El día que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), sellaba la paz con la vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Ribera a cuenta de los regadíos ilegales en Doñana, su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacía público que había llevado al Tribunal Supremo el Plan Hidrológico del Tajo desarrollado por la misma Teresa Ribera.
Si bien Díaz Ayuso llevaba preparado el anuncio en un discurso que ha leído este lunes ante el Círculo de Navarra, la medida era antigua: el recurso contencioso administrativo ante el Supremo se presentó el 4 de abril y la demanda, el pasado 4 de octubre, explica el Ministerio de Transición Ecológica. La declaración de la presidenta madrileña se ha producido el 27 de noviembre.
De hecho, la empresa pública encargada del agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, contrató en marzo pasado, un mes después de la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, al bufete Ramón y Cajal para litigar contra el Gobierno central, como adelantó El País.
La fumata blanca entre las administraciones por Doñana era algo esperado este lunes. De hecho, había convocada con 24 horas de antelación toda una puesta en escena en el parque nacional. La política madrileña ha hecho coincidir la firma del acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central –que gira en torno al expolio del agua en Doñana– con unas palabras ante los empresarios navarros en las que ha dicho que el Ejecutivo central “pretende que esta región se rinda por sed”.
A pesar de que Díaz Ayuso ha hablado de una medida “mezquina y ruin” para referirse a la planificación del Tajo, lo cierto es que la Ley de Aguas establece un “orden de preferencia de usos” del recurso que consagra en el primer puesto el “abastecimiento de población”, clarificando que los planes hidrológicos deberán “respetar en todo caso la supremacía” de este uso. Es decir, mientras haya algo de agua, se destinará a que las personas puedan beber aunque no dé para nada más.
La Comunidad de Madrid litiga porque rechaza el régimen de caudales ecológicos para el Tajo que establece el plan hidrológico –quieren que haya más– y porque el organismo encargado por ley de gestionar la demarcación de este río, que es la Confederación Hidrográfica del Tajo, tenga ahora que autorizar trasvases de agua entre embalses “para velar por un aprovechamiento racional y eficiente”, dice el planeamiento demandado. Esta autorización alude al bombeo de agua del río Alberche entre el embalse de San Juan y Valmayor.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, calificó de “ocurrencia” el discurso de la jefa del Gobierno de Madrid. “Hay responsables políticos que intentan trabajar sobre acuerdos y otros, retar a la gente”, aseguró. También recordó que “nunca ha habido más presupuesto para recuperar calidad del agua [lo que pretenden los caudales ecológicos]” y destacó que en ellos “Madrid sale muy bien parada”.
“Es falso y un absurdo que pueda dejarse sin abastecimiento a Madrid”, analiza el experto en aguas de Ecologistas en Acción Santiago Martín-Barajas. “El responsable de la gestión del agua, por ley, es la Confederación del Tajo y puede decidir en función del interés general cuánta agua puede trasvasarse. Además, Madrid está muy bien abastecida porque se han hecho cosas bien: consume unos 510hm3 al año y tiene recursos de alrededor de 1.000hm3”, remata.
Es falso y un absurdo que pueda dejarse sin abastecimiento a Madrid, que está muy bien abastecida porque se han hecho cosas bien: consume unos 510hm3 al año y tiene recursos de alrededor de 1.000hm3
Los caudales ecológicos son una obligación legal que nunca se había cumplido en el Tajo. Se trata de la cantidad de agua que permite que los ríos sean ríos. Es el caudal que “mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”, explica la ley. El Tribunal Supremo ya sentenció en 2019 que en el anterior Plan Hidrológico del Tajo (2015-2021) “no se han fijado caudales ecológicos en el río Tajo”.
A la contra de su propio partido
Por cierto, que la misma norma aclara que este caudal ecológico no es un “uso del agua”, como el riego o la industria, sino una condición previa que debe garantizarse al río. Y, aun así, el abastecimiento a la población sigue siendo prioritario a este caudal, dicta la norma. Dicho de otra manera, antes se dejará secar un río que se cortará definitivamente el grifo.
La batalla que ha aireado este lunes la presidenta de Madrid choca con la estrategia de aguas que siguen la Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía, que tienen recurrido el plan del Tajo en el sentido contrario. Las tres, gobernadas ahora también por el Partido Popular, quieren que se reserve menos agua para el Tajo de manera que haya más volumen disponible para enviar a sus regiones por la tubería del trasvase Tajo-Segura.
Pero Ayuso ha encontrado en el camino a un aliado socialista. El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, ha dicho este lunes que propone a la madrileña “trabajar juntos para minorar el agua que va por el trasvase al levante”. Es decir, que los caudales ecológicos sean mayores. Eso, a pesar de que cuando se aprobó el actual plan afirmó que se trataba de una “decisión histórica” y una nueva forma de entender la gestión del agua.