Franco fuera del Valle de los Caídos, año uno.
El 24 de octubre de 2019 se consumó la exhumación del dictador, tras un largo periplo político y judicial. Una fecha marcada en rojo en el calendario de la democracia española. Un episodio histórico, que cumple el mandato del Congreso… y que ha generado una respuesta furibunda desde la extrema derecha, que ha agitado la bandera del franquismo sociológico tanto en los ayuntamientos como en el propio Congreso de los Diputados.
En los meses que han transcurrido desde la televisada salida de Franco de Cuelgamuros se han sucedido los ejemplos de mensajes y decisiones políticas que retuercen el sentido de la Ley de Memoria Histórica de 2007, e incluso se han ido deshaciendo decisiones que se tomaron en cumplimiento de esa norma que sigue vigente.
El Ayuntamiento de Madrid ha protagonizado algunas de estas polémicas decisiones, como la retirada de las placas con los nombres de los represaliados por el franquismo del cementerio de La Almudena. El alcalde José Luis Martínez-Almeida decidió desmontar un memorial iniciado por el anterior Gobierno municipal para colocar, en lugar de la lista de asesinados, una inscripción que “unifica el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos”. El escultor que creó el monumento reveló hace unas semanas que escondido dentro de la estructura hay un pendrive con esas “identidades arrebatadas” por el Gobierno de Madrid.
La pelea se está dando en las calles. Literalmente. En Oviedo, una batalla judicial ha devuelto el callejero franquista a la capital asturiana. Hace dos semanas se conoció que un juez había ordenado, dando la razón a la Hermandad de Defensores de Oviedo, anular el cambio de nombre de 17 calles que se realizó en la anterior legislatura por “falta de objetividad”. En Madrid, el PP, a instancias de Vox y con el apoyo de Ciudadanos, ha acordado cambiar los nombres de las calles que recuerdan a los políticos socialistas de la II República Largo Caballero e Indalecio Prieto. El Consistorio mando arrancar la placa de la casa en la que vivió Largo Caballero el día del 151 aniversario de su nacimiento. Envalentonados, desde Vox usaban una imagen de la estatua de Largo Caballero vandalizada para exigir al Gobierno el fin de la ley de Memoria Histórica. “Primer aviso”, escribieron. Dos días después, la escultura del también socialista Indalecio Prieto, al que Vox también quiere borrar del callejero, sufrió un ataque similar: “Rojos, no”. “La amenaza es inadmisible”, respondió a la formación ultra el presidente, Pedro Sánchez.
“Vox tiene el mismo lenguaje que usaba el franquismo, apela a esa parte de la sociedad española” que encuentra en los ultras una suerte de “voto útil”, describe el historiador Ángel Viñas. “Es una reacción de la derecha, pero también es un defecto de quienes han legislado la Memoria, que no han puesto límite suficiente como para que estas cosas no puedan ocurrir”, afina el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.
Y el “aviso” que Vox alimenta en redes sociales se ha trasladado también al Parlamento, donde la formación contesta de forma virulenta a cualquier iniciativa que busque proteger a las víctimas de los golpistas de 1936 y la posterior dictadura. Hace unos días, el partido de extrema derecha volvió a la carga con su propuesta para derogar la Ley de Memoria Histórica, lo que le costó las críticas del Pleno del Congreso por sus “amezanas”. ¿La respuesta de la formación de Abascal? “Segundo aviso”, se enrocó el diputado Juan Airzcorbe durante el debate de una proposición para reformar la Ley de Memoria Histórica proveniente del Parlamento de Catalunya que pide (y fue aprobada finalmente) que se investigue el dinero republicano incautado por los golpistas de Franco.
Las actuaciones amenazantes de Vox o sus simpatizantes se van acumulando en el tiempo. Hace unos meses se hizo público un vídeo de un exmilitar disparando contra fotos de miembros del Gobierno. En las imágenes, que circularon por grupos de Whatsapp y cuyo contenido adelantó La Marea, varias personas simulan una especie de juicio sumarísimo en el que, después de que uno de ellos pregunte al resto por la “sentencia”, el que tiene el arma dispara contra las cuatro imágenes de los miembros del Gobierno representados: Pedro Sánchez, Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska y Pablo Iglesias, así como Pablo Echenique.
“Propaganda neofranquista”
Sacar a Franco del Valle de los Caídos supuso una afrenta de difícil digestión para la extrema derecha española. Algunos de ellos acudieron el día de autos al cementerio de Mingorrubio, donde fue trasladada la momia, para protestar y rezar. Santiago Abascal, líder de Vox, acusaba al PSOE de “profanar tumbas” y rechazó la exhumación del dictador “sea legal o no” bajo la acusión al PSOE de “profanar tumbas”. La radicalización del mensaje ultra no era nueva, pero surfeó la ola mediática del desentierro con el eco organizado en las redes sociales, aprovechando incluso la pandemia de coronavirus para impulsar bulos bajo una estrategia clara, de arriba abajo: la dirección de Vox ordena a través de grupos de WhatsApp y Telegram a sus simpatizantes qué mensajes compartir en las redes sociales e incluso a qué hora hacerlo.
Pero el discurso del odio encuentra también la complicidad de las ‘fake news’ del franquismo sociológico que perviven en un país desmemoriado. “Todos mataron igual”, “fue una guerra entre hermanos”, las fosas comunes son un invento, se alimentan los bulos negacionistas para construir la Memoria de los vencedores. La extrema derecha española aliña el mensaje “nostálgico, que nunca ha desaparecido” con “modernas técnicas, un desparpajo sin igual y un desprecio absoluto por la verdad y la historia”. A la manera del presidente de EEUU, Donald Trump, apunta el historiador Ángel Viñas, con las redes sociales como trampolín para “hacer propaganda subversiva neofranquista sin el menor átomo de vergüenza”.
Ahora Vox es la tercera fuerza política en España “y no para de subir”, cuando un año antes de las últimas elecciones generales “era una formación extraparlamentaria”, analizaba tras la cita con las urnas el director de elDiario.es, Ignacio Escolar. Viñas señala como factor fundamental el “aumento espectacular de su representación en las Cortes”. “Vox se siente con fuerzas para dar un paso al frente”, envalentonado por el creciente apoyo, dice el historiador. Y añade otro elemento como revulsivo: “La formación de un Gobierno de coalición de izquierdas por primera vez desde el año 36”.
Una “ley de Memoria antifranquista”
El problema está en la desmemoria, en el olvido impuesto. “Los procesos sociales son la suma de lo que se hace y de lo que no se hace, por eso sirve de poco el pataleo si cuando se apruebe en el Parlamento una (nueva) ley de Memoria Democrática no se ha convertido en una ley de Memoria antifranquista”, explica Emilio Silva. La impunidad del franquismo persiste, con ayuda del Estado, “cuando se trasladan los restos de Franco de un gigantesco mausoleo de propiedad pública a un panteón de propiedad pública, que siguen pagando sus víctimas con sus impuestos”, recalca el presidente de la ARMH.
Y “cuando se arrasa con lugares de Memoria”, caso del Ayuntamiento de Madrid cuando “destroza las lápidas de 3000 fusilados por los franquistas” y el Gobierno “no protege” el espacio. O con “la plaza de toros de Badajoz o la cárcel de Carabanchel”, enumera Silva. Y cuando España “consiente la permanencia del Arco del Triunfo qué conmemora la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini y no se hace nada”.
Mientras, la realidad es que España es uno de los países con más desaparecidos forzados del mundo. El golpe de Estado fascista de 1936 y la posterior dictadura de Francisco Franco dejaron la nación sembrada de tumbas ilegales. Los desaparecidos se calculan en decenas de miles. ¿La situación actual? Una investigación pone cifras a la realidad de las fosas comunes del franquismo: 9.009 víctimas recuperadas en 743 exhumaciones entre los años 2000 y 2018. La mayoría siguen sin abrirse y la nueva ley de la Memoria trata de poner fin a esta realidad.
El renacer de los discursos del odio es una realidad que bulle a escala mundial. Lo comprueba, por ejemplo, Julia Ebner, infiltrada en grupos radicales. “La extrema derecha y los yihadistas se parecen en sus frustraciones y su deseo de volver al pasado”, cuenta la autora del libro La vida secreta de los extremistas.
La diferencia es que España nunca derrotó al fascismo. Y que el relato lo construyen los vencedores. “Los gobiernos españoles, desde la UCD a la actualidad, no han dado la batalla por la Historia en la Enseñanza, que es donde crecen y se hacen las mentes de las nuevas generaciones”, afea el historiador Viñas. El ejemplo más palmario de esta afirmación (no) lo encontramos en la escuela, donde la memoria histórica brilla por su ausencia. Enrique García, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del estudio La memoria democrática en la escuela, ha estudiado la cuestión. “Las jóvenes generaciones conocen esta parte de la historia desde una visión supuestamente aséptica que encubre grandes silencios y ocultamientos deliberados”, explica. Aunque, matiza, algo empieza a moverse: “Se han empezado a introducir contenidos sobre estos aspectos, pero no con suficiente profundidad”.
Viñas coincide con las conclusiones que alcanzó García en su estudio. “El Estado español, la democracia española, no ha sabido enseñar a sus ciudadanos lo que fue la historia de su país, se le han suministrado dosis homeopáticas que no han servido para nada”, sostiene. Y ahora, en tal páramo, el mensaje ultra agarra como mala hierba. “En materia histórica, Vox son unos embusteros, para ellos la Historia es un arma política que esgrimen en las luchas actuales. Esto es novedoso, el PP no llegó a hacerlo. ¿Y qué hacen los partidos democráticos? Hasta ahora poco, la nueva ley de Memoria debe ser un comienzo”, cierra el historiador.