El Parlament balear ha aprobado este martes la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, gracias a la iniciativa la mayoría de izquierdas de la Cámara autonómica (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Podemos, Més per Menorca y Gent per Formentera), apoyada también por el PI. Entre otras medidas, incluye multas de hasta 150.000 euros para quienes se nieguen a retirar escudos, insignias, esculturas, placas y otros elementos que enaltezcan el franquismo.
El régimen sancionador afectará a los responsables de espacios públicos o privados cuyos espacios tengan una proyección pública. Laura Camargo, diputada de Podem y una de las cuatro políticas encargadas de elaborar esta ley, pone como ejemplo un parque de atracciones ubicado en Menorca, que tiene en una gran águila de piedra cerca de la entrada. Aunque este espacio sea privado, está abierto al público, por lo que estaría sujeto a posibles multas si no retira el águila.
Baleares sigue el camino marcado por Andalucía, que en 2016 aprobó una normativa que estipula el mismo régimen sancionador. La ley balear recoge tres tipos de sanciones: leves, de entre 200 y 2.000 euros (por ejemplo, impedir que el público acceda a espacios memorialísticos); graves, de entre 2.000 y 10.000 euros (por ejemplo, exhibir simbología franquista); y muy graves, de entre 100.000 y 150.000 euros (por ejemplo, dañar espacios memorialísticos o incumplir la orden de retirada de simbología franquista).
Esta nueva normativa podría afectar al monumento franquista más importante de las islas: el dedicado al Crucero Baleares y conocido popularmente como 'Sa Feixina'. Pese a la voluntad del Ayuntamiento de Palma de retirar el monolito, el derribo se encuentra paralizado en los tribunales. Años atrás fue retirada toda la simbología franquista que tenía, pero las asociaciones memorialísticas denuncian que sigue siendo el mayor monumento fascista del archipiélago.
Espacios e itinerarios de la memoria
En el archipiélago también existirá un censo de símbolos franquistas y un censo de los llamados “espacios e itinerarios de la memoria”, es decir, lugares memorialísticos, como un museo o un muro en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El objetivo es que las administraciones públicas tengan constancia de dónde están ubicados los espacios memorialísticos para impedir que se retiren o destruyan. Y, en el caso de que esto ocurra, proceder a su reparación.
Estos espacios e itinerarios de la memoria servirán para dar a conocer la historia de represión y persecución tras el golpe militar. Camargo explica que, por ejemplo, existe un campo de concentración en Formentera que querrían convertir en un museo. Ciudadanos y el PP se oponen a la denominación de “itinerarios de la memoria”: creen que no deben existir estas rutas, presentes en países como Alemania. Los dos partidos han votado a favor de la mayoría de los artículos de la ley balear, pero no a favor de estos espacios ni del régimen sancionador.
La ley también incluye como objetivo el conocimiento y la difusión de la historia de Baleares desde la Segunda República hasta el Estatut de 1983. La Conselleria de Educació tendrá que promover contenidos y actividades sobre memoria histórica en la ESO, en Bachillerato y en Educación para adultos. En esta línea, la normativa contempla la conservación y recuperación del patrimonio documental y bibliográfico para ponerlos al conocimiento de la ciudadanía.
Censo de víctimas
El archipiélago también contará con un censo de víctimas, que no existe todavía a nivel estatal. “Será un registro oficial de todas las personas que puedan ser consideradas víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, explica Camargo. El censo explicará el tipo de represión que sufrió cada persona. Como sucede en la ley de fosas de Baleares, aprobada por unanimidad en 2016, serán consideradas víctimas tanto los republicanos como los franquistas.
Camargo defiende que esta “concesión” no debe “desvirtuar el espíritu de la ley”: “No queremos equidistancia entre víctimas y verdugos. A pesar de alguna mínima concesión que se ha hecho por el espíritu de consenso, queremos poner en valor que las víctimas reales fueron las que sufrieron toda la represión sistemática producto de un golpe de estado contra un régimen democrático”.
Anulación de distinciones y de los juicios
Un día después de que se hiciera público que Carmen Martínez-Bordiú ha reclamado el título de Duque de Franco y Grande de España que ostentaba su madre, la ley balear establece que su abuelo se quedará sin todos los nombramientos que recibió durante la dictadura, como la medalla de oros y diamantes que le otorgó la extinta Diputación de Mallorca. Gracias a la nueva normativa, se anularán todas las distinciones, títulos, nombramientos y honores concedidos a los sustentadores del régimen golpista.
La aprobación de la ley balear se produce una semana después de que PP, PSOE y Ciudadanos tumbaran la reforma de la Ley de Amnistía que pretendía juzgar los crímenes franquistas. Para Camargo, la normativa balear “pone de manifiesto las reclamaciones de las asociaciones memorialísticas, bajo los ejes de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
En esta línea, la ley establece la declaración de ilegalidad de los tribunales y procedimientos instruidos en la Guerra Civil y la dictadura. Supondría la nulidad de todas las sentencias y causas de carácter administrativo, penal y civil, siguiendo la ley aprobada en Catalunya en 2017. Gracias a ello, el juicio de Emili Darder, el último alcalde republicano de Palma, podría ser anulado.