A las 7.00 de la mañana de este martes, mientras en el corazón de la empresa El Pozo en Alhama de Murcia se preparaban para sacrificar sus 14.000 cerdos del día, 25 activistas de Greenpeace se han colado en las instalaciones centrales del líder de la producción industrial de carne de cerdo en España. El grupo ha pedido a la empresa una moratoria: detener la expansión de macrogranjas que se cobra su peaje de contaminación del aire y el agua.
Los activistas han irrumpido por tres puntos del complejo: el acceso de los directivos y otras dos áreas de producción. 15 personas han cerrado la entrada a la sede. Los mensajes eran simples: “Moratoria ya” y “El Pozo mata el medio ambiente”. “Hemos venido a pedir que se paren las macrogranjas y a pedir una reunión con los responsables”, cuenta una activista en la verja de entrada. En apenas seis minutos han acudido dos patrullas de policía local y poco después la Guardia Civil.
El Pozo es la locomotora del modelo que ha hecho crecer este tipo de explotaciones para satisfacer la cadena de producción a gran escala. Más de 3.000 macrogranjas en España. 56 millones de cerdos sacrificados al año, primer puesto del ránking europeo. En estas instalaciones de Alhama, además del matadero, se fabrican dos millones de salchichas y se procesa 1,5 toneladas de carne cada día.
A las puerta de la sede, el coordinador de la campaña de Greenpeace, Luis Ferreirim, explica que “ya es hora de que se sepa quiénes son los principales beneficiarios de este modelo industrial”. La empresa ha accedido a verse con la organización, según cuentan desde Greenpeace.
La cifras económicas arrojan este panorama: El Pozo facturó en 2020 casi 1.400 millones de euros (un 8,9% más) con un beneficio neto de 92 millones. Su división de cría y engorde de cerdos, Cefusa, facturó 356 millones con más de 30 de beneficio. “Empleamos a más de 8.000 personas”, informa el Grupo Fuertes, holding al que pertenecen ambas sociedades.
En el otro lado de la balanza están los daños a largo plazo que están generando la acumulación de miles de cabeza de cerdo en instalaciones industriales. En el caso concreto de la Región de Murcia, el crecimiento masivo de la cabaña porcina se hizo a pesar de que el Gobierno regional de López Miras (PP) había sido avisado del peligro y daño que se provocaba al Mar Menor.
Descontrol “sistémico” de los vertidos
España padece un problema “sistémico” para gestionar los vertidos al agua de los desechos ganaderos (y agrícolas), según ha explicado en varias ocasiones la Comisión Europea.
El propio Gobierno español ha admitido que no podrán revertirse dentro de plazo legal la mitad de las zonas con altos índice de nitratos en las aguas subterráneas. Esos nitratos llegan, precisamente, por los vertidos agroganaderos. Un informe del Ministerio de Transición Ecológica sobre la aplicación de la normativa europea admitía que serán necesarias “reducciones más ambiciosas que las inicialmente consideradas, estimadas en un 25%”.
Eso con los datos de muestreo de los que dispone el Ministerio que son limitados. La organización Greenpeace ha estado recopilando durante un año valores medidos por una red ciudadana que ha reflejado que más de la mitad de los puntos de medición superan los límites legales de concentración de nitratos. Una contaminación del agua que, hasta ahora, pasa un tanto inadvertida.
Sin embargo, esos evidentes problemas para controlar la llegada de tóxicos a las aguas son lo que han provocado que la Comisión haya denunciado a España por aplicar de forma “deficiente” la directiva de nitratos. Los avisos comenzaron en 2015 y la denuncia ante el Tribunal Europeo llegó en diciembre de 2021.
La falta de protección de la aguas ante los vertidos de nitrato ha crecido tanto que el 25% del territorio español es vulnerable ante este tipo de contaminación que se denomina oficialmente “difusa”. Son más de 122 millones de hectáreas, más de la mita de la superficie agraria útil de España, según el Ministerio de Agricultura.
Además, la concentración de una cabaña tan grande, especialmente porcina que supera los 30 millones de cabezas, ha hecho que España incumpla sistemáticamente los niveles permitidos de emisiones de amoniaco a la atmósfera.
En 2020 España lanzó al aire 483 kilotoneladas de amoniaco, según el último Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera culminado al cierre de 2021. Fueron 12 kilotoneladas más que el año anterior y una cifra que está por encima del tope marcado por la directiva europea de reducción de emisiones nacionales situado en 467kt. Y eso que habían entrado en vigor unos nuevos cálculos con techo más permisivo.
La carne lidera la huella ecológica del consumo español
La manera de consumir alimentos –que impone una forma de producirlos– es el principal responsable de la huella ecológica del consumo en España, según acaba de certificar un estudio del Centro Conjunto de Investigaciones de la Comisión Europea. Más de la mitad de los impactos ambientales ligados al consumo provienen del sector de la alimentación.
El análisis del Centro, en colaboración con el Ministerio de Consumo, explica que “la huella ambiental más elevada corresponde a la carne de cerdo (un 23%)”, es decir, a la manera de obtener esos productos, después a la de vaca (un 14%) y a la de pollo (un 7,1%). “También aparecen como relevantes los impactos asociados al vino (7,1%, sobre todo por el uso de agua) y los quesos (7,0%)”, remata el trabajo.