El Gobierno de Austria ha decidido este domingo poner en marcha a partir de la próxima medianoche nuevas restricciones sociales exclusivamente para personas no vacunadas o no curadas de COVID-19. Esos ciudadanos deberán permanecer en su domicilio salvo para ir al trabajo o hacer pequeños recados, mismas medidas que se plantearon en anteriores confinamientos. Los niños de menos de doce años están excluidos y las escuelas funcionarán con normalidad, según informa Kronen Zeitung.
“La situación es seria. La cuarta ola (de la pandemia) nos afecta plenamente. Eso se debe a la variante delta (del virus) pero también se debe a la baja cuota de vacunación”, dijo ante la prensa el canciller federal, Alexander Schallenberg.
La medida se trata de un 'mínimo', según ha explicado Schallenberg, que ha insistido en que los estados federales podrán imponer “restricciones más estrictas”. El canciller federal ha subrayado que la situación le ha obligado a tomar estas decisiones “drásticas”: “No estamos tomando este paso a la ligera, pero lamentablemente es necesario”.
La norma será adoptada esta noche por el Parlamento austríaco para un período inicial de diez días (hasta el 24 de noviembre), con la opción de ser luego extendida, lo que requerirá una nueva votación parlamentaria. Austria es uno de los países de Europa occidental con menos vacunados, tan solo lo está un 65% de la población adulta.
El repunte de casos en Europa ya iguala los niveles del último invierno, según el análisis de elDiario.es de los datos de la Universidad Johns Hopkins, basados en gran medida en las pruebas efectuadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que el continente europeo vuelve a ser el epicentro de la pandemia y su representante para la región ha anticipado un “invierno duro” ante el fuerte incremento de los contagios impulsado.
Según ha explicado la OMS, el aumento de los contagios se debe a la relajación de las medidas, más interacción en interiores por la llegada del frío y una cobertura vacunal en ocasiones insuficiente. La rama europea de la organización estima otro medio millón de fallecimientos con COVID-19 para el 1 de febrero del año que viene de seguir la trayectoria actual, con 43 de los 53 países de la región enfrentándose a una presión hospitalaria “entre alta y extrema” en algún momento del mismo periodo.