Empujón de dinero público para los toros este año. Al menos las subvenciones que ha recibido la Fundación Toro de Lidia han crecido un 35% en este ejercicio. La organización ha recibido adjudicaciones por valor de 637.500 euros –por los 469.000 de 2022–, según la Base de datos nacional de subvenciones.
La fundación –que aparece en el apartado “grandes beneficiarios”, es decir, con importes acumulados de por lo menos 100.000 euros– ha recibido en los últimos cinco ejercicios (el máximo periodo del que informa la base de datos) no menos de 2,6 millones de euros provenientes de las administraciones estatal, autonómicas, provinciales y locales, según el registro que gestiona el Ministerio de Hacienda.
Esta entidad tiene recogido como fin “fomentar, conservar, mejorar, defender, promover, divulgar el toro de lidia y la tauromaquia, como cultura y disciplina artística”. Su presidente es el ganadero Victorino Martín y cuenta entre sus dirigentes, además de criadores, con toreros y empresarios.
La administración más generosa estos últimos años de acuerdo con estos datos ha sido la Junta de Castilla y León, que desde 2020 ha transferido 1,2 millones de euros. La partida más reciente han sido 270.000 euros en “concesión directa” para una “entrega dineraria sin contraprestación” destinada a “la organización de un circuito de novilladas”, es decir, corridas con reses jóvenes.
Con objetivo similar, la Junta de Andalucía le ha asignado más de medio millón de euros entre 2021 y 2023 dentro del Proyecto andaluz de tauromaquia –que se desarrolla anualmente–. El Gobierno autonómico de Extremadura también ha asignado subvenciones a la fundación, así como el Ministerio de Cultura. El Ayuntamiento de Córdoba, las diputaciones provinciales de Badajoz, Málaga y Almería se cuentan entre los subvencionadores.
Con todo, como señala el partido PACMA, “es muy difícil determinar con exactitud cuántos millones de euros se destinan a los toros”. De hecho, en la base de Hacienda pueden rastrearse como grandes beneficiarios entidades como la Unión de Criadores de Toros de Lidia (con más de un millón de euros en los últimos cinco años), la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia, con más de 350.000 euros, o ganaderías de reses bravas.
Aunque no aparece en el registro oficial, la Comunidad de Madrid ha autorizado el pago de 1,4 millones de euros a esta fundación, según publicitó en febrero de 2023, para “eventos taurinos y un circuito de novilladas”.
El partido animalista insiste en que las subvenciones son legales y que “las cifras no van en descenso sino todo lo contrario: cada vez hay menos afición, pero parece que hay más ayudas públicas”. En este sentido, en 2022, solo el 1,9% de los ciudadanos declaró haber asistido a un espectáculo taurino, según la Estadística de Asuntos Taurinos del Ministerio de Cultura.
Si en 2006, 12 hombres de cada 100 decían acudir al menos a una corrida de toros, 15 años más tarde solo son dos de cada centenar. Hace tres lustros, la población de 45 a 54 años era la más aficionada, mientras que ahora esa franja de edad se ha convertido en una de las que más rechaza la tauromaquia.
Sin embargo, los toros llevan más de una década siendo terreno de pelea política. En septiembre de 2013, la mayoría absoluta del PP comandada por Mariano Rajoy aprobó la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural (BIC). Un paso que se ha revelado crucial para el blindaje de los toros.
Con esa ley, el Ejecutivo de Rajoy impidió por un lado iniciativas como la de las Islas Baleares, que redactó una normativa propia para regular los festejos con toros y que el Gobierno llevó al Tribunal Constitucional. Los magistrados acabaron fallando que si no se mata al toro no se respeta ese bien cultural. Además, al ser BIC, las subvenciones están justificadas.
Búsqueda de votos taurinos
Los toros son pues un arma política y un caladero donde buscar votos. Tanto como para que el vicepresidente de la Comunitat Valenciana escogido por Vox para escoltar al presidente autonómico Carlos Mazón (PP) sea el ex matador Vicente Barrera. Antes de esa alianza, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso recibió un reproche por parte de la Junta Electoral Central en 2021 por utilizar un acto junto a la Fundación Toro de Lidia dentro de la campaña para las elecciones autonómicas. Entonces, Díaz Ayuso aprovechó para publicitar que había aprobado “la firma de un convenio de colaboración para poner en marcha la fiesta del toro 2021-2022. Un acuerdo con la Fundación Toro de Lidia para celebrar 18 festejos taurinos en municipios de menos de 8.000 habitantes”, anunció.
La Junta Electoral determinó que “las manifestaciones de referencia, efectuadas por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, vulneraron la prohibición de realizar campaña de logros”. Y requirió “de nuevo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a que en el futuro se abstenga de difundir mensajes con contenido electoralista en el curso de actos de carácter institucional, dado que ello infringe el deber de objetividad que los poderes públicos”. Díaz Ayuso terminó obteniendo una amplia mayoría en las elecciones.