Ayuso insiste en sumar otra universidad privada plagada de “lagunas y deficiencias”, según detectó el ministerio
A por la decimocuarta. “El proyecto (...), en realidad, pretende convertir el Instituto Europeo de Posgrado (...) en una universidad. Se constata (...) que los promotores no tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad para la Universidad Abierta de Europa. Las numerosas lagunas y deficiencias de este determinan (...) que se emita informe desfavorable”.
El Ministerio de Universidades ha rechazado el último proyecto de universidad privada en la Comunidad de Madrid, y lo hace con un informe que señala que la propuesta no cuenta con los medios ni el espacio mínimos para establecer una universidad, según adelantó El País. Pero este informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, no será un obstáculo en la aprobación de este centro por parte de la Asamblea madrileña. Si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso quiere, y fuentes conocedoras del proceso confirman que el trámite continúa, habrá un nuevo campus privado en Madrid. En realidad será una planta de un edificio de oficinas en Alcobendas, según figura en el proyecto, pero habrá nueva Universidad a distancia.
Se constata, después de rehacer el proyecto inicial, que los promotores no tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad para la Universidad Abierta de Europa
Todo indica que no será la última. El Ejecutivo madrileño reconoció hace unos meses que ha recibido una petición de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para instalar un centro adscrito en Torrejón de Ardoz, petición que según la prensa murciana ha sido aceptada, y fuentes próximas a la Consejería informan de que también el Instituto Empresa (IE) prepara su desembarco en Madrid. A por la decimoquinta. A por la decimosexta. Mientras, universidades públicas sigue habiendo seis.
La apuesta privatizadora de la Comunidad de Madrid está empezando a surtir efecto. En los últimos años, especialmente a partir de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, el panorama de la educación superior ha sufrido un vuelco en la región con la aprobación de media docena de nuevas universidades privadas. El efecto se ha hecho notar: desde 2015, último año del que hay datos con detalle, el conjunto de universidades ha ganado 22.000 alumnos de grado (de 232.139 a 254.687), pero los campus estatales tienen hoy 9.000 menos universitarios que entonces. La proporción entre una red y otra ha pasado de 3,7 a 1 a favor de la pública a 2,1 a 1. En los másteres el sorpasso se produjo hace dos cursos, según los datos del Ministerio de Universidades.
La Universidad Abierta Europea suspende
El pasado 23 de abril, la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), en la que están presentes las comunidades autónomas, evaluó la propuesta de creación de la Universidad Abierta de Europa en la Comunidad de Madrid. En el informe emitido por la CGPU los técnicos explicaron que el proyecto “en realidad pretende convertir el Instituto Europeo de Posgrado en la primera universidad en España filial del grupo Summa Education”.
La Universidad no dispone de un proyecto de investigación propio y es insuficiente, ya que no concreta algunas cuestiones importantes tales como la colaboración con sectores productivos o la participación en proyectos de investigación competitivos
Y a continuación empiezan a enumerar los fallos que tiene el proyecto y que se saldarían con una recomendación negativa. “La Universidad no dispone de un proyecto de investigación propio, sino que se suma a los proyectos iniciados por la Red Summa Education”, escriben. Y ni siquiera les parece óptimo. “Es insuficiente, ya que no concreta algunas cuestiones importantes tales como la colaboración con sectores productivos o la participación en proyectos de investigación competitivos”. La investigación suspende.
La docencia tampoco sale muy bien parado del análisis: “Falta información sobre los títulos propios que la universidad manifiesta la intención de programar, por lo que, posiblemente (...) el número de estudiantes de enseñanzas de formación permanente supere el doble del número de estudiantes de enseñanzas oficiales”, algo que la normativa prohíbe. “Se desconoce el número de estudiantes que cursarán formación permanente y títulos propios. En consecuencia, se desconoce la plantilla de PDI (Personal Docente Investigador) que impartirá dichas enseñanzas”.
No le fue mejor con las instalaciones. Además de confirmar la impresión de que la idea es convertir el IEP en una universidad (comparten sede), “el espacio universitario se encuentra en un inmueble que alberga otras empresas y centros de negocios, y su régimen de alquiler no garantiza la estabilidad a largo plazo de la sede universitaria”. Además, “los espacios y las infraestructuras para llevar a cabo la actividad investigadora no quedan acreditados. Todos los laboratorios son virtuales”. Y rematan los técnicos: “La escasa entidad de la sede física no permite, en el medio plazo, el establecimiento con carácter permanente de espacios necesarios, como son despachos y seminarios o laboratorios”.
El análisis económico sigue la misma línea. “Se desconoce el coste que tendrán las enseñanzas para el alumnado”, empieza el informe. “Sorprenden por su escasa entidad las cifras destinadas a inversiones”, continúa.
Con estos mimbres, concluye el texto, “se constata, después de rehacer el proyecto inicial, que los promotores no tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad para la Universidad Abierta de Europa. Las numerosas lagunas y deficiencias de este determinan la propuesta de la Conferencia General de Política Universitaria de que emita un informe desfavorable al expediente de reconocimiento de la Universidad Abierta de Europa”.
Se desconoce el número de estudiantes que cursarán formación permanente y títulos propios. En consecuencia, se desconoce la plantilla de Personal Docente Investigador que impartirá dichas enseñanzas
Tras la lectura del informe, las comunidades presentes en la reunión emitieron su voto. De las 14 que lo hicieron, diez fueron negativos, entre ellos Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, y Baleares, todas ellas gobernadas por el PP. Llama la atención el caso de Andalucía, que no tuvo reparos en autorizar la creación de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) pese a tener hasta tres informes en contra por no ajustarse a la normativa (incluido el de esta misma CGPU).
La batalla por la calidad
Desde que aterrizara Manuel Castells al frente del ministerio (ahora también de Ciencia e Innovación, la pasada legislatura solo de Universidades), este departamento se ha embarcado en una batalla contra las pseudouniversidades con el objetivo de garantizar un mínimo de calidad en todos los centros, tantos los de nueva creación como los ya existentes. Siguió con la cruzada su sucesor, Joan Subirats, y ahora también la socialista Diana Morant. No se puede decir que vayan ganando.
Fuentes del ministerio de Castells explicaban en 2020 que tenían sobre la mesa propuesta de nuevas universidades con un capital social inicial de 3.000 euros. “Así no se puede hacer una universidad”, razonaban. La mirada se fijaba en las nuevas propuestas para universidades exclusivamente a distancia. Y Castells actualizó el Real Decreto de de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios
Con la nueva norma se endurecían las condiciones para tener la categoría de Universidad. El decreto del ministro buscaba que los centros fueran más que máquinas de expedir títulos, especialmente de máster que son más caros. Obliga a impartir un mínimo de grados de diferentes áreas, tres doctorados (son caros y muchas universidades no los ofrecen), a que la mayoría de su alumnado sea de grado y no de posgrado, a dedicar el 5% de su presupuesto a investigar (también es caro y no garantiza retorno) y otra serie de disposiciones para que “las universidades sean universidades”.
La consecuencia en caso de incumplimiento es perder la condición de universidad. En aquel momento solo 12 de las 81 universidades que existían cumplían todos los requisitos que exigía el nuevo RD, ninguna de ellas privada. Pero como la normativa afecta también a los campus ya existentes se les dio un periodo de cinco años para cumplir. Por esa rendija se están colando, aún hoy, proyectos que no llegan a los mínimos. Desde que se aprobó el texto se han aprobado varias universidades privadas –no se construye ninguna pública desde 1998– en diferentes regiones, entre ellas Galicia, Andalucía, Euskadi o Madrid.
La clave está, como ha sucedido en los casos de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) de Andalucía, que se aprobó con tres informes en contra, o esta última de Madrid si se confirma su validación por parte de la Asamblea, en que las competencias las tienen las comunidades autónomas. El preceptivo informe que realiza la Conferencia General de Política Universitaria del ministerio de cada propuesta de universidad es meramente consultivo, por lo que por muy demoledor que sea –como sucede en estos dos casos– se puede obviar. Está pasando.
En el ministerio son conscientes de los problemas que plantea este reparto competencial. La ministra Morant ha anunciado que va a endurecer el Real Decreto de creación de centros que ya endureció Castells. Pero ese texto, aún vigente, ni siquiera ha llegado a entrar en vigor desde el punto de vista de que todavía estamos en el periodo de moratoria que daba a los centros para adaptarse.
Queda por ver si en Universidades intentan que esos informes sean vinculantes y si es legal que lo hagan. También si, llegado el momento, se cierra alguna universidad que no cumpla con los requisitos mínimos que exige la ley, porque esta posibilidad ya estaba presente en la anterior normativa, pero nunca se ejecutó pese a que muchos campus no alcanzaban esos mínimos. Entre tanto, España está a punto de tener más universidades privadas que públicas: en el año 2000 el balance era de 50 estatales frente a 16 privadas. Hoy es de 50 por 46. Ya es solo cuestión de tiempo.
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