Es ya casi el mismo número de mujeres que en todo el año pasado completo. A cinco meses de terminar este 2016, 12 mujeres de las 27 asesinadas por violencia de género habían interpuesto denuncia contra su agresor –ellas mismas u otros–, es decir, un 44,4%. El porcentaje ha experimentado un pico en comparación con la media de los últimos cinco años, situada en el 24% , eso sí, a 31 de diciembre. En todo 2015, fueron 13 las víctimas que habían acudido a la policía o al juzgado antes de morir.
Eso teniendo en cuenta que, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en estas mismas fechas del pasado año había sido asesinada una mujer más y la cifra final de víctimas fue 60.
Denunciar sigue siendo una opción minoritaria para las víctimas de violencia machista –solo lo hace un 28,6%, según la Macroencuesta de 2015 realizada por el Ministerio – y es el mensaje en el que más insisten las autoridades e instituciones. Las expertas no dudan del beneficio de denunciar, pero ¿qué ocurre para que casi la mitad de víctimas denunciaran y aún así fueran asesinadas?
“Nos estamos quedando cortos con la respuesta en los juzgados”, asegura la fiscal Inés Herreros. La falta de medios y formación, que se traduce en una mayor incidencia de mitos y estereotipos, son dos de los fallos que identifican, unidos a una excesiva focalización de la solución del problema en el aparato policial y judicial en detrimento de los servicios sociales, los centros de salud o las escuelas, donde pueden detectarse casos de maltrato y acompañar a la víctima.
De las 12 mujeres que habían denunciado este año, cinco renunciaron a continuar con el proceso, lo que se relaciona directamente con el llamado círculo de la violencia, en el que una de sus fases se caracteriza por el perdón. El ciclo recomienza con la llamada luna de miel para volver luego al enfado, los insultos y la agresión. Pero también “tiene que ver con los errores del sistema”, según la jueza especializada en violencia de género Carla Vallejo.
La falta de un acompañamiento judicial personalizado o el número de mujeres que acuden a servicios sociales o médicos a solicitar ayuda –un 45%– hace que “muchas nos digan que no compensa porque el propio proceso judicial se vuelve hostil y a veces no da garantías de solución real”, dice Sonia González (nombre ficticio), educadora social que atiende a víctimas de violencia de género y activista del colectivo feminista Las Tejedoras.
Un 38% de medidas de protección denegadas en 2015
Del resto de la docena de mujeres asesinadas este año que habían denunciado, otras cinco tenían medidas de protección en vigor y dos no las habían obtenido. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 38% de las medidas de este tipo solicitadas en 2015 fueron denegadas.
“Escuchamos a mujeres y sus hijos o hijas que salen del juicio sin nada, pero con el agresor enfadado, que ha sido denunciado por quien quiere tener sometida, y crecido porque no le ha pasado nada. ¿Dónde van para protegerse? Cuando la única opción es volver a casa con él, ¿qué crees que ocurre respecto a la violencia?”, explica González.
La denegación de órdenes de protección tiene que ver con que “son delitos que se producen en la intimidad, a veces muy difíciles de probar”, sostiene la fiscal Herreros. Además, “la situación de agresión constante, durante muchos años, ha hecho que no sepan hacer un relato minucioso de lo que ha pasado si no les ofrecen un ambiente tranquilo, acompañamiento y alguien que les vaya orientando”.
Por otro lado, identifica los mitos que rodean a la violencia de género como “ponerla en tela de juicio constantemente, pensar que exagera o que va a obtener algo con la denuncia, el típico 'lo que quiere es quedarse con la custodia y la casa'”.
La titular del Juzgado de Violencia de Género nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, asegura que con frecuencia se dan interpretaciones erróneas en casos de violencia, en los que se ha iniciado un proceso de divorcio y el juez concluye que el conflicto se debe a desavenencias a raíz de la separación y no dictamina medidas de protección.
“Es ahí donde la sociedad las cuestiona y se les dice que lo que pretenden es obtener algún beneficio”, matiza Herreros. “Y es justo ahí, cuando ella decide separarse, cuando el riesgo es alto y eso los jueces, que nos encontramos frecuentemente un estallido de violencia cuando ella quiere romper, debemos saberlo”, prosigue Díaz. La jueza insiste en la necesidad de la formación, que tacha de insuficiente y que considera indispensable para conseguir que el propio proceso judicial no sea uno de las trabas que llevan a las víctimas a no denunciar.
Garantizar la protección con medios
Los juzgados mixtos, aquellos en los que se designa a un magistrado encargado de violencia de género que además lleva otro tipo de delitos, son uno de los puntos negros que señalan las expertas. Díaz considera que deben desaparecer para tender a que un juez que asume casos de violencia machista se encargue solo de ellos para potenciar la especialización, para lo que “es indispensable el aumento de los medios materiales”.
Vallejo también considera que el incremento de los recursos debe enfocarse en conseguir que la protección sea efectiva. “Una orden de protección es un papel que no sirve de nada si no va acompañada de servicios de control o vigilancia, que en muchas ocasiones solo se reserva a los casos considerados más graves porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen medios para ello”, asegura.
Algunas de las medidas que prevé la ley integral contra la violencia de género de 2004, sentencia, “no se están llevando a cabo”. Entre ellas, los cursos de sensibilización para maltratadores o el control del cumplimiento de las condenas de libertad vigilada, que “en muchas ocasiones se dan por cumplidas sin haber atendido a los requisitos porque el control es laxo o inexistente”. Al mismo tiempo, reivindica un mayor fomento de los Servicios de Atención a la Familia de la Policía Nacional, encargados de la violencia de género.
“Estos equipos no están en todas las comisarías, muchos solo trabajan de lunes a viernes y no de continuo”, explica. Sin embargo, “hay mucha diferencia entre un atestado policial hecho por un servicio especializado, que conoce qué tipo de víctima es, y uno de guardia, cuya formación es bastante deficiente”. Todas las expertas coinciden en no limitar las soluciones a la vía judicial y apuestan por favorecer otro tipo de mecanismos.
“Muchos recursos y derechos de asistencia, orientación laboral, ayudas económicas o acceso a alternativas habitacionales no se garantizan sin denuncia y eso es muy perverso”, sostiene González.
“Más allá de la denuncia, que es la única alternativa que se está dando, hay que atajar las situaciones de violencia en escuelas o centros de salud, donde van el 100% de las mujeres”, apunta la educadora social, que insiste en que el sistema debería disponer más de la red de profesionales “que generamos entornos más amables, tenemos formación muy concreta y podemos hacer una valoración de la situación fiable”, concluye.