“Muchas personas me dicen 'por favor, recéteme algo barato para que pueda pagarlo”. “Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar”. “Soy una enferma mastectomizada, y necesito sujetadores especiales que cuestan entre 70 y 100 euros que no cubre la Seguridad Social. Pero no es un lujo”. Son palabras reales de sanitarios y pacientes que han visto cómo en los últimos años el sistema de salud se ha deteriorado por los recortes impulsados por el Gobierno.
Es lo que denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este martes. La receta equivocada. El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España explora los efectos que las medidas de austeridad impuestas durante la crisis han tenido en la población y esgrime como principal conclusión que “han deteriorado la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención”.
Son medidas que han tenido un impacto “particular y desproporcionado”, resume la ONG, en personas en riesgo de exclusión, de rentas bajas, con enfermedades crónicas, en personas con discapacidad, mayores o las que reciben un tratamiento por salud mental. Y es que la aplicación regresiva de las medidas en combinación con la manera en que se aplicaron en nuestro país lleva a AI a asegurar que España “ha violado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de disfrute de salud física y mental”.
“Todos hemos sufrido los recortes: enfermeras, médicos, pacientes, familias... todos”, dice una enfermera empleada en el sistema público de salud. El abanico de recortes ha salpicado a todos los sectores del sistema, al contrario de lo que debería haber hecho el Ejecutivo, dice la ONG, ante un escenario de aumento de pobreza y vulnerabilidad económica, que requería “un mayor apoyo al sistema de salud público”.
Más carga económica para el paciente
Sin embargo, lo que se sucedieron fueron medidas de recorte del gasto público. Las cifras que maneja Amnistía Internacional arrojan una disminución considerable de la inversión total y en 2013 fue un 12,7% más bajo que en 2009. Una disminución combinada con políticas destinadas a recortar el gasto como el Real Decreto 16/2012, que limitaba la atención a las personas inmigrantes en situación irregular en España y que dejó sin asistencia a 2.300 personas cada día.
Por otro lado, el Gobierno reestructuró la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, de manera que más productos y servicios comenzaron “a estar sometidos a copago”. Asimismo, introdujo el copago farmacéutico “en algunos casos para personas que antes podían acceder de forma gratuita e incrementó la proporción de copago de otros”. Por último, implantó una serie de criterios para decidir qué medicamentos estarían financiados públicamente y cuáles no. A raíz de ello se eliminaron del sistema más de 400, calcula Amnistía Internacional.
Todo ello ha aumentado la carga económica de la atención sanitaria en los pacientes. Aunque las cantidades a las que se han referido las personas entrevistadas “no eran altas”, explicaron que “les suponía un esfuerzo considerable a causa de sus bajos ingresos o porque tenían que mantener a más personas” con ese mismo dinero. “Muchas personas señalaron la ansiedad y la carga económica que les causaba el incremento de los costes de la atención sanitaria”.
Plantillas precarizadas
En esta línea de recortes, el personal sanitario también ha sido una diana de la austeridad del Gobierno en los últimos años y las consecuencias siguen palpándose en los centros de salud y hospitales. Y es que se limitaron las contrataciones y se modificaron las condiciones de trabajo, con lo que médicas, enfermeros, auxiliares y el resto de profesionales de salud han experimentado cómo su trabajo se ha dificultado. Todos los trabajadores entrevistados por la ONG han concluido que ahora ven a más pacientes y trabajan jornadas más largas que antes.
También han asegurado que se sienten “impotentes” y “desilusionados con el sistema” a raíz de los recortes presupuestarios. “Al inicio de la crisis teníamos más fuerza. A medida que han ido pasando los años, nos hemos cansado cada vez más. Llevamos años soportando esta carga”, asegura un médico.
Con las plantillas precarizadas, no solo se ven afectadas las condiciones de trabajo, sino la atención de los pacientes, que tienen que sufrir mayores tiempos de espera, deben ser atendidos en menos minutos o viven restricciones de material y tratamientos. Algo que trasladaron todos los entrevistados a Amnistía Internacional y que corroboran los datos publicados por el Sistema Nacional de Salud: en 2010, el tiempo de espera medio para cirugía electiva era de 65 días; en 2016 era de 115 días, casi el doble.
Por otro lado, la reducción de personal sanitario se combinó en los años de la crisis con el aumento de demanda de atención sanitaria, lo que dio lugar a la merma de la cantidad de tiempo que cada profesional puede dedicar a sus pacientes. “Esto tiene especial impacto en los tipos de atención que pueden requerir mucho tiempo y un ejemplo de esto es la salud mental. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional que recibían tratamiento de salud mental a través del SNS
consideraban que el tiempo que pasaban con su profesional es insuficiente“.