La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, aseguraba el lunes en una comparecencia extraordinaria que la actuación de los Servicios Sociales en el caso de la niña que murió asesinada a golpes el pasado 3 de agosto fue “adecuada”. Sin embargo, en su relato de los hechos hubo varios datos que contradecían su valoración. El más llamativo es que el único día que los trabajadores consiguieron ver a la niña apareció con nuevas lesiones a las que no se dio importancia: quemaduras en una mano y una uña machacada por las que recibió asistencia hospitalaria.
Lejos de eso, García ha atribuido la responsabilidad de no apreciar “riesgo vital” a la Policía, a la Fiscalía, al juez y a los familiares. Sobre estos últimos, ha querido aclarar que la Gerencia no llegó a hablar con ellos el 28 de julio –el pasado viernes en una rueda de prensa aseguraron que ese día vieron a la niña con un ojo morado y que quisieron contactar con los trabajadores sociales pero no les cogieron el teléfono– “porque los viernes por la tarde en la Gerencia de Servicios Sociales no se trabaja, las oficinas están cerradas”, dijo. “Aun así, no nos consta ninguna llamada con su número de contacto”, recalcó.
No era la primera vez que el horario reducido de los viernes se menciona como factor que afectó a la investigación de los malos tratos que sufría Sara. García reconoce que el caso no les llegó a través del hospital que detectó el presunto maltrato el 11 de julio y que debía haber activado el protocolo, que incluye el aviso inmediato a los Servicios Sociales, sino a través de la Fiscalía y 10 días después.
A pesar de la “celeridad” con la que asegura que actuaron los trabajadores sociales, lo cierto es que no empezaron a trabajar en el caso hasta el día 25, que se había recibido un viernes y se aparcó hasta el lunes.
La consejera incidió en que la madre de la niña había enmascarado la situación hablando de violencia de género de su expareja hacia ella, en forma de malos tratos psíquicos, por lo que se consideró que los hematomas por presión y la deficiente higiene de la niña podían haber sido provocados por el padre. Pero los datos que fue aportando García en su comparecencia contradecían sus explicaciones.
La responsable ha detallado que el día 25, cuando los trabajadores sociales empiezan a tramitar el caso, contactan con la fiscal de menores para saber qué juzgado se encargaba y si se había decretado alguna medida cautelar. La fiscal les comunicó que el caso de violencia de género se había archivado porque la madre no había querido declarar –en realidad reconoció al juez que su expareja y ella discutían mucho, sin que mediasen insultos ni amenazas– y que ya no era competente en el caso de malos tratos sobre la niña, por lo que el decanato de los juzgados estaba pendiente de enviarlo a otro juzgado de instrucción. La violencia de género estaba descartada. Sin embargo, y siempre según el relato de la consejera, el caso se trabajó bajo esa tesis.
Nuevas lesiones
Los trabajadores sociales se entrevistaron con la madre y las niñas el día 26 de julio. “La madre estaba indignada por la denuncia, dijo que su hija jugaba y se caía y advirtió que iba a denunciar al hospital. Y se enfadó aún más cuando se le comunicó que en el informe, aparte de los hematomas, se decía que la niña tenía falta de higiene. La madre argumentó que la niña tenía caries por la lactancia materna y porque el padre le daba chuches y chocolate”, explicó la consejera.
Ese día la niña llevaba tiritas en varios dedos. Había sufrido quemaduras en una mano “por tocar la vitrocerámica” y una uña machacada “porque se había pillado el dedo con una puerta”. Se la había asistido el 17 de julio en el Hospital Clínico Universitario, donde fue acompañada por su tío, que este sábado explicaba que “tenía un dedo inflamado” y que había comunicado al hospital que había una denuncia contra su hermana.
A pesar de esos antecedentes, el hospital no activó el protocolo de maltrato infantil y descartó que las lesiones tuviesen relación. Para los trabajadores sociales, tampoco fueron sospechosas estas nuevas lesiones que se sumaban a las que aparecían en el atestado policial con fotos incluidas. Dedujeron que era posible que la madre las dejase solas cuando trabajaba y que sufriesen “accidentes domésticos”.
Para aclarar la situación de las menores, decidieron realizar una visita en el domicilio, a la que la madre no accedió hasta dos días después y a partir de las dos de la tarde. Se excusó en que por trabajo no podía ser antes. El día 28, cuando estaba fijada la cita, la anuló por motivos laborales y, a preguntas de los trabajadores, dijo que las niñas no estaban en una guardería sino “con un amigo de la infancia de confianza”, y dio el nombre de una persona que en realidad era su pareja actual.
Los trabajadores decidieron ir a la casa a la una del mediodía para confirmar si eso era cierto y nadie les abrió la puerta. Lejos de averiguar el paradero de las niñas, Sara de 4 años y su hermana de 12, lo dejaron estar. Nunca se comunicó esta circunstancia ni a la Fiscalía de Menores ni a la Policía.
Tan sólo dos horas después, el tío de las niñas fue al domicilio, según explicó el sábado en la rueda de prensa. Tampoco le abrieron la puerta. Mientras esperaba en el portal, llegó la madre de las niñas y subieron. En la vivienda estaba el novio con Sara, le estaba poniendo hielo en el ojo “porque lo tenía hinchado y morado”.
Según la versión de este hombre, le echaron del piso e intentó contactar con los Servicios Sociales, que lo niegan pero a la vez no lo descartan, “porque era viernes por la tarde”. Lo cierto es que la Policía Local le ofreció acudir al lugar para ver si la niña había podido sufrir maltrato, pero el tío lo niega. De la Policía Nacional no hay versión de los hechos.
La madre no acude a la cita y no se notifica
El siguiente lunes trabajadores sociales acudieron a la vivienda para la nueva visita domiciliaria que habían fijado de acuerdo con la madre. Tampoco les abrieron la puerta y tampoco pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad policial o judicial a pesar de que fuentes jurídicas insisten en que este tipo de citas implican la misma obligatoriedad que una judicial.
Un día después, el equipo que evaluaba el caso se reunió y acordó asumir la tutela de las niñas. Era tarde. Esa misma mañana Sara ingresó en el Clínico en parada cardiorrespiratoria y muerte cerebral. Falleció al día siguiente, el 3 de agosto.
A pesar de la clara cronología de los hechos, los grupos de la oposición han restado en sus preguntas responsabilidad a los trabajadores sociales y han cargado contra el protocolo, sobre el que la consejera ha dicho en unas ocasiones que había funcionado “desde el minuto cero” y en otras que no. El más duro ha sido el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, que ha lamentado que exista un funcionario de guardia para delitos cometidos por menores pero no para actuar en casos de delitos cometidos contra ellos.