La organización Amnistía Internacional ha publicado este jueves un informe en el que documenta abusos en las intervenciones policiales contra manifestaciones pacíficas en España, Grecia y Rumanía. El equipo de investigadores de la ONG ha constatado que los métodos policiales “no siempre cumplen las normas internacionales” y reafirma lo que que muestran vídeos y fotografías subidas a Internet durante estos meses por los propios ciudadanos: “en muchos casos, los agentes han golpeado reiteradamente con porras a manifestantes pacíficos, incluso en la cabeza y el cuello, causándoles lesiones graves”, dice el texto.
Para Amnistía Internacional hay otro hecho grave: “las investigaciones criminales de las denuncias” que han presentado los agredidos, dice el informe, “no han sido exhaustivas, imparciales ni efectivas”, en los casos en los que se ha llegado a iniciar; “en otros, ni siquiera se ha abierto una investigación”. Esa inseguridad jurídica que denuncia la ONG tiene como consecuencia de que “al no haber una mayor rendición de cuentas de la policía, se cometan nuevos abusos”. Se reconoce, eso sí, que el trabajo de los agentes no es sencillo en las grandes concentraciones.
La organización ha anunciado en rueda de prensa que pondrá en marcha una investigación independiente sobre las cargas policiales en la estación de Atocha tras la disolución de las concentración frente al Congreso el 25-S. En el acto de presentación del informe también ha tomado la palabra Gabriel Jiménez, que ya contó en eldiario.es su experiencia al ser detenido por los antidisturbios y, según su testimonio, que le metieran “piedras en la mochila” para justificar su traumático paso por comisaría.
Uso excesivo de la fuerza
Para elaborar el informe, Amnistía Internacional ha revisado “vídeos, fotografías, artículos de prensa y testimonios de testigos que indican que la policía hizo reiteradamente uso excesiva de la fuerza”. Y cita fechas concretas: 15, 28 y 29 de junio de 2011 en Atenas, Grecia; o 27 de mayo de 2011 en Barcelona. Esos documentos “muestran a agentes de policía cargando con porras y disparando bolas de goma contra manifestantes que no parecen representar ninguna amenaza”, afirma Amnistía Internacional.
Como suele ser habitual en los informes de la organización, se explican casos personales concretos para dar ejemplo de su acusación. Casos como el de Ángela Jaramillo, una mujer de 58 años que participó en la manifestación del 4 de agosto de 2012 en la Puerta del Sol, en la que se produjo una de las primeras cargas policiales contra el 15M desde que se levantó la acampada de Madrid. Tras recibir un golpe con un escudo de policía mientras estaba tranquilamente con las manos en alto, cuenta Ángela en el informe, un grupo de manifestantes acude a su auxilio. “En ese momento, el grupo de policías se gira”, cuenta Ángela, “retrocede, viene hacia nosotros y empieza a pegarnos otra vez con las porras”. El testimonio completo de Ángela Jaramillo puede leerse en el blog de Amnistía Internacional en eldiario.es.
Uso de indebido de balas de goma y otras armas “menos letales”
El informe lamenta que los gobiernos europeos no consensúen unas directrices “sobre el diseño y el uso” de lo que denomina armas “menos letales”, es decir, “que no son de fuego”, pero que “tienen el potencial de ser letales”, como sustancias químicas irritantes (gases lacrimógenos), balas de goma o “granadas paralizantes”, como la que dejó totalmente sordo al periodista Manolis Kypreos el 15 de junio de 2011 en Atenas. Tuvo que operarse para recuperar parte de la audición, pero “aún le cuesta caminar debido a la falta de equilibrio”.
Agresiones a periodistas
El informe de Amnistía Internacional cuenta el caso de Paloma Aznar, colaboradora de El País o Interviú, entre otros medios. Podría hablar también del caso de Lidia Ucher o Jonás Candalija; o Patricia Horrillo; o Gabriel Pecot; o Gorka Ramos; o Ángel Calleja; o un largo etcétera de periodistas retenidos o agredidos a pesar de llevar su acreditación de prensa y, en algunas ocasiones, estar haciendo su trabajo. En el caso de Aznar, el juez que revisó su denuncia al policía que le agredió, “aunque los hechos podrían constituir delito, no se puede identificar al responsable”, según el informe. Un año después, volvió a ser agredida en las manifestaciones de mineros en Madrid.
Como conclusión, Amnistía llama a la reflexión a las autoridades europeas, a que comprendan que “en el atual clima de crisis económica e imposición de medidas de austeridad” las manifestaciones sean muy frecuentes. En ese escenario, “la policía suele ser el brazo más visible del estado”.
En el apartado de recomendaciones, Amnistía Internacional sugiere, entre otras cosas, que “las reuniones públicas no sean consideradas como 'el enemigo”.