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Asfixia económica, mordaza y multas: Ayuso aprieta aún más las tuercas a la universidad pública

Ayuso, durante un acto universitario.

Daniel Sánchez Caballero

11 de junio de 2025 22:28 h

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Las señales estaban ahí para quien las quisiera ver. “Nosotros siempre defendemos que la política debe quedar fuera de las aulas. Desde la Comunidad de Madrid vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así”, dijo el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, hace apenas un año. Más recientes, no tienen ni dos meses, son otras declaraciones en un acto público, cuando calificó de “necesario” establecer un régimen sancionador en la universidad. “Es importante garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de cátedra y de asociación. Una cosa es una concentración pacífica… Y otra cosa es impedir la libre circulación de vehículos o personas que impidan la libertad de cátedra. Hay límites fundamentales que no se pueden cruzar”.

El pasado noviembre, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, protestó porque, dijo, “toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense de Madrid”. Antes había sufrido en sus carnes un amago de escrache cuando fue a recoger su distinción como alumna ilustre de la Complutense y se topó con la protesta de cientos de jóvenes.

Los estudiantes y profesores que vienen participando en las protestas de la comunidad universitaria también lo venían advirtiendo porque lo han sufrido de primera mano: la represión en los campus madrileños está aumentando para cortar las manifestaciones y acciones reivindicativas.

El rastro de migas de pan ha llevado finalmente hasta el borrador de la ley de educación superior de la Comunidad de Madrid, que contempla multas de hasta 15.000 euros por colgar una pancarta sin permiso o de hasta 100.000 euros por organizar escraches que impidan celebrar otra actividad previamente autorizada, según adelantó El País y ha podido confirmar este diario.

Al más puro estilo del presidente norteamericano, Donald Trump, Ayuso apunta a estudiantes y responsables universitarios con su normativa. “Creo que está siguiendo la estela contra la universidad del señor Trump y nos recuerda mucho el 'muera la inteligencia' de hace muchos años”, afirmó el miércoles la ministra de Sanidad y antigua figura de oposición política a Ayuso, Mónica García. “Como Trump, quiere silenciar la disidencia y blindarse frente al rechazo ciudadano”, coincidió CCOO. El presidente de EEUU se embarcó nada más acceder al cargo en una guerra contra la universidad en general y Harvard en particular, centros a los que exige que se alineen con sus políticas. “La dirección de Harvard ha creado un entorno inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a individuos, incluidos numerosos estudiantes judíos, y alteren el que fue un entorno académico prestigioso. Muchos de estos agitadores son estudiantes extranjeros”, ha sostenido el Gobierno norteamericano. Excepto en la parte de los extranjeros, el discurso es muy similar en Washington DC y en Madrid.

Miles de euros en sanciones

La Comunidad ha defendido este miércoles que el texto se basa en la ley de Convivencia universitaria que aprobó el Gobierno en 2022. Pero esta norma, que fija el marco para sus desarrollos autonómicos o por cada universidad, no contempla sanciones económicas en su régimen disciplinario. Para las sanciones muy graves propone la expulsión de entre dos meses y tres años de la universidad o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o un semestre en el peor de los casos.

Madrid ha optado por la vía de la sanción económica con multas que pueden ascender hasta el millón de euros para los casos más graves. Te pueden caer 15.000 euros por colgar una pancarta o 100.000 por impedir, escrache mediante, que se celebre un acto previsto. Las diferentes faltas que propone su borrador tampoco guardan mucha relación con las de la ley estatal. Esta se centra en las conductas de los estudiantes, mientras las madrileñas incluyen también a la administración universitaria, a la que hace responsable por acción u omisión de lo que suceda en sus campus.

La normativa de la Comunidad habla de sanciones si se incumple la Constitución o se impide por acción u omisión el trabajo de las fuerzas armadas en los campus. ¿Quién establece un incumplimiento constitucional? Si un rector decide que no hace falta llamar a la policía para que resuelva un problema en el campus, y por tanto esta no puede acceder a él, ¿está impidiendo su trabajo?

Por ejemplo, cuando cataloga de falta muy grave “impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario”, una medida que tiene que solicitar el rectorado y que podría interpretarse que está “impidiendo” si no lo hace (¿cuándo corresponde llamar a la policía y cuándo no?), o cuando adjudica a las autoridades académicas la responsabilidad de “garantizar la seguridad e integridad física en el campus universitario, por acción u omisión” (si un estudiante agrede a otro, ¿es culpa del rector?).

No tiene tan claro el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que el régimen sancionador madrileño se ajuste a la legalidad vigente. Fuentes del departamento que dirige Diana Morant han expresado su preocupación por el contenido. “Contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado. El Gobierno de España va a proteger a la universidad pública española, velando porque se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas. Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las Universidades que de cómo financiarlas mejor”, explican las fuentes.

El régimen sancionador elaborado por algunas universidades en los últimos meses a raíz de la ley estatal se limita a trasponer lo que establece la normativa estatal y también sin sanciones económicas, como sucede por ejemplo en la Universidad de Lleida o en la Politécnica de Catalunya.

Menos dinero que en 2009

Pese al rastro que iban dejando los responsables del Gobierno regional, toda la atención se estaba fijando en la financiación. La Comunidad de Madrid lleva años, desde la crisis de 2008 y los recortes que la siguieron, asfixiando a sus campus públicos a la vez que promociona privados de todo tipo, cumplan o no los requisitos para ser universidades. Los rectores, que en los últimos meses han cambiado de estrategia para alzar la voz y denunciar que no llegan a fin de mes, han explicado hasta en tres ocasiones que las cuentas no salen. Que tienen prácticamente la misma financiación pública que en 2009, pero la vida ha subido un 34%. En términos reales han perdido dinero.

La cuestión económica se exacerbó cuando se filtró que el borrador, que se ha ido conociendo por entregas, incluía un artículo por el que la Comunidad de Madrid fijaba por ley que no aportaría más del 70% de la financiación regular de las universidades, una cifra que los rectores consideran “inasumible”.

Estudiantes y profesores advirtieron de lo que venía: "No es solo que haya detenciones e identificaciones constantes o que aparezca la policía. Es que cada vez se permiten menos cosas, hasta poner pancartas es un problema. Está habiendo políticas indiciarias del control que quieren aplicar en el espacio universitario", contaba una doctoranda hace un mes

Y el dinero se llevó todo el foco. Pero quienes llevan meses protestando por la situación de las universidades lo estaban viendo venir y trataron de advertirlo. Lo explicaba María Prieto, doctoranda en la Complutense y miembro de UCM x por la Pública hace más de un mes. “Ya la vimos crecer [la represión] en las acampadas pro Palestina. No es solo que haya detenciones e identificaciones constantes, o que aparezca la policía. Es que cada vez se permiten menos cosas, hasta poner pancartas o un cartel es un problema. Está habiendo políticas indiciarias del control que quieren aplicar en el espacio universitario, que va desde lo más cotidiano a cuestiones de más violencia”.

No era una queja exclusiva del estudiantado, siempre más proclive tanto a la protesta como a sufrir las consecuencias de hacerlo. Fernando Varas, profesor de la Politécnica de Madrid, hablaba en el mismo reportaje de “la continua amenaza del Gobierno regional de poner medidas disciplinarias a las universidades cuando se produzcan protestan y manifestaciones. Quieren una universidad callada”, advierte. Las palabras de ambos parecen proféticas hoy.

El consejero Viciana sostuvo este miércoles que la ley de la comunidad de Madrid “protege la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales. No solo no atenta contra autonomía universitaria y libertad de cátedra, viene a garantizarla”.

No encontrarás una ley con un articulado tan extenso y detallado como este. Casi triplica el de la LOSU. Va tocando todos los ámbitos, regula toda una serie de cuestiones que entendemos como un cuestionamiento del funcionamiento regular de las universidades

Santiago Cuesta Responsable de Universidad de Comisiones Obreras

Santiago Cuesta, responsable de Universidad de CCOO, lamenta que el borrador de ley madrileño hace justo lo contrario de lo que dice la Comunidad. “El conjunto de la ley tiene un matiz claramente ideológico. No busca defender el interés de la universidad pública y atender sus necesidades, es una normativa que responde a un determinado modelo de universidad”. Según el sindicalista, la ley madrileña implica “una supervisión de carácter político del funcionamiento de la universidad. Por la indefinición de la redacción, que queda abierta a la interpretación de lo que se puede entender o no respecto a una serie de medidas que se regulan en ese marco”, advierte, y cita el artículo que habla de “cumplir la Constitución” o del que alude a las fuerzas armadas. “Se sitúa a la universidad en un marco de alegalidad e inseguridad jurídica”, sostiene.

También apunta Cuesta al intervencionismo de la Comunidad con una normativa ultradetallada. “No encontrarás una ley con un articulado tan extenso y detallado como este. Casi triplica el de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). Va tocando todos los ámbitos. Este aspecto de las sanciones desproporcionadas es muy llamativo y está fuera de contexto, pero hay toda una serie de cuestiones que regula que entendemos como un cuestionamiento del funcionamiento regular de las universidades”, sostiene.

“Justo el día después”

El consejero de Educación, Emilio Viciana, defendió el miércoles que no hay novedad alguna en la ley y que el régimen sancionador está “anunciado y debatido desde 2024, no hay ninguna novedad desde entonces”. No está claro a quién se lo ha anunciado ni con quién lo ha debatido la Comunidad de Madrid. No a los rectores de las universidades públicas, que emitieron una nota negando conocer las propuestas sancionadoras del Gobierno regional y exigiéndole una copia íntegra del texto, que nunca han tenido pese a que se supone lo están negociando con la consejería. Tampoco a los sindicatos, cuentan fuentes de CCOO, que fueron convocados a una reunión antes de que hubiera borrador alguno y no han vuelto a saber nada.

Viciana prefiere hablar de universidades privadas. El miércoles denunció que se publicara su régimen sancionador justo “el día después de que la UCO haya registrado la casa de [el exministro socialista José Luis] Ábalos, de que el Fiscal General del Estado haya sido procesado por revelación de secretos y de que sepamos del pacto de [el presidente, Pedro] Sánchez con los nacionalistas para ir contra la universidad privada y controlar las online”, en alusión al acuerdo entre los Gobiernos central y vasco para incluir ciertas excepciones a la intención del Gobierno de que el Congreso se haga responsable de las universidades online en vez de las comunidades autónomas, como sucede ahora, un acuerdo que deja solo al PP en contra del proyecto del Gobierno para endurecer los requisitos para crear nuevos campus. La Consejería envió este miércoles una carta a la ministra Diana Morant exigiéndole que “dé marcha atrás en este atropello”.

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