Arantxa Mejías está acostumbrada al trato con medios de comunicación, pero estas últimas 24 horas han sido frenéticas. “Estoy en un globo, preguntándome por qué y por qué, con miedo, con rabia”, dice el día después de conocer que Fidere, filial del fondo buitre propietario de su vivienda protegida, no va a renovar el contrato de alquiler a su familia. Según el burofax, firmado por un consejero que ha dimitido, tienen 30 días para dejar la casa en la que han vivido en la última década.
“Es alucinante que Fidere haya tomado esta decisión como una represalia personal. Yo solo he defendido mis derechos, y lo he hecho sin dejar de cumplir con todas mis obligaciones. No tengo deudas, ni problemas con los vecinos, ni soy una delincuente”, asegura la afectada, que ya anticipó en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la deuda del Ayuntamiento de Madrid posibles acciones contra ella y su familia. “Piensan que echándome me van a parar, pero están muy equivocados. Lo único que han conseguido –apunta– es echarme gasolina”.
Si el gobierno de Ana Botella no hubiera vendido 18 promociones de vivienda de la EMVS a Magic Real Estate-Blackstone en 2013, la familia Mejías Cano –como otras tantas– podría haber comprado la vivienda. Lo ponía en su contrato de diez años: alquiler con derecho a compra. La venta al fondo frenó el contador hace tres y ahora “después de pagar casi 70.000 euros de alquiler en todos estos años, nos tenemos que ir”. La cantidad acumulada es superior a los 65.000 que abonó Blackstone al antiguo Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella por cada una de las 1.860 casas que compró.
En la fachada de la urbanización puede verse un gran cartel de Fidere con ofertas de alquiler. Fue el primer indicio que hizo sospechar a Mejías de que algo estaba pasando. “Luego empezaron a llegar los recibos de otro emisor. No entendía nada y me puse a investigar”, explica en la puerta del edificio. El portero, contratado por Fidere, no permite hacer la entrevista en el patio interior.
Fidere no se sienta con los vecinos
Los que viven en su urbanización empezaron a encontrarse los post-it en las puertas: “Soy Arantxa, la vecina del 2ºA. Nos reuniremos el domingo en el patio. Ven”. “Como el portero los quitaba, los ponía en los coches. Y así se iniciaron las asambleas a principios de 2014”, cuenta.
Fidere nunca se sentó a hablar con ellos, incluso una vez que constituyó la plataforma de afectados por la venta. Varios vecinos fueron desahuciados por impago; de nada sirvieron, asegura, los intentos de negociar.
“El miedo siempre estuvo ahí. Estaba enfrentándome a Goliat sin conocimientos en Derecho, pero fue la impulsividad de ver cómo una decisión de cuatro personas en un despacho podía arruinar la vida de tantísimas familias. Ellos no saben lo que conlleva, sin tener ni puta idea, montar una asociación para defendernos de algo tan descabellado como que te están quitando tu casa y estás flipando. Hemos hecho –resume– todo dentro de lo posible”.
En la entrevista, Mejías insiste en subrayar “quiénes son los responsables últimos de la situación”: el antiguo gobierno de Madrid. “El Ayuntamiento dio un caramelo a los fondos y ellos lo cogieron. Entiendo su parte de negocio, pero no sus represalias personales. Tampoco comprendo la impunidad en la que viven los responsables políticos de este expolio de patrimonio de todos los madrileños y madrileñas”.
El Ayuntamiento, “dormido en los laureles”
El actual equipo de gobierno de Ahora Madrid ha ofrecido apoyo jurídico y una vivienda alternativa de la EMVS a la familia Mejías Cano, compuesta por su padre, su madre y su hermana de 20 años. Arantxa agradece el respaldo, aunque critica que “se están durmiendo en los laureles”. “Esto se planteó como un problema urgente y así nos lo hizo ver la alcaldesa. Espero que la situación les haga reflexionar. Estamos de acuerdo en que las cosas hay que estudiarlas, pero cuando todo es tan evidente hay que ir tomando más decisiones más rápido”.
La teniente de alcalde Marta Higueras anunció hace unas semanas que el Ayuntamiento de Madrid iba a adherirse a la querella de la plataforma de afectados que preside Mejías, ya archivada. “Nuestro abogado –relata– está trabajando en el escrito para intentar reabrir la causa. Ya sabemos que no, no estábamos locos. La venta fue cuanto menos opaca, e instituciones como el Ayuntamiento y la Cámara de Cuentas respaldan nuestra tesis”.
Mejías ha trabajado –“y muchas horas”– en sacar a la luz pública las consecuencias más palpables de la venta, como la subida de los alquileres. “Conozco al dedillo las historias de muchos de mis vecinos y se te cae el alma a los pies. También he vivido cosas preciosas que te da la convivencia tan intensiva. He creado familia. Tal vez por eso, aunque esto haya terminado así, volvería a hacerlo. También hay una parte personal de mí que piensa todo el rato si lo he hecho bien. Y, bueno, lo he hecho porque si no lo contamos, no existe. Y esto ha pasado”.
A partir de ahora, empieza una cuenta atrás que termina, “no sabemos cómo”, el 6 de octubre. “El miércoles –explica– tengo una reunión con el abogado para ver en qué me puedo respaldar”. Reconoce que tiene miedo.