El pasado miércoles, el presidente del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, presentaba los miembros de la Comisión que auditará los abusos en la Iglesia española a petición de los obispos. Durante una multitudinaria rueda de prensa, Cremades aseguraba que, pese a haber recibido apenas 45 denuncias en seis semanas de trabajo, se habían reunido con la práctica totalidad de las asociaciones de víctimas, y que todas, “excepto Infancia Robada”, habían decidido participar en la misma.
Fue más allá, desvelando que desde el despacho habían intentado entrar en contacto con ellos de diversas maneras. Incluso, apuntó que uno de sus vicepresidentes “iba a participar en la auditoría”. “Salvo una asociación, que es Infancia Robada, hemos podido hablar con todas ellas. Con Infancia Robada hemos tenido dos niveles de interlocución: una con el vicepresidente de esa asociación, que nos ha pedido incluir su testimonio, y nuestro propio director de comunicación que ha estado con el promotor de esa asociación. Respetamos profundamente lo que piensan y lo que hacen”, apuntaba el abogado.
El letrado también mostró el libro escrito por Manuel Barbero, presidente de Mans Petites y primer denunciante del caso maristas, con el que se habría reunido la semana pasada, con una dedicatoria: “Que sepamos abrir los ojos y ver más allá del silencio”. Sus palabras han provocado la indignación de varias asociaciones de víctimas, que denuncian “falsedades” y utilización de conversaciones privadas por parte del abogado, miembro del Opus Dei.
En un duro comunicado conjunto, tanto Infancia Robada como las Asociaciones de Víctimas de Pederastia en la Iglesia Navarra han mostrado su “no rotundo a Cremades”. “Negamos rotundamente que haya habido reunión alguna entre nuestras asociaciones (ANIR, AVIPIN) y el despacho C&CS”, sostienen las asociaciones, que ratifican “su total rechazo y desconfianza a la propuesta del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al entender que está viciada de raíz”.
“Mientras el Papa anima a poner en el centro de la mesa a las víctimas, el despacho de Cremades las omite y se dedica a realizar un sobrecogedor despliegue de poderío con tanto contacto jurídico nacional e internacional, eso sí, con cargo a las arcas de la Iglesia”, constata el comunicado, que lamenta que entre los miembros no haya “expertos en víctimas de abusos sexuales en la Iglesia”, ni víctimas, tal y como lamentó, en conversación con elDiario.es, Manuela Carmena, que elaborará un dossier para el bufete, sin formar parte de la comisión.
“Hasta ahora no han tenido la más mínima empatía con las víctimas, y con cada paso que da al frente el referido despacho, revictimiza más aún si cabe a las víctimas”, señalan las asociaciones, que ponen como ejemplo el cuestionario inicial en el que se denominaba a los denunciantes como “afectados”.
“No se puede blanquear la esencia de ese despacho aludiendo a una más que cuestionada equidistancia entre víctimas y esa parte trasnochada de la Iglesia y su repentina 'pluralidad' ideológica”, esgrimen. “¡Menos combatir a las víctimas y más a los pederastas, señores!”, dicen.
Por su parte, desde la plataforma Tolerancia 0, compuesta por Manuel Barbero, primer denunciante del caso maristas y president de Mans Petites; Esther Pujol, primer denunciante del caso Bellcaire; Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Abadía Montserrat; Jordi de la Mata, primer denunciante del caso Jesuitas; y Alejandro Palomas, además de Vicki Bernadet, han pedido “una comisión de la Verdad” que supere las funciones del Defensor del Pueblo y las de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal a Cremades. 'Tolerancia 0' no participará en ninguna de ellas.
“Éticamente y honestamente, no podemos cooperar. Nos bajamos del tren del Defensor del Pueblo y nos bajamos del tren del despacho Cremades [en referencia a la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al despacho Cremades & Calvo Sotelo, presidido por un miembro del Opus]”, afirmó durante la presentación de la plataforma Miguel Hurtado.
“Las víctimas catalanas abajo firmantes no vamos a participar en ningún otro modelo de investigación, ya sea de carácter estatal (Investigación del Defensor del Pueblo) o autonómico (Comisión de Investigación parlamentaria catalana) por el importante desgaste emocional y retraumatización secundaria que supondría colaborar con una investigación que no tiene los poderes coercitivos necesarios para esclarecer los hechos investigados, venciendo la oposición y el obstruccionismo secular de parte de la jerarquía católica”, resaltan las víctimas catalanas.
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