La actual alcaldesa en funciones de Madrid, Ana Botella, estuvo sacando a subasta suelo público para construir viviendas hasta dos días antes de las elecciones municipales. De hecho, el último día hábil del que dispuso el equipo de Botella antes de entrar en funciones, el viernes 22 de mayo, a las 8.00 de la mañana se dio difusión a cuatro operaciones para vender parcelas en la capital que suman 15.200 metros cuadrados. Todas tienen uso residencial en diferentes modalidades: tanto vivienda protegida como de precio libre. Edificios colectivos y casas unifamiliares.
Todas estas ventas de patrimonio público suman un precio de salida de unos 11 millones de euros. Los promotores interesados en quedarse con las parcelas tienen hasta el 22 de junio para hacer llegar sus ofertas al Ayuntamiento. La formación del nuevo Consistorio tras las elecciones está prevista para el 13 de junio. Luego, la apertura de proposiciones está prevista para pleno verano, el 2 de julio. A partir de ahí, según recogen los pliegos de cláusulas administrativas, pueden pasar cinco meses hasta que se adjudiquen las promociones.
Un arquitecto acostumbrado a preparar concursos con la Administración en Madrid analiza para eldiario.es que “en cualquier adjudicación atropellada de última hora se puede pensar ¿por qué no se ha hecho antes?”. También cuenta que un nuevo equipo de gobierno puede paralizar el proceso a cambio de un indemnización, “o a cambio de volver a sacar el concurso más adelante”. Para los promotores, opina, ocurre algo parecido. “Puede decir: si gano y lo paran, tendrán que compensarme”.
De las cuatro parcelas de suelo público sacadas a subasta en el tiempo de descuento, la más grande se sitúa cerca del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas. Un solar de 10.000 m destinados a vivienda de protección básica. Concretamente 103 casas para vender. “Es más necesario que la vivienda protegida sea en alquiler, no en propiedad, porque así son patrimonio colectivo que puede usarse, además, para casos de dificultades o emergencias. No tiene mucho sentido que se saquen para venta”, reflexiona este arquitecto.
La constructora que se haga con este proyecto tiene hasta cinco años para desarrollarlo, una vez pedida su correspondiente licencia. También puede vender la parcela una vez se haga con el terreno (aunque el comprador hereda las obligaciones del contrato firmado con el Consistorio). El precio de suelo para viviendas públicas en Madrid es libre, de ahí que la venta diseñada sea una subasta en la que el dinero que se ofrezca supone el 65% de la valoración del concurso. Estas casas, eso sí, tienen un precio máximo legal (que por 100 metros ronda los 194.000 euros).
En este sentido, Manuela Carmena (la candidata a la alcaldía de Ahora Madrid) tiene como propuesta crucial constituir un parque de casas sociales en alquiler. La propia Carmena contó a eldiario.es que, de entrada, encuentran una dificultad en conocer la situación patrimonial de Madrid. El inventario de suelo e inmuebles es un laberinto en absoluto accesible o transparente. Además de la promoción para vivienda protegida, las otras tres ventas de última hora son para el mercado libre y están en un suelo diseñado para “viviendas unifamiliares”, es decir, chalés.
Apurando plazos
Los contratos públicos apurando los últimos días al mando de una Administración han proliferado este año. Estas convocatorias de subasta de suelo son un ejemplo. La perspectiva segura de un cambio de responsables políticos ha favorecido ventas pero también adjudicaciones de servicios casi fuera de tiempo. Madrid no ha sido ajena a esta tendencia.
Así, en la última Junta de Gobierno que presidió Ana Botella justo antes del 24M, se anunció que se iba a convocar un concurso para adjudicar la gestión del mobiliario urbano de la capital. No es un proceso menor. La concesionaria que se haga con el encargo se lleva un contrato presupuestado en 118 millones de euros que se prevé prolongar durante 12 años. La difusión oficial del concurso tiene fecha de 27 de mayo (tres días después de los comicios).
Hasta mediados de julio no se sabrá cuáles son los aspirantes. Después, de acuerdo con el pliego de condiciones administrativas, se adjudicará el contrato en “en el plazo máximo de dos meses”. Si “por razones de interés público debidamente justificadas”, el Ayuntamiento renunciara a celebrar el contrato se indicará a los aspirantes “la compensación que proceda abonar”.
En esta línea, este viernes 5 de junio, el Ayuntamiento ha dado publicidad a otra licitación. Esta destina 248.000 euros para comprar a algún proveedor cascos antimotín para la Policía Municipal. El 15 de julio se comprobará qué ofertas hay. El 1 de septiembre tienen que estar disponibles.