El Partido Popular ha decidido defender la ocupación de terreno público sin permiso por parte de la estación de esquí de Navacerrada (Segovia) y enfrentarse con el Organismo Parques Nacionales del Gobierno, propietario de ese monte. El Organismo consideró en marzo pasado que no habría más concesiones para ese tipo de actividad una vez caducado el permiso de 25 años firmado en 1996. La idea es que ese suelo pueda incorporarse, una vez recuperado, al Parque Nacional de Guadarrama.
El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que “no hay razones políticas ni jurídicas para declarar el cierre” a pesar de que tanto el acta de concesión de 7,6 hectáreas del monte de utilidad pública Pinar de Valsaín, como la misma ley de Montes de Castilla y León marcan en 25 años el plazo máximo de una concesión como la que ha permitido funcionar a la estación desde 1996. No se ha realizado ninguna nueva concesión que ampare la presencia de las instalaciones.
“Desde el 3 de abril, consideramos que esa ocupación es ilegal al haber caducado la concesión”, explica la directora de Parques Nacionales, María Jesús Rodríguez de Sancho. “El concesionario no se ha marchado como debería. Por eso necesitamos que la autoridad competente, que es la Junta de Castilla y León, inicie el desahucio administrativo. Pero la Junta no actúa, por lo que hemos tenido que acudir al Tribunal Superior de Justicia”, añade. El Organismo, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, ha recurrido el acuerdo de Gobierno regional de inhibirse y ha pedido que se impida provisionalmente el esquí mientras se resuelve el asunto.
25 de años de uso privativo
La primera línea del PP ha salido a apoyar esta ocupación de los terrenos en un llamativamente homogéneo frente de batalla. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apeló al “sentido común” para justificar que las tres pistas sin licencia sigan funcionando. “No tiene cabida lógica alguna que Navacerrada, tras tantos años, se cierre por motivos políticos con todo el perjuicio que ello conlleva”, ha defendido Ayuso.
El presidente del PP, Pablo Casado, se ha sumado a la disputa poco después: “Navacerrada tiene que seguir abierto. Los deportes de invierno son fundamentales. En un momento en el que el turismo ha sufrido tanto, empezar a poner palos en las ruedas a las actividades en el entorno rural es algo muy grave”.
Los últimos 25 años la estación se ha sustentado en el permiso rubricado con el Organismo Parques Nacionales, que es el que ahora rechaza prolongar la ocupación por motivos ambientales y climáticos. Su objetivo es recomponer el paisaje natural e incorporarlo a uno de los territorios protegidos más jóvenes de España: el parque Nacional Sierra de Guadarrama. Aquella autorización de 1996 indicaba expresamente que, una vez caducada, se recuperaría el terreno sin derecho a indemnización alguna para la empresa que ha disfrutado durante un cuarto de siglo del uso privativo del monte público.
Un modelo insostenible
Al caducar el permiso, Parques Nacionales consideró que el perjuicio ambiental que causaba el tránsito de vehículos privados y las nuevas condiciones climáticas, que han reducido drásticamente la cantidad de nieve natural, recomendaban recuperar la zona a su estado silvestre. De hecho, estas tres pistas: el Telégrafo, el Escaparate y el Bosque, podían funcionar principalmente porque tienen instalados unos cañones de nieve artificial.
“La propia estación admite que su negocio solo tiene sentido con los cañones de nieve artificial”, explica Rodríguez de Sancho. Su departamento realizó un informe por petición del Gobierno de Fernández Mañueco, que trataba de iniciar un proceso de nueva concesión. “Los datos desde 1950 de la estación de la Aemet en Navacerrada muestran que la temperatura media ha subido 1,99ºC y el número de heladas ha disminuido más de un 20%. Además, la captación de agua para los cañones de nieve está en el arroyo del Telégrafo que es una reserva natural fluvial en la que la previsión de precipitación también disminuye. El escenario climático aconseja que no se realice esa actividad”.
La empresa que ha gestionado la concesión argumentó en marzo pasado que su negocio no era viable sin las tres pistas de la vertiente segoviana de Navacerrada –las que disponen de los cañones de nieve artificial–, a pesar de que en la ladera de Madrid hay pistas y remontes sobre el monte Guarramillas. Pero no tienen fábrica de nieve. La campaña del PP se centra, justamente, en esa parte de la estación.
Siete figuras de protección ambiental
Y eso que la Junta de Castilla y León especificó en un decreto de 2005 que al menos parte de las instalaciones de esta infraestructura deberían desaparecer: “Las instalaciones existentes para el transporte de esquiadores no deberán ser ampliadas, siendo un objetivo a largo plazo su levantamiento”, decían las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno. En ese momento la Junta estaba presidida también por el PP y el mismo Fernández Mañueco era consejero de la Presidencia.
La directora de Parques Nacionales añade que la zona implicada ha recibido siete figuras de protección ambiental desde que se hizo aquella concesión de 1996. Desde el ámbito autonómico, nacional e internacional: parque natural, parque nacional, ZEPA, Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 y reserva de la Biosfera. “Pensamos que todas estas figuras merecen hacerse efectivas”, afirma la directora. Una estación de esquí es incompatible, por ejemplo, con un parque nacional, según la ley que los regula.
De hecho, “cuando se declaró el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se respetó que quedaban años de concesión de la estación y se excluyó del parque, pero se describió que cesaría la actividad y que revertiría, posiblemente, al parque ya que es una zona que cumple los requisitos para ser incorporada”, cuenta Rodríguez de Sancho. Esa ley especifica que “el parque nacional, consciente del alto valor medioambiental de los territorios que lo limitan, nace con una clara voluntad de ampliación”.