscan, precisamente, todos estos materiales. De hecho, el empujón de la minería española es cualitativa: afecta mucho a estos minerales metálicos de los que solo había seis explotaciones en 2015, según el Ministerio de Industria. El sector en España, de peso relativo, estaba centradísimo en materiales de cantera: el 74% de las explotaciones y los empleos están adscritos a esta variedad que abarca arcilla, arena, grava, granito…

Destrucción física y generación de residuos

Pero la riqueza del subsuelo se encuentra localizada: los yacimientos están donde están y no pueden trasladarse. Así que el medio ambiente se sitúa en medio del camino para subirse a la nueva ola del negocio minero español: la destrucción física para crear la explotación y la generación de residuos tanto al extraer el mineral buscado como al procesarlo para obtener el material económicamente aprovechable. Ante las preocupaciones y protestas por la degradación ambiental de los habitantes y grupos ecologistas, los promotores normalmente minimizan los daños ecológicos que se achacan a sus proyectos.

Detrás de esta nueva fiebre por los metales se encuentran empresas como la chipriota Atalaya Mining –al frente de los proyectos de cobre de Río Tinto (Huelva) y Touro (La Coruña)– o la canadiense First Quantum (Cobre Las Cruces, en Sevilla). La británica W Sources lidera el proyecto de wolframio en La Parrilla (Extremadura) para lo que ha tenido que financiarse con el fondo estadounidense Black Rock. La irlandesa Ormonde Mining utiliza a la sociedad Saloro para la mina de wolframio en Barruecopardo (Salamanca) aunque detrás de ellos está el fondo Oak Tree. Mining Hill’s también buscará este metal en Abenójar (Ciudad Real). La mina de uranio a cielo abierto de Retortillo (Salamanca) es de la australiana Berkeley. También wolframio y oro pretende hallar la australiana Apollo Minerals en una concesión de 55 km2 en el pirineo leridano. 

No quedará ahí: hace poco más de un año, el Instituto Geológico y Minero de España terminó una campaña de exploración que confirmó grandes yacimientos submarinos de cobalto, níquel o teluro al sur de Canarias. El fondo marino es la nueva frontera minera.

La antropóloga Yayo Herrero considera que “una vez que se va topando con el límite del planeta empiezan a ser rentables minas que no lo eran, como en España. Fruto de un modelo económico de acumulación y que se dirige hacia la electrónico y la robotización”. De hecho, el Banco Mundial calculó en septiembre de 2017 que la demanda de los minerales asociados a la economía de bajo carbono (como el coche eléctrico o los paneles solares) crecería un 1.000% en las próximas décadas. “Sí, pero una transición justa hacia el modelo de energía renovable debería suponer una reducción de uso de energía, sobre todo por parte de los que la sobreutilizamos. En un contexto de minerales finitos, está pendiente un debate sobre cuál es la prioridad”, reflexiona Herrero.

Las explotadoras, por su parte, muestran las declaraciones de impacto ambiental que les has autorizado a seguir adelante con sus planes. Los proyectos de wolframio en La Parilla y Barruecopardo tienen el visto bueno ambiental de los gobiernos autonómicos. Saloro explica que su mina de wolframio en Salamanca mereció la aprobación “por las amplias medidas compensatorias y correctoras presentadas por la compañía”.

También tiene este permiso verde la mina de Abenójar aunque la responsable, Mining Hills, ha pedido que se le prorrogue su vigencia porque se le echan los plazos máximos encima (la organización Ecologistas en Acción dice que están incumpliendo las condiciones impuestas por el documento ambiental). En Touro todavía está en trámites, según informa la Xunta de Galicia. En la mina de uranio de Retortillo, el Procurador del Común ha pedido que se haga una nueva declaración por haber cambiado el proyecto por el camino. La promotora Berkeley ha dicho que no es cierto tal cambio.

La “minería sostenible”

Para el Colegio de Geólogos, “la minería actual es sostenible, no hay ningún proyecto minero que se plantee sin un escrupuloso respeto por el medio ambiente”. Y añade que “importar minerales de China o Brasil tiene mayor impacto ambiental que explorar recursos propios”. Su presidente, Manuel Regueiro, sostiene que “la gestión sostenible minera está ahí: gracias a las innovaciones tecnológicas, los estudios de impacto ambiental y los proyectos de rehabilitación de las zonas afectadas”. A pesar de este análisis, tres proyectos han sido paralizados recientemente por motivos ambientales: el de tierras raras en Ciudad Real, uno de feldespato en la Sierra de Ávila y otro de litio en Cáceres (este todavía con posibilidades de retomarse).

Precisamente la minera que abandera esta proyecto de litio estancada en Extremadura, Plymouth Mineral (asociada con Valoriza del grupo Sacyr), explicaba que su proyecto “está diseñado para reducir el impacto en el entorno y prevé la restauración completa y progresiva del paraje, con una inversión de 16 millones de euros”. El director general de Berkeley en España, Francisco Bellón, considera que la mina de uranio en Salamanca acabará beneficiando al ecosistema: “Se están talando encinas, pero también plantando. El balance de todo es más positivo que no hacer nada”, ha dicho (aunque las plantaciones son a 40 kilómetros de la zona deforestada).

Consciente de que casi la única oposición a los desarrollos mineros llega desde la preocupación medioambiental, la dueña del proyecto de Touro, Atalaya Mining, puso en marcha el 15 de marzo unas oficinas en A Coruña para contrarrestar su mala imagen. “El objetivo de estas dos oficinas es explicar de manera transparente cualquier aspecto del proyecto que pueda ser de interés para la ciudadanía”, ha explicado.

En 2015, el Gobierno modificó el reglamento de la ley de Responsabilidad Medioambiental. “Básicamente se alargaron los plazos y recortaron las condiciones para que las empresas tuvieran que presentar garantías y fianzas económicas para hacer frente a esa responsabilidad”, explica la abogada Cristina Álvarez Baquerizo. La Federación de Áridos lo consideró “un gran éxito” de labor de lobby.

Álvarez Baquerizo, que ha analizado la situación legal de la minería para SEO-Birdlife, explica que “tratándose de una ley de 2008, en 2018 todavía las mineras no han tenido que aportar esas garantías”. Por lo general, “no se restaura, porque no se exigen las reglamentarias fianzas y garantías, y a falta de estas, los presupuestos no son suficientes para que la Administración aborde la restauración de manera subsidiaria”, describe.  La letrada opina sobre el boom: “Además del interés económico, las empresas se apresuran mientras la legislación les es favorable”.

También tienen viento a favor desde Europa en el sentido de que la Unión Europea considera que “todas las materias primas son importantes para la economía europea”. Y, además, algunas las clasifica como “críticas” por su “relevancia” y “riesgos de suministro”. Una lista de 27 elementos entre lo que se incluye el wolframio, los silíceos, las tierras raras…. ¿Cuál riesgo de suministro? Que provienen de terceros países: China y Rusia sobre todo. Así que cualquier fuente interna de mineral es mirada, a priori, con buenísimos ojos. La minera Saloro explica que “el suministro de wolframio generado y disponible en Occidente es muy limitado porque China ha pasado a ser importador a pesar de tener el 80% de la producción mundial”. Su yacimiento en Salamanca “está en disposición de generar alrededor del 10% de la producción mundial no procedente de China”. Prevén que su inversión esté rentabilizada en dos años.

La promesa de empleo

En una conversación con eldiario.es, el director internacional de Berkeley, Paul Atherley, mostraba las solicitudes de empleo que estaban gestionando en Retortillo a través de una empresa de trabajo temporal. La creación de empleo es un argumento ofrecido por las mineras. En el yacimiento de wolframio de La Parrilla se calculan entre 300 y 350 puestos de trabajo. Para los filones de Barruecopardo y Abenójar, se asignan 140 y 175 empleos directos. Los promotores de la mina de cobre de Touro dicen que creará 400 empleos.

Sin embargo, José Ramón Barrueco, de la plataforma contra la mina de Retortillo Stop Uranio, cuenta que “ahora ya es más un tema social que medioambiental. Lo peor es la conflictividad que se ha creado”. Sin ir más lejos, el 3 de marzo pasado, en el pleno municipal de uno de los pueblos afectados, Villavieja de Yeltes, cuyo alcalde es contrario al proyecto, un grupo de trabajadores de Berkeley acudió como público. Todo normal. Excepto que se presentaron vestidos con sus ropas de faena. Barrueco reflexiona “se utiliza a los trabajadores como ariete contra los que nos oponemos”.

Yayo Herrero explica que “el empleo es el gran dilema de la mirada ecologista. El caramelo que ofrece la industria extractivista para justificar la destrucción es el empleo. Pero también debe contemplarse los empleos que se van a perder. Por ejemplo, es difícil que tras la actividad extractiva se pueda dedicar la tierra a proyectos de soberanía alimentaria que van a ser importantes”.