Cincuenta años después de la aprobación de la Ley 92/1966, que derogaba la prohibición de acceder a la carrera judicial a las mujeres, nacía el pasado mes de noviembre la primera Asociación de Mujeres Juezas de España. Este viernes celebra sus primeras jornadas a las que ha dado el nombre de No hay justicia sin igualdad y que abordará temas como la violencia de género, la brecha salarial o el acoso laboral en el trabajo. Claves que componen la hoja de ruta que se ha marcado el colectivo y que incluye 12 puntos redactados por las 12 juezas fundadoras.
Entre ellas, Gloria Poyatos, presidenta de la asociación y magistrada del Juzgado de Lo Social nº1 de Arrecife, en Lanzarote. La jueza explica que el objetivo no es solo fomentar la igualdad de género en todos los escalones de la carrera judicial, sino combatir la discriminación y la violencia hacia las mujeres de cualquier ámbito social, económico, político o laboral.
¿Existe discriminación de género a la hora de impartir justicia?
Tenemos un aparato judicial muy responsable y que funciona bien, pero el azote de los estereotipos de género afecta a todos los estratos sociales y la justicia no está inmunizada. Impregnan al juez o la jueza a la hora de decidir. Por eso, es necesario que empecemos a juzgar con perspectiva de género, debemos tener en cuenta que existen desigualdades estructurales en la sociedad. Esto haría más justa la decisión, sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos, nuestras decisiones afectan a la vida de la gente.
La carrera judicial está ocupada por un 52% de mujeres, pero apenas existen en la cúpula judicial. En el Tribunal Supremo, solo hay un 13% de mujeres y ninguna al frente de una sala. ¿Existe machismo en la selección de estos puestos?
A pesar de ser mayoría y cincuenta años después de haberse permitido el acceso de las mujeres a la carrera, la foto de apertura del año judicial, que retrata al rey rodeado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sigue siendo la misma: todos son hombres. Hay una situación de machismo indirecto clara y es que la mayoría de permisos por cuidado de familiares los cogen ellas. Es un tiempo que nos impide competir con los hombres para engrosar nuestros currículums a través de otras actividades formativas.
Es frecuente escuchar la explicación de que las mujeres se incorporaron más tarde y no les ha dado tiempo a llegar a los altos puestos.
La respuesta es que no nos presentamos a los puestos porque nos lleva tiempo, un tiempo que invertimos en cuidar a nuestros hijos y otras personas. La valoración que se hace para acceder a ellos no tiene en cuenta esto y nos coloca en desventaja. Reivindicamos la incorporación de estos criterios porque es una aportación en la formación emocional del juez o la jueza y es experiencia que mejorará su toma de decisiones que afecten a colectivos humanos.
Los colectivos que trabajan con víctimas de violencia de género suelen hablar de “una justicia patriarcal” que pone escollos a las mujeres. ¿Cómo solucionarlo?
En este país falta una formación mucho más profunda y exhaustiva de los jueces y juezas en materia de violencia de género. Algo que, por otro lado, ha sido reivindicado en muchas ocasiones por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Pero además es importante la aplicación efectiva del Estatuto de la Víctima del Delito, vigente desde octubre, pero al que faltan medios humanos y recursos. La norma otorga derechos a la víctima para conseguir que no se produzca la llamada “victimización secundaria”, que provoca el aparato judicial. Por eso, prevé intérpretes gratuitos, lenguaje inteligible para la víctima, permitirle ir acompañada de una persona de su confianza, que no haya confrontación visual con el agresor... Serviría especialmente para víctimas de violencia de género, trata con fines de explotación sexual o agresión sexual.
La lucha contra la trata es otro de los puntos de su hoja de ruta. ¿Qué falta para acabar con este problema?
Entre otras cosas, falta una Ley Integral contra la trata, un pacto de Estado y también asignación económica suficiente. Pero es que además no hay una protección eficaz, se les obliga a denunciar para que tengan una protección efectiva y ellas no lo hacen porque temen por su integridad y la de sus hijos e hijas, no se sienten seguras denunciando en nuestro país. Debemos plantearnos que ahí algo está fallando.
Quizás el concepto más novedoso que ustedes han puesto sobre la mesa es el de “sextorsión”. ¿Qué significa?
Es algo que se está debatiendo mucho a nivel internacional y que surge a iniciativa de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Es una nueva definición para un viejo mal. Se trata de una forma de corrupción en la cual es el sexo, y no el dinero, la moneda del soborno y que afecta mayoritariamente a las mujeres. A diferencia de otras figuras, como el acoso sexual ocupacional o bajo una relación de poder o de servicios, “la sextortion” opera incluso cuando no hay una relación jerárquica entre las partes.
Por eso pedimos su tipificación. Las redes sociales pueden ser un buen caldo de cultivo para que proliferen este tipo de situaciones, por ejemplo cuando una persona, que tiene fotografías de otra en las que aparece con escasa ropa o desnuda, le amenaza con difundirlas si no mantiene relaciones sexuales.
Otra de las peticiones que hace la Asociación de Mujeres Juezas es la educación en igualdad. ¿Aprueba en este sentido España?
No, suspende. Por eso hay que comprometerse con la formación de los jóvenes y adolescentes, esa es la verdadera vacuna contra la violencia de género y todo tipo de discriminaciones. Educar con criterios y valores de género es el antídoto a esta lacra, junto a otras medidas.