Asociaciones de memoria y de familiares de represaliados por el franquismo consideran que la nueva Ley de Memoria Democrática —que consiguió salvar el lunes su primera votación en el Congreso tras el acuerdo de los partidos del Gobierno con socios habituales como EH Bildu PNV, Más País o PDeCAT— es “insuficiente” y piden la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) ha señalado que, aunque el proyecto mejora la ley vigente de 2007, el texto pactado “sorprendente y lamentablemente” es “absolutamente insuficiente para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y revertir el modelo de impunidad”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha instalado una exposición de fotografías este martes frente al Congreso con imágenes de exhumaciones de víctimas del franquismo, cree que la norma “consolida la existencia de víctimas de primera (terrorismo) y de segunda (franquismo)”. El presidente de la asociación, Emilio Silva, ha declarado que propondrán “que se acabe con esa cultura de la protección de los verdugos” y ha afirmado que “el Parlamento tiene el deber de reparar a esas familias”.
Silva, que es nieto del primer desaparecido del franquismo que fue identificado en una fosa en España, en la localidad de Priaranza del Bierzo (León), ha dicho que en la ley la palabra víctima aparece 142 veces pero “la palabra verdugo nunca”. “[Esta ley] no va a juzgar a nadie, no va a reparar a víctimas que merecen indemnización por parte del Estado como han tenido las víctimas del terrorismo y no va a contarnos la verdad porque solo quiere hablar de las víctimas y no de los perpetradores de esas violaciones de derechos humanos”, ha sostenido.
Piden la derogación de la Ley de Amnistía
Para la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, la enmienda del texto que exige que todas las leyes —incluida la de Amnistía de 1977— se interpreten “de conformidad con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra (...) tienen consideración de imprescriptibles y no amnistiables” en realidad es una enmienda que “no deja de ser consecuencia directa de lo previsto en la Constitución” y pese a ello “el poder judicial se ha negado a investigar” hasta ahora. “¿Por qué van a modificar dicho criterio [los tribunales]? (...) No modifica el estado normativo en esta materia”, afirman. De esta manera, la plataforma cree que el “efecto práctico” del texto para poder investigar los crímenes del pasado es “nulo”.
Opina lo mismo la ARMH: “Mantiene la Ley de Amnistía de 1977 como herramienta para que los jueces sigan blindando la impunidad del franquismo. Añade una recomendación de que apliquen legislación internacional que ya es el artículo 96 de la Constitución del 78, así que nada nuevo bajo el sol de la impunidad”.
Así, CeAQUA cree que es “imprescindible” la modificación o derogación de la Ley de Amnistía en lugar de “tratar de sortear su aplicación con previsiones normativas que ya están fijadas en nuestro ordenamiento jurídico”. Además, también defienden que “se precise que ni la Ley de Amnistía de 1977, ni la prescripción de los delitos ni el principio de legalidad penal pueden impedir la investigación de los crímenes de derecho internacional”.
Emilio Silva ha declarado que “nadie entendería que en los atentados de Atocha el Estado hubiera dicho a las víctimas que se dividiesen en grupos” para reparar a unos sí y a otros no. “Eso es lo que llevamos soportando desde 2007. Esta ley anuncia que apoyará a los familiares en las investigaciones de lo ocurrido, o sea, no se va a responsabilizar de hacerlo. Va a dejar que las familias vayan por los pueblos preguntando por los archivos a los que no les dejan acceder buscando y encontrando testimonios”, ha lamentado.
Las claves del texto
El texto crea un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática con el que pretende impulsar las investigaciones de los crímenes del franquismo. Además, será el Estado el encargado de buscar, identificar y, en su caso, exhumar los restos de los desaparecidos mediante la puesta en marcha de planes estatales y plurianuales de exhumaciones. Lo hará de oficio o por solicitud.
La norma extiende el periodo de persecución y violencia hasta la promulgación de la Constitución, en 1978, y hasta esa fecha limita temporalmente la investigación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, que figurarán en un censo estatal. Sin embargo, se ha añadido la creación de una comisión técnica para estudiar los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por motivo de “su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los derechos democráticos” hasta el 31 de diciembre de 1983. Esta comisión evaluará “posibles vías de reconocimiento y reparación”.
Es esta la novedad de la ley contra la que ha cargado con más contundencia la derecha, asegurando que incluso la ETA de los 80 podría ser considerada “resistencia democrática a un gobierno tardofranquista”. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo apuntan a que lo que se ha acordado es crear una comisión que estudiará vulneraciones de derechos humanos tales como el asesinato de Yolanda González por parte de la extrema derecha en 1980 e insisten en que la norma no extiende su ámbito temporal de aplicación.