Las derechas que representan PP, Vox y Ciudadanos en Andalucía están dispuestas a arriesgar el futuro de Doñana, Patrimonio de la Humanidad, por ampliar el suelo de regadío alrededor del parque nacional. Los tres partidos han aprobado tramitar una ley que termine por legalizar entre 1.400 y 1.900 hectáreas de fincas que ahora riegan sin permiso. El PSOE se ha abstenido.
A PP, Vox y Ciudadanos tampoco les ha hecho mella las peticiones expresas de la Comisión Europea, el Gobierno central y la Unesco para que detuvieran la iniciativa. Las tres instituciones han remitido cartas alarmadas por los planes para amnistiar explotaciones.
Los acuíferos de Doñana están esquilmados. Son masas oficialmente “sobreexplotadas” desde julio de 2020. Doñana no ha sido suficientemente protegida del expolio del agua vinculado a las extracciones de la agricultura intensiva descontrolada, según determinó el año pasado el Tribunal Europeo. Doñana sobrevive del agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que se declaró en “sequía extraordinaria” en octubre de 2021 y vive en estado de alerta por escasez de recursos para satisfacer las demandas, más del 85% para regar.
Aun así, la proposición de ley establece que todas esas fincas deberán ser recalificadas como suelo agrícola regable porque habían sido implantadas antes de que se pusiera en marcha el Plan de Ordenación de 2014 que identificó las 9.000 hectáreas de regadío hoy admitidas. Ese decreto se conoce como Plan de la Fresa porque ha sido el boom de estos y otros frutos rojos los que multiplicaron el regadío intensivo bajo plástico que fue chupando el agua bajo tierra a base de pozos.
“Impensable expandir el regadío”
“Es un engaño a la gente, que no sé si va a dejarse engañar, porque la ley no tiene recorrido alguno”, afirma, Juan Romero, delegado de Ecologistas en Acción en Doñana. “Primero por la sentencia del Tribunal Europeo y segundo porque la Confederación del Guadalquivir ha afirmado que es impensable expandir el regadío”.
Precisamente, la Comisión Europea ha hecho referencia a ese fallo judicial al expresar “honda preocupación” por esta iniciativa. Y recordaba que cabe la vía de que Bruselas active el reglamento para que se cumpla la sentencia. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha escrito este martes al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidiendo “la necesidad de desistir de la iniciativa ante los enormes perjuicios económicos, medioambientales y de imagen para España”.
Carlos Davila, responsable de SEO-Birdlife en Doñana, describe que “la situación es que el agua es escasísima lo que nos obliga a adaptarnos”, Y analiza que la proposición “es un movimiento electoralista que trata de polarizar a los agricultores contra la conservación cuando lo que hay que defender es la agricultura en Doñana, pero racional”.
Además de la CE y Transición Ecológica, la Unesco ha pedido a España que le informe sobre el plan para modificar los regadíos para conocer los efectos que podría tener esa nueva ordenación en el espacio natural. Doñana fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994.
Competencia en la derecha
Pero la modificación del plan era un compromiso que le han venido recordando al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). El presidente el Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, le decía a la Asociación de Agricultores del Condado en diciembre de 2018: “El Gobierno del cambio será el que haga justicia”. Manuel Andrés González ha sido el encargado de defender este miércoles las propuestas del PP en el Parlamento andaluz.
En noviembre de 2021, casi tres años después de aquellas palabras del diputado popular, el grupo de VOX remitió una proposición no de ley a la asamblea que urgía al Ejecutivo de Moreno Bonilla a revisar la normativa en torno a Doñana. El partido ultraderechista había entrado en el Parlamento en las elecciones autonómicas de 2018. En 2019, en los comicios municipales, Vox creció en la provincia de Huelva un 350%. Pasó de apenas 1.000 votos en 2015 a más de 4.500. Del 0,4% de los sufragios al 1,8%. En las generales de diciembre de ese año la ultraderecha superó al PP al sumar 52.000 votos. El 21%.
Aun así, tanto el PP como VOX han negado este miércoles que estén en una carrera electoralista al tramitar esta proposición. “Esta iniciativa nada tiene que ver con el agua o con Doñana”, ha dicho el portavoz popular. El representante de Vox ha afirmado: “Es imposible que se ponga en riesgo el acuífero de Doñana ya que solo afecta a la ordenación territorial”.
Munición contra el Gobierno
A lo que se refieren ambos políticos es a que la Comunidad Autónoma de Andalucía no puede autorizar el uso del agua que utilizan las fincas que prevén amnistiar. Su proyecto recalificará el terreno para considerarlo regable, pero el uso del agua lo gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es decir, el Ministerio de Transición Ecológica.
El Plan Hidrológico del Guadalquivir en vigor que data de 2016 recoge la imposibilidad de nuevas hectáreas regables más allá de lo planificado. “El nuevo plan que entrará en vigor en primavera, contempla el incremento cero de nuevas hectáreas de regadío”, explican fuentes del organismo.
En este sentido, la vicepresidenta Teresa Ribera explicó que, sin más permisos de agua, “habría que quitarles derechos a los regantes legales para dárselos a los [ahora] ilegales”. El presidente de los regantes de El Condado, Juan Antonio Millán, ha contestado que estas palabras “son infundadas” y que “no nos gusta que se estimulen los agravios comparativos entre regantes de Huelva, ya que todos somos iguales”.
Sin embargo, el movimiento de las derechas ha creado una auténtica división en el sector agrícola como evidencia que los agricultores legales del municipio de Almonte se hayan desmarcado. “Supone un nuevo agravio comparativo porque los resultados que está consiguiendo la plataforma de regantes no son iguales para todos los agricultores ni para todos los municipios, de hecho, el trasvase aprobado por el Gobierno central solo llega a la parte occidental de la comarca y nadie se explica cómo aún no solucionamos esa desigualdad”, cuenta Cristóbal Báñez, concejal de la localidad.
“Parece claro que es una patada adelante y lanzarle la pelota al Gobierno central ”, opina Juan Romero. Todos los grupos de la derecha, Ciudadanos, PP y Vox, han dicho que el agua puede venir por un trasvase desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras cuya ley fue aprobada en 2018. Le faltan las obras que bombeen el líquido de un sitio a otro.
Pero esa misma ley a la que hacen referencia indica que esos 19,9 hm3 que autoriza a trasvasar tienen la misión, entre otras cosas, de detener la extracción de agua para las fincas legales en el entorno de Doñana. Prohíbe expresamente que pueda permitir extender fincas de regadío.
“Las aguas trasvasadas solo podrán ser destinadas al riego de los suelos agrícolas regables determinados por el Plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana”, dice la ley. Justamente ese plan es lo que se pretende modificar para incluir hasta 1.900 hectáreas no autorizadas en 2018 cuando se aprobó el trasvase.
Dos mociones en una
El barniz político y electoral que baña el asunto tiene más extremos. Este miércoles, el Pleno del Parlamento ha votado dos proposiciones iguales sobre el plan de ordenación en Doñana. Una firmada por el PP y Vox. Y otra presentada por el PP y Ciudadanos. Casi la única diferencia apreciable era la nómina de firmantes.
En la sesión, el PSOE se ha abstenido. El viernes pasado, el PSOE en la Diputación de Huelva sacaba adelante un moción que instaba a la Junta de Andalucía a que modificara la ordenación de regadíos en Doñana y calificara como fincas agrícolas aquellas que no estuvieran en producción cuando se redactó el actual plan de 2014 “y no hayan cometido ilegalidad”, es decir, regar sin permisos. Al mismo tiempo, votó a favor de una moción de apoyo a la propuesta de ley vista este miércoles en el Parlamento que promovió el PP.
El concejal almonteño reflexiona que “en la comarca, agricultores y sociedad han dado un pequeño paso hacia la sostenibilidad y no creo que ya queramos dar marcha atrás. Pienso que sería más útil que la Junta planteara medidas encaminadas a diversificar la economía y dinamizar las zonas rurales con proyectos fuera del marco de la agricultura. Eso también es sostenibilidad”.