La Audiencia Nacional estima las demandas presentadas por Comisiones Obreras y UGT y reconoce que los salarios de los trabajadores del sector de la Atención a la Dependencia deben incrementarse en un 6,5%. Esta decisión, a la que se oponía la patronal, afectará a 6.000 empresas y a alrededor de 160.000 trabajadores de centros de día, residencias, teleasistencia y ayuda a domicilio.
Los sindicatos llevaron ante los tribunales la aplicación del convenio colectivo estatal de atención a personas dependientes, que caducó a finales de 2018 y no ha sido renovado porque las negociaciones del diálogo social llevan cuatro años enquistadas. En una sentencia emitida en junio de 2022, la Audiencia Nacional sostiene que este acuerdo se debe continuar aplicando.
De esta forma, los magistrados estiman la demanda de los sindicatos en la que requerían que se incrementen los “conceptos retributivos para el ejercicio 2022 en la cuantía correspondiente al porcentaje del índice de precios al consumo (IPC) real del año 2021, esto es en un 6,5%”.
Por su parte, la Audiencia Nacional no ha tenido en cuenta la alegación de una de las patronales, que aseguró que no regía el convenio porque su vigencia terminó el ultimo día de 2018. Desde hace cuatro años, ambas partes no han alcanzado consenso para renovar el acuerdo demandado. Por lo tanto, la patronal ha sostenido que se encontraban ante un “conflicto de intereses”. Según apuntó una de las plataformas representantes de la patronal, el objetivo de los sindicatos era “incidir en el resultado de la negociación colectiva”.
Ante esta argumentación, la Sala de lo Social apunta que aceptar estas alegaciones conllevaría que “que ninguna de las partes afectadas por un conflicto enquistado desde 2018 estaría legitimada para obtener una interpretación judicial que, ante la resistente falta de acuerdo, podría desatascarlo”.
En esta sentencia, los magistrados cargan contra la patronal, a la que acusan de una “pobreza argumental” que “no deja de sorprender”. “Del mismo modo la alegación de que los salarios deberán incrementarse en la misma cuantía que las pensiones de las personas atendidas en estos servicios de atención a personas dependientes no deja de ser un deseo del empresariado que no se sustenta en argumento jurídico alguno de mínima consistencia”, indican los jueces, que condenan a las patronales —Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores-Sector Solidario (LARES) y Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE)— a abonar una sanción de 1.000 euros y a pagar los honorarios de los letrados de los sindicatos demandantes.
Desde CCOO celebran el fallo y lamentan que durante estos últimos cuatro años de negociaciones la patronal haya mantenido una “posición intransigente” que “ha impedido que se haya llegado a ningún tipo de acuerdo, con el agravante de las consecuencias devastadoras que han desencadenado la pandemia del Covid y los dos años de congelación salarial en los que se han empobrecido los salarios de forma considerable”.