La norma que reformará la actual Ley del Aborto y que el Ministerio de Igualdad prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes ha vuelto a desatar fricciones en el seno del Gobierno. Algunas de las medidas contenidas en el borrador elaborado por el departamento dirigido por Irene Montero, varias referidas a la salud menstrual, están todavía negociándose con la parte socialista del Ejecutivo, que ha enfriado la posibilidad de que las bajas por reglas dolorosas, cuyos detalles siguen en discusión, o la reducción del IVA de los productos de higiene femenina, a la que se opone Hacienda, acaben formando parte del texto.
Varios ministros socialistas han mostrado reticencias a esta última cuestión, pensada para mujeres que sufren reglas incapacitantes. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, del que depende el reconocimiento de bajas laborales, ha matizado esta mañana que la medida está todavía “en discusión” entre los miembros del Gobierno. Escrivá ha asegurado que el Ejecutivo trabaja “internamente” en la norma y que el objetivo es “armonizar” dos elementos orientados a mejorar la situación de las mujeres: por un lado, su protección social y, por otro, impulsar su participación en el mercado laboral en “mejores condiciones”.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha ido un paso más allá al asegurar que el Gobierno “no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres” en relación a las bajas menstruales. “Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres”, ha reiterado Calviño.
El PSOE discrepa a las puertas de la aprobación
También la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha cuestionado la medida. “Las mujeres necesitamos investigación, diagnóstico y tratamientos adecuados para abordar los padecimientos asociados a nuestro aparato reproductivo. Asumir que la regla exige por sí misma una consideración especial puede ser poco útil y perjudicial”, ha expresado a través de Twitter.
Al cruce de declaraciones sobre la medida se ha sumado la vicepresidenta y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha mostrado favorable a la medida ya había recibido su beneplácito en la negociación del borrador: “Estoy completamente a favor. Yo creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro… Y lo que tenemos que garantizar desde las Administración que las normas no tengan impacto de género”, ha señalado en respuesta a las palabras de Calviño.
La propuesta de reforma de ley del aborto ha pasado este jueves por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios y se negocia contrarreloj en el seno del Gobierno. Fuentes del ala socialista aseguran que están trabajando “muy duro” para que esté lista para su aprobación en el Consejo de Ministros del martes.
Por su parte, los representantes de los sindicatos mayoritarios se han referido a esta cuestión en la misma línea que Unidas Podemos. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, consideran las bajas una medida, a priori, “positiva”, aunque han pedido concretarla en el marco del diálogo social. Ese extremo lo rechazan, no obstante, desde el Ministerio de Igualdad al considerar que no es un asunto que deban abordar los empresarios y sindicatos.
Tanto Álvarez como Sordo se han pronunciado después de que la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, cuestionara la iniciativa al señalar que no querían “estigmatizar otra vez a las mujeres” y que el asunto es “complejo”. La secretaria de Mujeres de CCOO, Carolina Vidal, por su parte, ha comentado que “la salud laboral de las mujeres es distinta” y, por tanto, ha visto bien la posible medida para aquellas por cuya “menstruación dolorosa les es penoso acudir al puesto de trabajo”.
Hacienda rechaza reducir el IVA
En lo que respecta a la eliminación del IVA de productos como los tampones y las compresas que figura en el borrador de Igualdad, fuentes de Hacienda se muestran reticentes. Argumentan que se trata de “una ley de extensión de derechos” como sería la reforma de la Ley del Aborto “no sería el método para abordar una rebaja fiscal”, que el departamento dirigido por María Jesús Montero se encuentra centrado “en la respuesta fiscal a los efectos de la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación” y que España arrastra “un problema de recaudación respecto al IVA” y la medida, que supondría reducir el impuesto del 10%, “le aleja de los socios europeos”.
No obstante, en el acuerdo programático de la coalición el compromiso es que el IVA de los productos de higiene íntima femenina se baje al 4%, lo que supondrían tan solo una merma de recaudación de unos 18 millones de euros, según los cálculos de Igualdad. Fue, además, defendida por todos los socios durante la tramitación de los pasados Presupuestos Generales del Estado, aunque finalmente no fue incluida en las cuentas públicas. El informe de los expertos para la reforma fiscal, publicado en marzo, también avalaba esta rebaja. El PSOE sí lo llegó a incluir en los presupuestos de 2019 tras el acuerdo presupuestario con Unidas Podemos. María Jesús Montero defendió entonces que el impacto de género en la compra de estos productos de primera necesidad es evidente, pero aquellas cuentas decayeron.